Plataformas de precariedad: la ‘uberización’ del trabajo va más allá de los riders

Los repartidores son la cara más visible de los abusos laborales que ha traído consigo la economía gig, pero son también un modelo en la lucha por amortiguar los impactos negativos de las plataformas

LAURA VILLADIEGO

Con sus vistosas mochilas cuadradas y montados en patinetes, moto o bicicletas, los repartidores de comida y paquetes, más conocidos como riders, son una estampa cada vez más habitual en las calles, sobre todo en grandes ciudades. Son también la cara más visible de la llamada economía gig, un modelo que ha visto su auge durante los últimos años gracias a la expansión de las plataformas digitales y en el que la relación laboral y contractual entre empresas, trabajadores y consumidores se caracteriza por la brevedad y la informalidad. 

Esa informalidad se vendió como oportunidad, pero en la mayoría de los casos se ha traducido en condiciones laborales precarias, explica Carmen Juares, secretaria de Noves Realitats del Treball i ESS de Comisiones Obreras de Catalunya. “Son empresas que se venden como innovadoras, modernas, de economía colaborativa, pero que detrás esconden mucha, mucha precariedad. Son condiciones laborales de hace un siglo”, asegura. “Han utilizado los avances en temas de digitalización para poder precarizar aún más las condiciones laborales y para poder esclavizarnos directamente”, continúa

Los riders no son los únicos. La llamada ‘economía colaborativa’, un término cada vez más disputado, ha llevado a abrir aplicaciones para prácticamente todo tipo de profesiones: desde psicólogos, a personal de limpieza, profesores e incluso abogados. 

Pero el caso de los repartidores de comida y paquetes ha sido uno de los más extremos, explica Mònica Pérez, responsable de Salud Laboral de CCOO Catalunya. “Se apuntaban como autónomos o autónomas a una plataforma y se iniciaba una relación que era toda telemática por medio de digitalización”, explica Pérez sobre las condiciones que predominaron en el sector desde la aparición de plataformas como Just Eat, Glovo o Uber Eats hasta el cambio de la legislación en 2021.  

Como en muchos otros sectores digitalizados, la base de esa relación son los algoritmos, pero con la particularidad, en el caso de los riders, de que la información que utilizan para el cálculo se la proporciona el cliente, no la empresa. “Quien puntúa lo hace desde la subjetividad y no tiene en cuenta si, por ejemplo, llueve a cántaros o si se ha estropeado la bici”, explica Pérez. “El algoritmo luego utiliza eso de manera que o no les daban pedidos o directamente les desconectaban de la plataforma sin explicación”, continúa. 

Además, a pesar de que la relación con la empresa era continúa y a menudo trabajaban para una única plataforma, su laboralidad no estaba reconocida. “Eran falsos autónomos, y al autónomo en este país no le aplica la ley de prevención”, asegura Pérez. Esa falta de reconocimiento hacía que no se respetaran algunos derechos básicos de los repartidores: no se les permitía el acceso al centro de trabajo, y por tanto, no tenían un lugar donde ir al baño, poder descansar o resguardarse de las malas condiciones climatológicas, explica Pérez. 

Una nueva legislación

La situación de precariedad de los repartidores llevó a acelerar el diálogo social para mejorar sus condiciones. Así, en marzo de 2021, el gobierno llegó a un acuerdo con sindicatos y patronal para la aprobación de una disposición adicional en el Estatuto de los Trabajadores, que ha obligado a las plataformas digitales a contratar como asalariados a sus repartidores y a ofrecer una mayor transparencia sobre sus algoritmos. 

Esa disposición, conocida como Ley Rider, entró en vigor en agosto de 2021 y también reconocía el derecho de la representación legal de los trabajadores a ser informada de “las reglas que encierran los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial que pueden incidir en las condiciones laborales por las que se rigen las plataformas, incluyendo el acceso y mantenimiento del empleo y la elaboración de perfiles”, según una nota del gobierno.

El acuerdo seguía una sentencia del Tribunal Supremo de septiembre de 2020 en la que se  reconocía la presunción de laboralidad de un trabajador de Glovo. “Glovo no es una mera intermediaria en la contratación de servicios entre comercios y repartidores. Es una empresa que presta servicios de recadería y mensajería fijando las condiciones esenciales para la prestación de dicho servicio”, aseguraba la nota publicada por el Alto Tribunal.

Sin embargo, no ha sido el único logro que se ha conseguido gracias a la acción sindical, explica Carmen Juares. “Se han conseguido contrataciones directas y que se les dé algunos servicios básicos, como acceso a un baño, a una sala para comer o a un sitio donde cargar los patinetes”, asegura Juares. Mónica Pérez destaca la labor de sensibilización y asesoramiento que se ha hecho con los y las repartidoras. “Hemos hecho desde talleres y seminarios para informarles de sus derechos laborales, de lo que es un falso autónomo, o del interés en organizarse para conseguir mejoras y ser contratados, entre otros”, explica. 

En diciembre de 2021, JustEat se convirtió además en la primera gran compañía del ‘delivery’ en España en crear un convenio de empresa para mejorar las condiciones laborales de sus repartidores y empezar a incorporarlos directamente a su plantilla. Ese acuerdo, explica Juares, llegó unos meses después de una denuncia interpuesta por CCOO de Catalunya ante la Inspección de trabajo, que se resolvió en abril de 2022 con una multa de 187.515 euros a JustEat por la cesión “ilegal” de 183 repartidores y de otros 62.503 euros a la subcontrata implicada, Fleet Delivery Solutions S.L. La sentencia reconoce además que los trabajadores “se ven perjudicados dado que se les aplica un convenio colectivo inferior al que les correspondería si fueran contratados directamente por Just Eat”.

Otro hito más reciente ha sido la celebración de las primeras elecciones sindicales en la filial de supermercados de Glovo – Glovo Groceries, en las que Comisiones Obreras obtuvo un total de 10 representantes, mientras que UGT consiguió los 3 restantes.  

Hecha la ley, hecha la trampa

La ley Rider supuso un cambio en las reglas del juego que no todos aceptaron. Deliveroo, hasta entonces una de las mayores plataformas de reparto en España, anunció que se marchaba del país. 

Glovo, por su parte, cambió su plataforma días antes de la entrada en vigor de la ley y puso un multiplicador para dar a elegir al repartidor cuánto quería cobrar por el servicio. Además, según la empresa, los repartidores pueden ahora elegir las horas en las que quieren trabajar, por lo que la empresa defiende que los repartidores siguen siendo autónomos. 

La trampa estaba, de nuevo, en el algoritmo, explica Juares. “Los que ponen el multiplicador más caro y piden cobrar más, no reciben pedidos. Los que ponen el más bajo sí, porque son los más baratos”, explica Juares. Además, aquellos que “no se conectan a las horas de alta demanda, nunca reciben pedidos”. “Usan el algoritmo para controlar a los trabajadores”, añade. 

Otra de las tendencias que han observado tras la aprobación de la Ley Rider es que las empresas están contratando indirectamente a los trabajadores a través de empresas de trabajo temporal (ETTs) o multiservicios. Y en algunos casos, explica Mónica Pérez, la empresa multiservicios contratada por la plataforma recurría a ETTs para encontrar a los repartidores. “Eso es absolutamente ilegal porque en España, entre la empresa usuaria final y la ETT no puede haber un intermediario. No son autónomos, pero es ilegal”, explica. Y Juares añade: “Siguen haciendo estas contrataciones que desde el sindicato consideramos que son fraudulentas y por eso tenemos denuncias puestas ante la Inspección de Trabajo para estas empresas, porque lo que están haciendo es incumpliendo la ley”. 

Aún queda mucho trabajo por hacer, aseguran, no sólo en el sector del reparto, sino en el resto de sectores que se han visto afectados por la irrupción de estas plataformas. “Hay plataformas en todos los sectores y lo que tienen en común es que no es que sean innovadoras de economía colaborativa y social. Lo que tienen en común es que son explotadoras”, concluye Juares. 

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