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Más crisis, más precariedad para los jóvenes

Vie, 15/07/2016 - 12:20
AMAT SÁNCHEZ* Y VICENTE LÓPEZ
Dossier

Los jóvenes constituyen un segmento débil en cuanto a poder social de negociación dentro de la población trabajadora, lo que les hace potenciales candidatos a las prácticas empresariales de gestión de la mano de obra más precarizadoras y también más autoritarias. Esta situación de precariedad ha empeorado significativamente con la crisis.

Cuando hablamos de jóvenes no consideramos solo una referencia biológica, sino, sobre todo, una referencia social. Dado que los jóvenes muestran indicadores de larga permanencia en el hogar de origen e importantes dificultades para alcanzar una integración estable en el mercado laboral, puede afirmarse que las fronteras de edad que definen la juventud se alargan y llegan ya a los 30 e incluso a los 35 años. Esta perspectiva más amplia nos permite captar no solo las situaciones de inserción inicial en el mercado de trabajo, sino las de una transición profesional más o menos larga.

La vulnerabilidad no es idéntica para todos los jóvenes, ya que variables como el origen social o la formación inciden también en trayectorias laborales bien distintas. Trayectorias que pueden ser de éxito precoz, con una rápida inserción en empleos de calidad (frecuentes, en el pasado, en los jóvenes con formación universitaria, pero cada vez más escasos), de aproximación sucesiva a dicha situación, de inserción precaria (marcada por la inestabilidad del empleo) e incluso itinerarios desestructurados que conducen a situaciones de marginalidad.

La situación laboral de los jóvenes ya era claramente precaria e intensamente vulnerable antes de la crisis y en los primeros momentos de esta. La Encuesta de Riesgos Psicosociales de 2010 realizada por ISTAS nos permitió analizar la gestión de la mano de obra en las empresas españolas y determinar algunas especificidades que afectaban a los jóvenes. La situación de empleo de los jóvenes, resultado de las políticas de contratación de las empresas, estaba claramente sesgada hacia las formas de contratación temporal. La temporalidad, en aquellos momentos, se situaba, de acuerdo con los datos de esta encuesta, en un 21%, mientras que entre los jóvenes alcanzaba tasas superiores al 30 e incluso al 40%, en el caso de los de menor edad. Más aún, todas las formas precarias de contratación (autónomos dependientes, sin contrato…) tenían una incidencia diferencial significativa entre los jóvenes. Las formas precarias afectaban a un 36% de los trabajadores, pero su incidencia superaba el 57% entre los más jóvenes y solo a partir de los 35 años la precariedad laboral caía de forma sustancial. Todo ello se veía agravado por su mayor dificultad para consolidar su empleo en la empresa, limitando su promoción profesional.

Temporalidad y jornada

Esta situación de precariedad ha empeorado significativamente con la crisis, llegando a alcanzar en la actualidad niveles absolutamente escalofriantes. Atendiendo solo a una de sus formas más relevantes, la temporalidad, los datos son muy contundentes. Si en 2008, al inicio de la crisis, la tasa de temporalidad entre los menores de 30 años era del 48,6% (frente a un 23,8% de los mayores de 30), en 2016 ha alcanzado un 54%. Una cifra que no solo es preocupante por sí misma, sino que lo es más todavía si tenemos en cuenta que entre los mayores de 30 años la tasa de temporalidad actual es menor que al inicio de la crisis (por la mayor destrucción de empleos temporales), mientras que entre los jóvenes ha aumentado. Tendencia que muestra bien a las claras cómo las prácticas empresariales de gestión precarizadora se han intensificado sobre los jóvenes, aprovechando el deterioro que ha sufrido su poder de negociación como efecto de la crisis y del espectacular aumento del paro entre los mismos.

Por otro lado, los jóvenes ya estaban más afectados que el resto de edades por la jornada parcial. Mientras que, según la citada encuesta, esta afectaba a un 19% del total de trabajadores, entre los más jóvenes alcanzaba el 24%. Estas prácticas empresariales de gestión precarizadora a través de los contratos a tiempo parcial (frecuentemente no justificados por la actividad que se desarrolla y que incluso ocultan jornadas reales de mayor duración) también se han intensificado espectacularmente durante la crisis y han afectado con mayor virulencia a los trabajadores más jóvenes. La tasa de parcialidad ha crecido en el conjunto de los trabajadores, pero mientras que en los mayores de 30 años lo ha hecho moderadamente (ha pasado del 10,7% en 2008 al 13,8% en 2016), entre los menores de 30 años era del 15,6% y en 2016 alcanza el 28,6%, es decir, casi se ha duplicado. En el caso de las mujeres jóvenes, esta tasa se sitúa en un 35,1%, de forma que el empleo a tiempo parcial ya es entre ellas una situación habitual, más que una excepción. Además, las prácticas empresariales de gestión de la jornada laboral encuentran en los jóvenes un colectivo preferente para los esquemas horarios (diarios o semanales) menos apetecidos para los trabajadores, sobre todo aquellos que se podrían calificar de penosos o incluso asociales, y son también los más afectados por la flexibilidad de la jornada en función de las necesidades de la empresa (cambios del horario habitual, horas extraordinarias).

Salarios más bajos

Por otro lado, la política salarial de las empresas se traduce en niveles de remuneración diferenciados para distintos grupos de trabajadores. Ya en el año 2010 los jóvenes se situaban por encima de la media en el tramo de salarios más bajos y la influencia del convenio en la determinación de sus salarios era inferior, así que en menor proporción su salario les permitía cubrir las necesidades básicas cotidianas. Esta situación ha empeorado claramente con la crisis. Si al inicio de esta, en 2008, el 55,4% de los más jóvenes se encontraba en el tercio inferior de las retribuciones salariales (y un 39% en los dos deciles inferiores), en 2014 esta cifra había aumentado espectacularmente hasta el 67,7% y el 52,9%, respectivamente. En términos absolutos, esto significa que dos tercios de los trabajadores más jóvenes (hasta los 24 años) no superan los 1.100 euros mensuales de ingresos salariales y más de un 50% no pasa de los 820 euros. La situación, aunque no tan negativa, también ha empeorado en el segmento entre 25 y 34 años, que han pasado de concentrar en el tercio inferior un 29,5% a un 35,7%. Peores salarios, por tanto, no solo en términos absolutos (resultado de la crisis y de la devaluación salarial impuesta al conjunto de trabajadores), sino sobre todo en términos relativos, ya que los jóvenes han aumentado más que significativamente su presencia entre los trabajadores peor pagados y, en particular, entre los trabajadores pobres. La concentración de los jóvenes en sectores y ocupaciones de salarios bajos explica en parte su negativa posición salarial, pero también existe una gestión empresarial específica para ellos en materia salarial que contribuye a dicha posición.

Amenaza de despido y control

Un elemento fundamental de estas prácticas empresariales de gestión de la mano de obra es conseguir un control eficaz sobre la fuerza de trabajo, que busca obtener una mayor productividad y más disponibilidad de los trabajadores así como contener sus demandas salariales. Las políticas de control más simples se basan en última instancia en la amenaza de despido, se caracterizan por la discrecionalidad y el autoritarismo y, tal como mostraba la Encuesta de Riesgos Psicosociales, afectan a una parte relevante de los trabajadores y más aún a los jóvenes. Son, así, los más jóvenes quienes con más frecuencia señalan que no pueden reclamar mejoras laborales sin exponerse a represalias de la empresa. Por el contrario, son también quienes menos son consultados por la empresa y menos aún participan en sus decisiones, por lo que la gestión empresarial de la mano de obra en su caso se decanta claramente hacia el control simple y no hacia el fomento de la autonomía y la participación.

Estos aspectos se encuentran estrechamente relacionados con el hecho de que los jóvenes tienen una menor posibilidad efectiva de ejercer sus derechos laborales y una menor incidencia del marco regulador (incluido el convenio colectivo) sobre sus condiciones laborales (salario, jornada, descansos, vacaciones…), lo que evidencia una realidad laboral en la que los derechos formales presentan dificultades para hacerse efectivos y en la que su posición es particularmente débil.

Esta tendencia a precarizar el trabajo de los jóvenes ya venía de lejos, pero se ha intensificado con la crisis debilitando todavía más a jóvenes y otros colectivos laboralmente vulnerables. Modificar significativamente estas prácticas empresariales, además de necesario, es posible y para ello resultan imprescindibles modificaciones sustanciales de la actual legislación laboral y una acción sindical más intensa y efectiva.

*Amat Sánchez es profesor titular del Departament d'Economia Aplicada de la Universitat de València.