Gobierno de españa - ministerio de trabajo migraciones y seguridad socail

Esta es la historia de una ley que no llegó a ser de salud laboral

Jue, 15/10/2015 - 12:20
BERTA CHULVI
Dossier

Ángel Cárcoba, junto a Agustín Moreno, con la colaboración de abogados y médicos expertos en el tema y de los responsables de salud laboral de cada organización territorial y sectorial, fueron los representantes de CCOO en todo el proceso de negociación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que ahora cumple 20 años. Su visión del proceso y la situación actual nos la cuenta en esta entrevista.

¿Cómo recuerda el proceso de gestación de la ley?
Al llegar la democracia nos encontramos con la pervivencia de un sistema normativo sobre seguridad e higiene paternalista, propio de la dictadura. Intentamos ir hacia la salud laboral, hacia la salud de los trabajadores, porque esto era lo que estaba y está en juego. Y cuando creíamos haber llegado, nos dimos cuenta que nos habíamos quedado de nuevo en la seguridad y salud en el trabajo. Los expertos de la CEOE lo tenían muy claro. En las negociaciones de la ley no hubo consenso sobre el título mismo de la ley porque ellos se negaban a aceptar conceptos como “salud laboral”, “salud de los trabajadores” o “condiciones de trabajo”. El parto fue lento y lleno de incumplimientos. Hubo que esperar casi 20 años, desde 1977 a 1996, para dotarnos del actual marco normativo.

¿20 años de negociaciones?
Sí. El 1 de diciembre de 1982, en el acto de investidura como presidente del Gobierno, Felipe González prometió para 1983 una nueva Ley de Higiene y Seguridad Laboral. En noviembre de 1984, el entonces ministro de Trabajo, Joaquín Almunia, anunciaba la “inminente presentación al Parlamento de un Proyecto de Ley sobre Seguridad Laboral”. En diciembre de 1987 todos los medios de comunicación recogían en grandes titulares: “El Gobierno aprobará en 1988 una ley que mejore la seguridad en el trabajo” (Cinco Días). En junio de 1988, en la asamblea general de la OIT, Felipe González vuelve a prometer “la inmediata aprobación de una nueva ley que sustituya a la obsoleta Ordenanza General de Seguridad e Higiene”. Pero no llegaba.

¿Y cómo se consiguió poner en marcha la negociación?
Dos hechos fundamentales obligaron al Gobierno a abrir un proceso de negociación sobre un nuevo marco normativo. La huelga general del 14 de diciembre de 1988 y la aprobación de la Directiva Marco por parte de las Comunidades Euro peas, que establecía procedimientos de infracción contra aquellos Estados miembros que no hubieran realizado la transposición en plazo (diciembre de 1992) tanto respecto a la Directiva Marco como a aquellas normativas derivadas de la misma. La huelga del 14-D dio lugar a un gran acuerdo entre CCOO y UGT denominado “Propuesta Sindical Prioritaria” (PSP), que incluía los “comités de salud en las empresas, maternidad y protección del medio ambiente”. La PSP puso en marcha diversas mesas de negociación acordadas entre los secretarios generales de UGT y CCOO con el presidente del Gobierno. Una de esas mesas fue la de salud laboral. El 27 de julio de 1990 se celebra la primera reunión del Gobierno y agentes sociales para la elaboración de una nueva ley. El 20 de enero de 1992, tras año y medio de negociaciones, se llega a un acuerdo entre Gobierno, patronal y sindicatos sobre una nueva ley de salud laboral. Pero la patronal se vuelve atrás de este acuerdo días más tarde y el ministro de Economía, Carlos Solchaga, bloquea el proyecto de ley.

¿Cedió el Gobierno ante las presiones de la CEOE?
Sí. Bajo el argumento de que “el proyecto de ley acordado incrementaría los costes empresariales, justo en la coyuntura económica menos propicia”. Tres días después de que la patronal respaldara públicamente el proyecto de ley, la CEOE elabora un documento sobre los costes empresariales de la LPRL. En realidad, la CEOE da marcha atrás porque la ley supone un mayor control de los trabajadores sobre las condiciones de trabajo.

