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¿Estamos protegiendo la salud de los trabajadores y trabajadoras?

Jue, 15/10/2015 - 12:20
Pedro J. Linares. Secretario Confederal de Salud Laboral de CCOO
Dossier

Los aniversarios, como este vigésimo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), se prestan a conmemoraciones, pero también es un buen momento para hacer balance del estado de la salud laboral en España. Superada la fase de impulso normativo y, sobre todo, tras casi una década de crisis, la transformación de nuestro sistema de relaciones laborales es de tal calado que se hace imprescindible revisar todo el edificio legislativo, administrativo y económico construido en torno a la prevención y comprobar si se corresponde con las necesidades de la salud de los trabajadores y trabajadoras en las empresas.

Como se recuerda en este dossier, la LPRL no fue la ley de salud laboral que los sindicatos defendíamos. Las circunstancias políticas, económicas y sociales y la correlación de fuerzas de aquel momento determinaron su configuración, pero a pesar de ello los sindicatos realizamos una firme apuesta por su implantación. Nadie puede negar que la superación del viejo esquema franquista de la “seguridad e higiene” trajo importantes logros, el principal de ellos el descenso generalizado y constante de la siniestralidad, que se prolongó durante más de una década y que duró hasta 2012.

Sin embargo, la estructura preventiva que se configuró a partir de la LPRL contaba con lastres que terminaron por crear carencias que venimos arrastrando desde entonces. La pieza clave de la prevención en la empresa es el servicio de prevención, pero la obligatoriedad de contar con uno propio se limitó a las empresas de más de 500 trabajadores o a las de más de 250 con actividades especialmente peligrosas, lo que contribuyó a que los servicios de prevención ajenos se convirtieran en norma en las empresas. Además, se articuló el mecanismo para que las mutuas, que tradicionalmente prestaban este servicio, lo pudiesen mantener para sus empresas adheridas, adaptado a las nuevas exigencias legales. Las mutuas alcanzaron una posición hegemónica en la estructura preventiva española controlando la implantación de la prevención en la mayoría de las empresas, la gestión de las contingencias profesionales, la reparación de los daños a la salud y la notificación de las enfermedades de origen laboral. Las consecuencias de este modelo las conocemos: monetarización de los riesgos laborales, escasa integración de la cultura preventiva en la estructura de las empresas, extensión de una prevención de “papel” más preocupada por tener en orden los trámites que por la eficacia, subregistro de las enfermedades profesionales.

A todo ello hay que unir la progresiva eliminación del papel de los sistemas públicos en la estructura de la prevención. La Seguridad Social, que debería ejercer la dirección y tutela pública de la actividad de las mutuas, ha ido evolucionando en el criterio de centrar su atención en la reparación y compensación de los daños, es decir, en la gestión de prestaciones, reduciendo su interés por la prevención de riesgos laborales. Progresivamente se ha ido ampliando el campo de actuación de las mutuas abriéndolo a la gestión de las prestaciones por contingencias comunes y otras prestaciones sociales del sistema. Todas estas competencias se han privatizado, transfiriéndolas a las mutuas y justificando la decisión con el falso argumento de una mayor eficacia de la gestión privada frente a la pública, algo que no resiste un análisis riguroso y que solo responde a una determinada opción ideológica. Y desde el ámbito sanitario no ha existido en ningún momento voluntad por parte del Ministerio de Sanidad por integrar de manera rigurosa la salud laboral dentro de las políticas de salud pública.

Posteriores medidas orientadas a limitar el oligopolio de las mutuas, como la segregación de sus sociedades de prevención, probablemente hayan llegado tarde y han demostrado que dejar al mercado como principal herramienta para regular la prevención es una mala solución para la salud de los trabajadores. La crisis económica que arrancó en 2007, y que todavía no logramos dejar atrás, impactó en el sector de la prevención, generando una guerra comercial con rebajas de precios por debajo del coste de unos servicios de calidad, que tuvo como consecuencias la reducción de las plantillas, el deterioro de las condiciones laborales de los técnicos de prevención o el aumento de las ratios de trabajadores adscritos a cada técnico y Unidad Básica de Salud.

