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¿Qué hace el Gobierno para paliar los graves efectos del desempleo sobre la salud?

Lun, 15/10/2012 - 12:20
PEDRO J. LINARES* y FERNANDO RODRIGO
Dossier

La actual crisis económica y las políticas neoliberales impuestas por los distintos gobiernos han generado millones de parados y provocado un incremento de la pobreza en España que golpea con más dureza a la población con menores ingresos y agudiza la exclusión y la desigualdad social. La desigualdad social y la pérdida de salud forman parte de un verdadero círculo vicioso; sin embargo, el Gobierno no adopta ninguna medida para paliar los graves efectos del desempleo sobre la salud de las personas.

En la actual crisis, los niveles de desempleo, pobreza y exclusión social están incrementándose de manera alarmante, a la vez que las políticas de restricción presupuestaria están afectando a las políticas sociales con mayor capacidad redistributiva. El impacto social de la crisis supone el debilitamiento del Estado del bienestar y el incremento de las desigualdades, también en términos de salud, y España es uno de los países en los que se ha producido un mayor incremento de población en riesgo de exclusión y pobreza, superando el 25% de la población.

Las políticas aplicadas, especialmente las del Gobierno Rajoy, están debilitando de manera considerable los mecanismos de protección social. En protección al desempleo, la tasa de cobertura no hace más que disminuir, lo que provoca el incremento de la desprotección social a un número mayor de personas. Las últimas medidas relacionadas con el plan PREPARA, además, restringen el acceso de colectivos vulnerables como los jóvenes.

En relación con las políticas sanitarias, la contrarreforma del Partido Popular nos retrotrae tres décadas y nos devuelve a un sistema de seguro con numerosos copagos. Sistema que excluye a los sectores más débiles y vulnerables de la población: inmigrantes sin papeles, personas en desempleo que no hayan cotizado, entre otros. De la misma manera, el repago de los medicamentos se convierte en un nuevo impuesto a la enfermedad, especialmente gravoso para pensionistas y jubilados.

Simultáneamente se procede a una disminución del gasto sanitario, reduciendo la cartera de servicios, y a un recorte del personal y de los recursos. Disminución del gasto que también se produce en la educación, en la protección social de las personas sin rentas y en la atención a la dependencia. Pendiendo la espada de Damocles sobre las pensiones, próxima pieza a cobrarse por las políticas neoliberales que hoy imperan en España y Europa. Políticas públicas todas ellas fundamentales para aminorar los problemas de salud "inmediatos y de largo plazo" de la población más débil y vulnerable. Los efectos sobre la salud de las personas paradas son más o menos graves en función del nivel de protección social, de la fortaleza y prestaciones del Estado de bienestar. Si sabemos que la crisis y el desempleo agudizan los problemas de salud, especialmente la salud mental, y no incrementamos los recursos sanitarios en las áreas más afectadas, la capacidad de atender el aumento de demanda disminuye y se pierde calidad de atención.

La política debería ser la de fortalecer los dispositivos sanitarios en las zonas más afectadas por el desempleo, incrementando las unidades de salud mental y otras. Una política dirigida a proteger a las personas haría necesario extender y aumentar las prestaciones y subsidios de desempleo para las personas paradas -cada vez son más los desempleados de larga duración sin cobertura-, y cubrir suficientemente las políticas de sustitución de rentas a la vez que se potencian las políticas activas de empleo. El Estado debe fortalecer los mecanismos institucionales y presupuestarios para combatir la pobreza y la exclusión social, entre ellos las llamadas rentas de inserción social.

Comisiones Obreras viene demandando que en todos los expedientes de regulación y extinción de empleo se contemplen los efectos sobre la salud de las personas afectadas y de las que quedan trabajando y que se diseñen los planes de prevención que palien los efectos más graves.

En definitiva se trata de desarrollar un conjunto de políticas públicas que aminoren los efectos de la crisis y del desempleo sobre la salud de las personas, tanto de las directamente afectadas como de sus familias, fortaleciendo la protección social, el Estado de bienestar y las redes sociales de la solidaridad. 

Pedro J. Linares es secretario de Salud Laboral de la Confederación Sindical de CCOO.