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Juan Vicente López Gandía, La gestión de la incapacidad temporal por enfermedad común debería volver al INSS

Mar, 15/04/2014 - 12:20
BERTA CHULVI
Dossier

Juan Vicente López Gandía es catedrático en la Universidad Politécnica de Valencia. Su especialidad es el derecho laboral y tras la lectura del anteproyecto de reforma de la Ley de la Seguridad Social muestra una clara preocupación: “El anteproyecto articula una serie de mecanismos que ponen en riesgo la salud de los trabajadores”. López Gandía afirma que “la gestión de la IT por enfermedad común debería volver al INSS”.

¿Qué es lo que más le llama la atención del anteproyecto?
Hay varios aspectos muy preocupantes. La propia desaparición de la denominación de las mutuas como mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que puede parecer irrelevante pero no lo es. Es verdad que las mutuas ya se encargan también de otras prestaciones, pero eso no justifica que un concepto troncal en la finalidad de las mutuas pase a un segundo plano. Si las mutuas no se dedican a agilizar la recuperación de los trabajadores, vía unos servicios de calidad en materia sanitaria, si no van a hacer prevención, si van a ser solo meros gestores de prestaciones, su existencia no tiene sentido y habría que replanteársela. Por otro lado está el tema de la venta acelerada de las sociedades de prevención que yo no acabo de entender por qué se plantea y, desde luego, el legislador no explica. ¿Por qué estas prisas? ¿Qué intereses hay detrás? Además, no queda claro qué papel preventivo van a tener las mutuas.

Hay otro aspecto muy preocupante que es un salto cualitativo en el control de la incapacidad transitoria por causa común por parte de las mutuas. Hay que temer que sea un paso más para acabar de poner en manos privadas la salud de los trabajadores. Y hay una cuarta cuestión que para mí es preocupante: el anteproyecto institucionaliza la obligatoriedad de permanecer tres años con la misma mutua; algo que se estableció como una medida provisional en una ley de presupuestos, ahora se incorpora a la ley. No solo no se ha incrementado la participación de los trabajadores, más allá de los autónomos, en el control de la mutua, sino que se produce una especie de blindaje que creo que no va a redundar en una mayor calidad de los servicios que reciben trabajadores y empresa.

¿Cómo valora que las mutuas aumenten su capacidad para dar de alta a los trabajadores enfermos?
Esta es una reivindicación histórica de las mutuas que pone en riesgo el derecho a la salud de las personas, pues supone una privatización del control sobre ese derecho. Las mutuas plantean que si ellas gestionan el pago de las prestaciones de IT, como hace el INSS, deben también tener la capacidad de dar el alta como tiene el INSS. Pero esa equiparación entre el INSS y las mutuas no tiene el mismo fundamento jurídico, porque el INSS es un organismo público y las mutuas una organización privada, una asociación que está constituida por empresarios y que se guía por criterios de reducción de costes. El INSS es un organismo público, no se debe a razones de mercado ni tiene relaciones clientelares con las empresas. Los tribunales ya están empezando a sentar doctrina. Ya hay una sentencia del Tribunal Constitucional que plantea que dar de alta a un trabajador cuando no está debidamente recuperado pone en peligro su salud y, por tanto, vulnera su derecho a la salud reconocido en la Constitución. Además, una sentencia de la Audiencia Nacional considera ilegal incentivar económicamente a los médicos por dar altas. Es decir, que dar de alta a un trabajador así, sin más ni más, solo para ahorrar gasto en prestaciones, es ilegal y puede traer graves consecuencias a los médicos y crear graves problemas también a las empresas.

El dictamen negativo del Consejo Económico y Social respecto al anteproyecto de reforma dice que no resulta admisible legalmente que, como consecuencia de la inactividad de la Administración de la falta de respuesta en cinco días, resulte perjudicado el trabajador con la retirada de la prestación económica. De otra parte no se contempla que la mutua informe al beneficiario del inicio del procedimiento. Esto va a producir un conflicto entre un médico público que atiende a intereses generales y un médico privado que atiende a los intereses de unas organizaciones que, tal y como están configuradas, responden a los intereses privados de unos empresarios. Hay que tener en cuenta además el eventual empeoramiento de la salud del trabajador que podría producirse por una reincorporación laboral. En realidad, el error fue haber atribuido a las mutuas la gestión de la incapacidad temporal por enfermedad común. Las mutuas esa competencia nunca la han querido.

¿Quiere decir que las mutuas no han estado interesadas en esa gestión de la IT?
Nunca les ha interesado. Lo he escuchado muchas veces a lo largo de los últimos veinte años en jornadas y congresos a los que me han invitado las mutuas. Las mutuas no lo van a decir en voz alta porque no quieren enfrentarse al Estado-cliente, pero nunca les interesó esa gestión, porque no tiene que ver ni con su tradición ni con su naturaleza. La asumieron a regañadientes y por eso vienen reivindicando históricamente dar las altas. En realidad, haber trasladado a las mutuas el control de la IT es una privatización encubierta de la inspección sanitaria, porque quien debe realizar esta función es la inspección sanitaria. El problema es que tenemos un capitalismo parasitario que solo sabe hacer negocio a partir de la privatización de parcelas de la gestión pública. La derecha es cómplice de esa estrategia y el PSOE cuando gobernó también lo fue. Hoy el problema es que nadie se plantea que la gestión de la IT por enfermedad común debería volver al INSS. Eso es lo que hay que defender. ¿Qué sentido tiene que si la asistencia sanitaria la prestan los servicios de salud y no las mutuas, la gestión la desarrollen las mutuas? La Seguridad Social traslada la presión a las mutuas y así el Estado se lava las manos. Es una lógica política electoralista que perjudica a trabajadores, a médicos y a las propias mutuas. Para evitar estos problemas hay que exigir que la gestión de la IT vuelva al INSS. La única justificación de las mutuas es que proporcionen a los trabajadores una atención sanitaria rápida y de calidad en la atención del accidente y la enfermedad profesional, además del asesoramiento en medidas preventivas a las empresas. Si esa no es su función, la mutuas no tienen razón de ser.

¿Y en qué manos va a quedar la prevención?
La apuesta del Gobierno es clara hacia los servicios de prevención ajenos, pero les está creando un mercado muy difícil. ¿No hay negocio para las sociedades de prevención, pero sí lo hay para los servicios de prevención? Pero, además, es que ahora la Ley de Emprendedores ha introducido una modificación que reduce el mercado de la prevención, al permitir en las empresas con menos de 25 trabajadores, con un único centro, que el empresario asuma directa y personalmente la prevención. ¿En qué condiciones va a haber negocio para los servicios de prevención?, ¿precarizando las condiciones de trabajo de los técnicos de prevención?, ¿rebajando la calidad de los servicios que reciben las empresas?, ¿subiendo los costes empresariales en un momento de crisis? Es necesario un replanteamiento total del sistema.