Además, tanto la LPRL como la Directiva Marco sobre seguridad y salud en el trabajo respondían a un modelo de relaciones laborales clásico: centralidad de la negociación colectiva, preponderancia del contrato colectivo frente a las relaciones individuales, predominio de la contratación indefinida y estabilidad en la empresa o el sector productivo. Un marco de relaciones sobre el que se sustentaban el ejercicio efectivo de los derechos de los trabajadores y la integración de la acción preventiva en la organización de la empresa.

Sin embargo, tras dos décadas de políticas neoliberales en Europa, el sistema de relaciones laborales se ha transformado de manera radical. La negociación colectiva ha perdido el papel central y asistimos a una creciente individualización de las relaciones laborales. La contratación temporal ha pasado a constituirse en norma y ni siquiera un contrato indefinido supone una garantía de continuidad. Las nuevas generaciones que se incorporan al mercado de trabajo lo hacen en un contexto donde la rotación entre diferentes empresas y sectores de la actividad productiva es la norma. La precariedad, el deterioro en las relaciones laborales en las empresas y el miedo a perder el empleo, que han ido extendiendo las sucesivas reformas laborales aprobadas por los diferentes gobiernos, están llevando a muchos trabajadores a renunciar a sus derechos. El contexto social ya no responde a la estructura legislativa de la prevención de riesgos y su eficacia inevitablemente se resiente.

En este mismo sentido, la mejora de algunos indicadores de salud laboral respondió a la adopción de políticas activas por parte de las Administraciones públicas y al impulso legislativo proveniente en buena medida de la Unión Europea. Sin embargo, desde el inicio de la crisis la inversión en prevención ha sido una de las primeras víctimas en los presupuestos de las Administraciones públicas, y de las empresas, y la actividad legislativa comunitaria se ha frenado en seco: la Comisión Europea retrasó la renovación de la Estrategia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo para finalmente aprobar un Marco Estratégico, instrumento con menor capacidad vinculante para los Estados, y en octubre de 2013 publicó el programa REFIT que, con la excusa de la simplificación normativa, ha supuesto la paralización de la actividad legislativa en materia de salud laboral en Europa.

La prevención de riesgos laborales en España se enfrenta durante los próximos años a una disyuntiva crucial que no es ajena a la del resto de procesos socioeconómicos. Continuar por el camino iniciado por los últimos gobiernos, adaptando la legislación preventiva al nuevo marco de relaciones labores, supone profundizar en la debilidad del sistema preventivo español y asumir de manera ineludible un deterioro en la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores y las trabajadoras, con los consiguientes daños personales y trasladando sus costes económicos al conjunto de la sociedad.

El pasado 28 de abril, los sindicatos redactamos un decálogo de medidas prioritarias y urgentes para revertir esta deriva y asegurar la protección de la salud de cada trabajador o trabajadora. Transformar el modelo de mutuas, potenciar los organismos de las Administraciones, garantizar la independencia de los profesionales de los servicios de prevención respecto de las empresas, cambiar radicalmente los sistemas de notificación de daños o salvaguardar el derecho a una vigilancia de la salud son algunas de ellas. Pero no será posible llevarlas a buen puerto sin una progresiva transformación del modelo productivo de nuestro país que permita un cambio de rumbo en las relaciones laborales, democratizándolas, que impulse la interiorización de la cultura preventiva en las empresas y que genere un sistema preventivo dinámico que anticipe los nuevos riesgos laborales emergentes.

Y no quiero acabar sin mirar hacia el interior de nuestra propia organización. Está demostrado que en aquellas empresas con presencia sindical la salud de los trabajadores es significativamente mejor. Pero nuestra presencia cada vez es menor en los sectores más precarizados, que día a día ganan terreno en el conjunto de nuestra economía y que sirven como modo de acceso al empleo para los colectivos más afectados por la desigualdad: mujeres, jóvenes, migrantes. La igualdad siempre ha sido uno de los principios básicos de la acción sindical de las Comisiones Obreras, nuestro objetivo es conseguir los mismos niveles de protección de las trabajadoras y los trabajadores, sea cual sea la fórmula de acceso al trabajo. Es un problema de equidad, es un problema de salud pública que exige realizar una profunda reflexión y articular los cambios organizativos necesarios que garanticen la presencia del sindicato en todos y cada uno de los sectores productivos de nuestro país para con ello contribuir a la protección de la salud de trabajadores y trabajadoras.

*Pedro J. Linares es secretario confederal de Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO.