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“Hay que recuperar el espíritu de lucha de los primeros años porque la salud es la vida”

Jue, 15/10/2015 - 12:20
PEX
Dossier

Los delegados y las delegadas de prevención de CCOO que han trabajado estos últimos 20 años a pie de obra cuentan lo que supuso la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y valoran lo que ha ocurrido en estos 20 años. Nos encontramos con un panorama de luces y sombras que reconoce los logros obtenidos, pero apunta también las debilidades del sistema. La sensación general es que la ley supuso un gran cambio, pero ahora estamos atascados e incluso vamos hacia atrás.

Francisco Villegas tiene 55 años y lleva más de 30 como representante de CCOO en el comité de empresa del Hotel Majestic de Barcelona. Recuerda perfectamente el cambio que supuso la ley como marco para la acción sindical en la empresa: “La ley fue fundamental para cambiar la mentalidad de la empresa, porque puso sobre la mesa la existencia de unos riesgos laborales. Antes de la publicación de la ley cualquier accidente se achacaba a la torpeza del trabajador. Yo, por ejemplo, trabajo en cocina y recuerdo perfectamente los accidentes con la máquina cortadora de fiambres. Algo tan simple como que la empresa nos facilitara guantes de protección para no perder un dedo solo fue posible a partir de la publicación de la ley. Yo iba con la ley en la mano como si fuera una biblia. Y es cierto que el empresariado cambió el chip. Nos costó una lucha diaria y muchos accidentes, pero la ley nos daba cobertura, por ejemplo, para que la empresa cambiara el uniforme de cocina que entonces era de nailon y se prendía con facilidad”.

Cuando mira hacia atrás, Francisco Villegas echa de menos la Inspección de Trabajo de aquellos primeros años: “En estos 20 años la Inspección se ha ido relajando mucho y ya no cumple la función que cumplía al principio, no sé si porque les falta personal o porque las sucesivas reformas laborales los han dejado sin herramientas, pero ya no es nuestro escudo como lo era en los primeros tiempos de la ley. En ese momento los empresarios le tenían miedo a la Inspección, ahora les da igual; en primer lugar porque saben que va a pasar mucho tiempo desde que denunciamos hasta que llega la Inspección, y en segundo lugar porque las sanciones, si existen, son pecata minuta. Te pongo un ejemplo reciente en mi empresa: viene la Inspección y le pone un requerimiento con unas tareas a la empresa. Viene una segunda vez y no las ha cumplido y le da una tercera oportunidad. A la tercera visita, la empresa tampoco las ha cumplido y lo máximo que recibe es un tirón de orejas”.

José Mari García acaba de jubilarse en Cementos Rezola de Vizcaya, que ahora lleva el nombre de un grupo italiano. Está desde 1975 en CCOO con responsabilidades sindicales y vivió en primera línea la aprobación de la ley y su aplicación en la empresa. “La Ley nos ayudó mucho –explica José Mari– porque supuso reconocer la visión del trabajador. A la empresa le quedó claro que tenía que contar con nosotros. Al principio había resistencias a la aplicación de la ley porque les costaba dinero, pero poco a poco se fueron dando cuenta de que les beneficiaba, porque si se prevenían los riesgos había menos bajas y menos accidentes”. En su opinión, en estos 20 años en su empresa ha habido un cambio “como de la noche al día” sobre todo en materia de equipamientos de protección individual y en vigilancia de la salud. “En la organización del trabajo y el riesgo químico quedan más cosas por hacer, pero se está trabajando ya de otra manera, teniendo en cuenta la opinión de los trabajadores”, añade José Mari.

Lucía Alonso fue delegada sindical entre 1998 y 1995, y trabaja como técnico especialista de laboratorio en el Centro Superior de Investigación en Salud Pública de la Generalitat valenciana. Lucía formó parte del equipo que en el País Valencià estuvo presentando enmiendas al texto de la ley y recuerda un trabajo muy intenso y exhaustivo por parte del sindicato: “El personal de la Administración pública estaba sin nada, no teníamos casi derechos y menos en salud laboral. No tenías ni los EPI adecuados para trabajar en sectores tan sensibles como sanidad”, explica Lucía. A esa situación de precariedad le puso fin la aprobación de la ley, pero Lucía tiene una visión muy crítica con el proceso de aplicación de la norma en las Administraciones públicas: “Tras la aprobación de la ley, los avances han sido muy tímidos y se producen sobre todo a nivel formal. La Administración hace como que cumple, pero no desciende a la acción preventiva. La sensación que tengo es que no terminan de entrar en los problemas reales de la gente. Por ejemplo, en el reconocimiento de las enfermedades profesionales se creó un sistema que tiene muchas carencias y hace muy complejo acceder a un reconocimiento”.

Celedonia Martínez lleva desde los años 80 como delegada sindical en el Hospital Vall d’Hebron (Barcelona) y ha vivido la implantación de la ley y su posterior desarrollo. Ella recuerda que en el momento de aprobación de la ley se produce un avance importante: “Se empieza a hablar de prevención en el puesto de trabajo y se desarrolla una tarea muy intensa para poner en marcha una maquinaria”, que ahora ella ve como estancada: “Te das cuenta que para la empresa el cumplimiento de la ley es un me ro trámite. Hacen formación a los trabajadores y las trabajadoras porque lo obliga la ley, no porque se crean que esa formación es útil”, explica Celedonia.

Joaquín Sánchez es delegado en una empresa de transformación metalúrgica de Madrid. También tiene más de 15 años de experiencia y hace una valoración positiva de la ley y sus efectos en los primeros años: “Hubo un gran trabajo de información y sensibilización sobre la obligatoriedad de prevenir los riesgos laborales y eso nos facilitó mucho las cosas. La ley nos dio herramientas para poder actuar”, explica Sánchez. Su valoración de la situación actual es distinta y es muy crítico con la Inspección de Trabajo: “La misma infracción, con la misma ley, antes era un requerimiento y una sanción casi automática, y ahora te ponen mil trabas y te dan mil excusas para no sancionar a la empresa”.

La visión de Pilar Barabino, delegada sindical en una empresa de teleasistencia en Madrid, es también muy crítica: “Hemos tenido muchas ocasiones para exigir que la empresa cumpla la ley, y hemos puesto denuncias ante la Inspección de Trabajo, pero los efectos son nulos. Desde 2010 hemos tenido 20 casos con trabajadoras afectadas de hipoatrofia semicircular, una enfermedad que se sabe que tiene que ver con la acumulación de energía estática en los espacios de trabajo y que se solucionaría cambiando las condiciones de ventilación y materiales existentes en el edificio donde trabajan las teleoperadoras. Cinco años y 20 casos y la empresa ni ha quitado la moqueta. Antes se despiden voluntariamente las trabajadoras que la empresa introduce cambios. El nivel de incumplimiento de la ley es altísimo”.

Ramón Rodríguez es sindicalista veterano y uno de los afectados por la exposición a amianto, desde 1977 hasta 1998 fue delegado de prevención en una empresa de uralita en Valencia y aún hoy sigue luchando vinculado a CCOO. En su opinión, desde la aprobación de la ley hasta ahora se distinguen claramente dos fases: desde 1996 hasta 2008, una fase positiva en la que se iba avanzando a fuerza de la presión de los trabajadores, y una segunda fase, desde 2008 hasta la actualidad, en la que la enorme crisis de empleo se ha llevado por delante la salud laboral. “Los mismos trabajadores, preocupados sobre todo por el empleo, han rebajado sus exigencias en materia de salud y condiciones de trabajo. Y si las bases se relajan, lo hacen las estructuras sindicales y no te digo nada las empresas”. En su opinión hay que recuperar el espíritu de lucha de los primeros años porque la salud es la vida y la vida lo único que tenemos.