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Las organizaciones dan la batalla en la opinión pública

Sáb, 15/10/2016 - 12:19
BERTA CHULVI
Dossier

La reciente polémica sobre el glifosato ha mostrado que se desarrolla una batalla sin precedentes en el terreno de la opinión pública: mientras las organizaciones ecologistas se esfuerzan por demostrar la peligrosidad de los plaguicidas, desde la Unión Europea se emiten mensajes contradictorios con autoridades sanitarias internacionales. El debate está servido y va a dar mucho de sí.

José María Ordóñez, presidente de la Sociedad Española de Sanidad Ambiental, uno de los salubristas que más puentes tiende con las organizaciones ecologistas, considera que un horizonte “pesticidas cero” no es posible: “Necesitamos de esos recursos para luchar contra ciertas amenazas de plagas en los entornos urbanos y también para luchar contra virus muy dañinos, como el Zika, que se transmiten a través de los insectos. Desde una perspectiva de la salud pública es impensable prescindir de los plaguicidas”. Dicho esto, Ordóñez se manifiesta partidario de avanzar en el control integrado de plagas y en un modelo agroecológico que garantice al máximo una alimentación sana. Ordóñez plantea que la Unión Europea está haciendo un trabajo importante en cuanto a la prohibición de las sustancias más peligrosas para la salud humana: “Todos los principios activos en los que se sustentan tanto los fitosanitarios como los biocidas, están sometidos a revisión en la Unión Europea, y ese es un trabajo muy importante”. Como muestra de que se está haciendo un trabajo serio, Ordóñez ofrece un dato: “Más del 60% de los principios activos que estaban en el mercado en los años 80 han sido retirados porque no cumplen los requisitos que establece la legislación”. José María Ordóñez plantea que la legislación de la Unión Europea es la más restrictiva a nivel mundial en cuanto a la utilización de plaguicidas y justifica en ello la oposición al TTIP: “Una de las cuestiones que los salubristas hemos puesto encima de la mesa para oponernos al TTIP es que la normativa europea es mucho más exigente que la de los EEUU en todo lo que es protección de la salud”.

Por Ecologistas en Acción, Kistiñe García manifiesta una dura crítica contra la Unión Europea y la necesidad de que el Gobierno español promueva un avance real y urgente hacia un modelo agroecológico que garantice la salud de las personas. García critica a la UE por no estar cumpliendo con el mandato de proteger a la población de los riesgos que supone la exposición a plaguicidas, en concreto a aquellos que son disruptores endocrinos (EDC): “Aunque se recoja en el reglamento –explica Kistiñe García–, la prohibición del uso de plaguicidas capaces de alterar el sistema endocrino no se ha aplicado hasta la fecha por no existir criterios legales para identificar qué sustancias tienen estas propiedades. La Comisión Europea tenía la obligación legal de publicar los criterios antes de diciembre de 2013, pero el lobby de la industria química ha conseguido que la Comisión haya pospuesto repetidamente su publicación, tal como ha documentado Stéphane Horel, periodista y documentalista independiente, en el informe “Un asunto tóxico”.

“En junio de 2016 –continúa Kistiñe García–, tras una sentencia condenatoria del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, la Comisión ha presentado una propuesta que contradice el espíritu del reglamento de plaguicidas, basado en el principio de precaución, y también el actual sistema de clasificación de sustancias de toxicidad similar, pues establece un nivel de evidencia tan elevado para identificar una sustancia como disruptora endocrina que, de aplicarse, muy pocas sustancias activas con pro- piedades de alteración endocrina serían prohibidas”.

Ecologistas en Acción ha presentado recientemente un informe sobre la presencia de residuos de plaguicidas en los alimentos españoles a partir de los datos oficiales que le ha proporcionado la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN). Los datos incluyen resultados de análisis de residuos de plaguicidas en 2.384 muestras de productos animales, cereales, frutas, verduras y otros productos vegetales, productos procesados, alimentos infantiles y otros alimentos correspondientes a 2014.

