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Los trabajadores han de participar en la selección de la mutua

Lun, 15/07/2013 - 12:20
JAIME GONZÁLEZ
Dossier

Desde 2001 se plantea de forma recurrente la necesidad de una reforma del régimen que regula la actuación de las mutuas. Ahora, el Partido Popular anuncia un nuevo marco normativo de mutuas en el tiempo máximo de un año. Los plazos, como es costumbre en el gobierno actual, se han incumplido con creces. Ya estamos en julio de 2013 y aún no se ha convocado a los agentes sociales para dialogar sobre este tema.

Se trata de una reforma que tendrá graves consecuencias para los trabajadores si no es consensuada con los agentes sociales, pero tampoco sería extraño que finalmente el gobierno regulase este aspecto tan controvertido vía "decretazo". Desde CCOO mantenemos nuestras reivindicaciones al respecto:

1. Las mutuas forman parte del Sistema Nacional de Salud y sus recursos provienen de las aportaciones de cuotas de las personas que trabajan, sea por detracción de su salario, sea por aporte del empleador por los trabajadores asalariados que tiene. Por tanto, la actuación de las mutuas no solo debe estar tutelada y controlada por la Administración, sino que además requiere una intervención directa del Cuerpo de Interventores Generales de la Seguridad Social. Las experiencias han demostrado que una actuación a posteriori ha detectado actuaciones “no conformes” que por el paso del tiempo han prescrito, con los consiguientes perjuicios económicos para los ingresos públicos.

2. La parte del presupuesto que las mutuas gestionan correspondiente a lo que la Tesorería General de la Seguridad Social les deriva de las cuotas, requiere el mismo tratamiento contable, administrativo y fiscal que cualquier otro montante de dinero público.

3. Las mutuas han de dotar de transparencia a toda la gestión que realizan del dinero público de las cuotas. No debiendo existir en ningún momento retribuciones a altos cargos o colaboradores por encima de las que correspondería a un funcionario público en análogas responsabilidades en la Seguridad Social.

4. Las mutuas han de respetar la labor profesional de los sistemas públicos de salud y no realizar injerencias en cuanto a sus decisiones de baja y tratamientos. Articulándose los correspondientes procedimientos de coordinación para la mejora de pruebas diagnósticas y tratamientos, para un uso eficaz de los recursos públicos.

5. La financiación por cuotas depende de las aportaciones del empleador y del empleado, es indudable por tanto que la parte empleadora como los trabajadores y trabajadoras han de codecidir qué mutua presta el servicio para la empresa y qué tipo de adhesiones es necesario. De este modo existirá un mayor celo en la calidad del servicio prestado por la mutua.

6. Los usuarios de las mutuas deben conocer explícitamente los derechos que les asisten y las obligaciones que les corresponden. De tal modo que en cada mutua exista un órgano participado por la representación de la dirección y los trabajadores y trabajadoras usuarios para dirimir en las reclamaciones y conflictos.

7. Los empleados en las mutuas tienen que tener seguridad jurídica en el ámbito de aplicación de su relación contractual, conociendo de antemano si a su situación se le aplican los criterios de lo público o de lo privado. Todo ello completado con un código deontológico que garantice su independencia en la aplicación de los criterios profesionales y la seguridad de no ser penalizados por el justo ejercicio de su actividad. Para cerrar el círculo de la reparación (asistencia sanitaria y prestaciones) es imprescindible que las mutuas no pierdan la actividad preventiva que evita la aparición de los daños; esta ha de estar centrada en los sectores con más dificultad en medios para garantizar la seguridad y salud en el trabajo, es decir, en PYME, microempresas y trabajadores autónomos.

* Jaime González es responsable de mutuas de la Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO.