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No puedes ver cuando no quieres mirar

Dom, 15/01/2017 - 12:19
SALVADOR MONCADA Y VICENTE LÓPEZ
Dossier

La salud laboral se ha venido entendiendo como los problemas de salud que pueden padecer trabajadores y trabajadoras como consecuencia de la exposición en el trabajo a “factores de riesgo” (sobre todo, de “seguridad”) que pueden dañar la salud, ignorando que la organización del trabajo, las relaciones de empleo y las prácticas de gestión de la mano de obra que de ellas se derivan, determinan en gran medida la existencia de estas exposiciones en los puestos de trabajo. Desde esta perspectiva, se concibe la resolución de los problemas de salud laboral como una cuestión “técnica” que debe resolverse a través de sistemas de “gestión de riesgos” en base a criterios determinados por “expertos”, y se considera que la observación de algunos daños (lesiones por accidentes, algunas enfermedades…) que estas exposiciones pueden provocar en la población trabajadora es la forma de conocer los problemas en los centros de trabajo y su evolución. Bajo esta visión, se obvia que los datos que se generan sobre los daños a la salud están en función de cómo se resuelve el conflicto social entre capital y trabajo.

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En realidad, la información sobre los daños a la salud es el resultado de un consenso sobre lo que es o no aceptable en un modelo de relaciones laborales y con unas prácticas de gestión de la mano de obra en un momento histórico determinado, y no es, en absoluto, una información neutra, veraz o científica sobre el estado de salud de la población trabajadora. Quizás hemos cometido el error estratégico de convertir los comunicados de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en una fuente de información de referencia que guía las políticas en materia preventiva. Se ha llegado a concluir que una reducción de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales registrados es sinónimo del buen funcionamiento de nuestro sistema de seguridad y salud en el trabajo, cuando en realidad los accidentes y las enfermedades laborales que se observan son solo el resultado de un conflicto que los trabajadores y trabajadoras pretenden visibilizar y las empresas ocultar. Se miran algunos de los efectos, no todos, pero ¿qué hay de sus causas?

Para poner en cuestión este sistema basta poner a prueba los datos de accidentes y enfermedades profesionales en la última década: según esta visión, una reducción de los accidentes y las enfermedades indicaría una mejora en las condiciones de trabajo, en las prácticas de gestión de la mano de obra. Pero es obvio que esa mejora no se ha producido, sino todo lo contrario, la precarización del mercado laboral ha continuado aumentando. Algo falla en ese modelo, ¿por qué no se observa un deterioro en la salud de los trabajadores y trabajadoras cuando han empeorado las condiciones de trabajo?

Básicamente, el error consiste en considerar el registro de accidentes y enfermedades profesionales como una fuente neutral de información, como un dato exógeno o una variable independiente cuando es precisamente lo contrario, una consecuencia del propio conflicto social: lo que se considera o no enfermedad profesional es fruto de decisiones políticas, no científicas; los intereses económicos relacionados con la gestión del propio sistema incentivan el no reconocimiento del daño; la propia nota registral, el comunicado de accidente o enfermedad, presenta serios problemas de validez y fiabilidad y no está orientada a la prevención; las dificultades en el ejercicio de los derechos por parte de los trabajadores y trabajadoras, junto con la falta de información y formación, ponen trabas al proceso de reconocimiento del daño... De hecho, nos atreveríamos a decir que el registro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales muestra solamente los daños explícitos “permitidos” por un sistema que desincentiva precisamente su detección y registro. Incluso, siguiendo esta lógica, podríamos concluir que un aumento del registro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, en cierta forma, nos muestra un cierto éxito de visibilización (por ejemplo como consecuencia de la acción sindical en las empresas en salud laboral, o una política más decidida desde la Administración por su detección).

En conclusión, un registro “no neutral” no puede ser nunca la única fuente de información y conocimiento de los daños a la salud, y menos todavía la fuente de información sobre sus causas; causas sobre las que, precisamente, hay que actuar para evitar esos daños.

En teoría, hay quien dice que esto ya es así. También existen otras fuentes de información, como la encuesta de población activa, las de condiciones de trabajo (véase el Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo) y las encuestas de salud, que aportan información sobre condiciones de empleo y de trabajo y estado de salud. Sin embargo, no existe un marco estratégico conjunto ni se ha determinado el conjunto de indicadores necesarios clave, y cada fuente es diseñada y gestionada de forma aislada por la institución que ostenta su titularidad, generando notables incompatibilidades e ineficiencias, con el resultado de que nadie parece atender ni entender las necesidades de los usuarios de la información: los agentes sociales y los profesionales de la prevención, además de las distintas Administraciones implicadas; en un país que ya hace años decidió eliminar la ocupación de los registros de mortalidad y en el que la continuidad de las encuestas de condiciones de trabajo parece amenazada en la actualidad.

Mirando hacia el futuro

Para avanzar hacia un sistema de información para la prevención que satisfaga las necesidades de los usuarios es necesaria, pero no suficiente, la mejora de instrumentos existentes como el registro de accidentes laborales y enfermedades profesionales. En el primer caso es imprescindible resolver cuestiones tan importantes como la poca validez y fiabilidad de variables clave como la gravedad y las relacionadas con la producción del accidente y la lesión, además de mejorar el proceso de notificación, codificación y registro. En el segundo es imprescindible acabar con el subregistro de enfermedades profesionales y utilizar además para este fin otras fuentes de información sanitaria como los registros de tumores. Pero, sobre todo, es necesaria una nueva apuesta política, estratégica, planificada, que cambie la mirada hacia los determinantes y las causas de accidentes y enfermedades y obligue a las diferentes Administraciones a colaborar de manera efectiva poniendo por delante los intereses de la ciudadanía a los de la titularidad sobre las fuentes. Un sistema de información que sirva realmente para la prevención, y que incluya por tanto indicadores de condiciones de empleo y de trabajo y de prácticas de gestión laboral en las empresas (contratación y calidad de la ocupación, jornada…), de exposición a riesgos (químicos, físicos, psicosociales, de seguridad…), de gestión de la prevención (recursos, delegados y delegadas de prevención, comités de seguridad y salud…), de actividades preventivas (evaluaciones de riesgos, intervenciones…), y de actividades de vigilancia (inspección, demandas, sentencias…), y no solamente a visualizar una parte de los daños relacionados con el trabajo.

El resultado debe ser la construcción de un sistema de información integrado, que no quiere decir único ni centralizado, sino planificado y accesible; un sistema útil para que todos los agentes de la salud laboral puedan conocer qué pasa para poder analizar con qué se relaciona y así poder tomar las mejores decisiones para resolver los problemas a los distintos niveles (estado, comunidades autónomas, empresas…); un sistema que mire a lo que necesitamos y queremos ver.