Tras analizar estos datos, Ecologistas en Acción ha presentado un informe que indica que en los alimentos españoles se detecta la presencia de 33 pesticidas con efectos de disrupción endocrina. Algunos de ellos, como el clorpirifós que lleva prohibido desde 2008, aparecen en 20 alimentos diferentes. Además, esta organización denuncia que en algunos alimentos, como es el caso de las peras, se han encontrado residuos de hasta 49 plaguicidas distintos, de los cuales 16 son disruptores endocrinos. Desde esta perspectiva, Ecologistas en Acción cuestiona la eficacia de los límites legales de residuos de plaguicidas en alimentos, en primer lugar porque los ingerimos en auténticos cócteles que sumados superan con creces las dosis permitidas, y en segundo lugar porque la investigación ha demostrado que los disruptores endocrinos, al igual que lo hacen las hormonas de forma natural, actúan a dosis extremadamente bajas y en ocasiones presentan curvas dosis-respuesta no lineales, tienen efectos que dependen del momento de exposición o de la fase de desarrollo del feto, de la infancia o de la adolescencia, y tampoco tienen en cuenta que los efectos adversos de los EDC se pueden potenciar en presencia de otras sustancias.

Entre las organizaciones que ponen encima de la mesa pruebas de los efectos dañinos de los plaguicidas está el testimonio de Ruth Echevarra, de la Fundación Alborada: “Hasta ahora llevamos tratadas unas 600 personas y alrededor del 80% ha venido por problemas con un plaguicida o con un fitosanitario. Estas sustancias actúan sobre el sistema nervioso central y los efectos que producen sobre los insectos, que es un efecto buscado, resulta ser un efecto indeseado sobre los humanos. Es muy ingenuo pensar que lo que sirve para matar un insecto no nos hace daño a las personas”.

José María Ordóñez plantea la necesidad de revitalizar el Plan de Acción Nacional para el Uso Sostenible de los Fitosanitarios (2012-2017): “Se trata de un instrumento del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que habría que revitalizar mediante la incorporación del Ministerio de Sanidad y de las organizaciones ecologistas y ciudadanas con interés en este problema. Se trataría de incorporarlos a una revisión del plan y al seguimiento del mismo, de modo que se incrementaría la transparencia y se fortalecería el desarrollo del marco normativo europeo, poniendo el énfasis en aquellas cuestiones que más preocupan a la ciudadanía”.

La crítica de Luis Ferreirim, de Greenpeace, se dirige justamente al incumplimiento de ese plan: “No hay una voluntad real de reducir el uso de fitosanitarios en la agricultura ni intención de promover la agricultura ecológica. El plan carece de objetivos claros y de un calendario. Son todo medidas teóricas que no aterrizan en la práctica. Estamos lejos de posturas como la de Francia, que para 2025 ha planteado una reducción al 50% del consumo de productos fitosanitarios”. La situación, en opinión de Ferreirim, no ha mejorado sustancialmente: “Seguimos registrando una alta mortandad de abejas en las zonas agrícolas porque no hay un control real del uso de los productos fitosanitarios. Hoy en día, si se aplicara la normativa vigente que obliga al control integral de plagas, asistiríamos a una reducción sin precedentes en el uso de fitosantitarios”, afirma el representante de Greenpeace.

Carlos de Prada, presidente del Fondo para la Defensa de la Salud Ambiental y colaborador de la Fundación Vivo Sano, tiene claro que no podemos luchar contra los pesticidas uno a uno: “Puede que se deje de usar el glifosato, pero llegará otro igual o más peligroso. Es la eterna historia de los plaguicidas. Lo realmente importante es protagonizar una transición hacia la agroecología. Incluso la gestión integral de plagas, al dejar abierta la puerta al uso de pesticidas, acaba no siendo útil. Nos encontramos con que hay plaguicidas que se utilizan de forma preventiva. Sin existir la plaga”. Frente a las críticas que apuntan que la agroecología no es rentable, De Prada lo tiene claro: “Organizaciones como la ONU están ya apuntando que no solo es rentable, sino que va a ser la única salida para alimentar a la población mundial en 2020”.