¿Cómo se desbloquea esta situación?
A partir de aquí, el Parlamento se disuelve, se convocan elecciones generales y a empezar de nuevo. Los sindicatos desarrollan diversas iniciativas ante la Comisión Europea, Parlamento Europeo, Tribunales de Justicia, etc. En marzo de 1993 se consigue que la Comisión de las Comunidades Europeas abra un procedimiento de infracción contra el Estado español por la no transposición de la directiva en materia de salud y seguridad. Lanzamos una campaña bajo el eslogan “LEY DE SALUD LABORAL ¡YA!, no podemos esperar”. Nos entrevistamos con todos los grupos parlamentarios. Situamos la muerte y la enfermedad en el trabajo en el campo mediático, social y político: “¿Cuántos muertos son necesarios para una nueva ley?” En aquellos años había una media de 1.100 muertos por accidentes de trabajo cada año. Así, el 21 de junio de 1994, el pleno del Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que inicie de nuevo las negociaciones con los agentes sociales. Comienza una nueva ronda de negociaciones que culmina en diciembre de 1994, cuando el Consejo de Ministros envía al Parlamento el proyecto de ley. Hay un plazo de enmiendas en el que nos volvemos a reunir con todos los grupos parlamentarios en un último intento de mejorar el texto. En junio de 1995 se aprueba por unanimidad en el pleno del Parlamento, en octubre se aprueba en el Senado y en noviembre se publica en el BOE para su entrada en vigor el 10 de febrero de 1996.

¿Cómo valora los efectos de la ley después de 20 años?
Está claro que los empresarios nunca quisieron norma alguna sobre salud laboral y en coherencia con esto se han negado a cumplirla sistemáticamente. Este es su papel histórico. Pero lo más lamentable fue la postura de ministros como Solchaga que, bajo el paraguas ideológico de izquierdas, truncó toda posibilidad de aprobar una ley de salud de los trabajadores, plegándose totalmente a las exigencias de la patronal. Sin ser la ley que los sindicatos hubieran deseado, estos desarrollaron una intensa campaña de información, formación y sensibilización del nuevo marco normativo. Miles de reuniones, asambleas, guías, trípticos, carteles, y multitud de iniciativas fueron desarrolladas por los sindicatos a todos los niveles: institucional, mediático y sobre todo en las empresas. Las tasas de siniestralidad, de enfermedades profesionales invisibilizadas, las condiciones de trabajo en general obligaban a utilizar las herramientas que la nueva ley ponía en manos de los trabajadores, pero el porcentaje de incumplimiento de la nueva ley supera el 80% según algunos estudios. Lo que en otros países es considerado “asesinatos de corporación” u “homicidios blancos”, en España se tiende a culpabilizar a la víctima. Es evidente que la prevención es esencial y prioritaria, pero si no va acompañada de medidas de protección social a las víctimas cuando el daño se ha producido y de una sanción proporcional al derecho fundamental conculcado, poco se avanzará. Mantengo una frase que expresé ante los medios a consecuencia de un accidente múltiple que costó la vida a diez trabajadores por “incumplimiento flagrante de normas de seguridad”, según dictaminó la Inspección de Trabajo: “Hasta que el empresario no vea la senda que conduce a prisión por la muerte de seres humanos en el trabajo, las condiciones de salud y seguridad no van a mejorar”.

¿Según usted, la ley ha tenido también efectos perversos?
Sí. El desarrollo de la ley posibilitó la llegada al “mercado de la salud laboral” de recursos públicos y privados. Pensábamos que a mayores recursos, mejores indicadores de salud laboral. Sin embargo no fue así. Se produjo una disminución de los recursos públicos, una externalización de los recursos propios en las empresas y la entrada en el mercado de empresas, consulting, institutos, fundaciones, observatorios, muy poco interesados en la salud y sí en el negocio. Al mismo tiempo, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) y restos de organismos públicos de la Administración central en materia de salud laboral asisten a una muerte lenta. Es decir, la salud de los trabajadores no forma parte de las políticas públicas de salud. El Ministerio de Sanidad tiene totalmente ignorada la salud de los ciudadanos en su condición de trabajadores. Y ahora, con la crisis, miles de técnicos de prevención corren el riesgo de ir al paro. Este es el panorama que nos han dejado quienes convirtieron la enfermedad y la muerte en el trabajo en un gran negocio. Este es el final: ni lo público, ni lo privado. La carencia de políticas públicas en materia de salud laboral se pretende sustituir con fondos públicos que aumentan la burocracia y el mercado-negocio.

Y ¿cuál es el futuro?
Una vez que lo público languidece y lo privado fracasa, habría que plantear nuevas estrategias basadas en políticas públicas de salud laboral, en una coordinación efectiva entre la Administración sanitaria y la laboral capaz de dar un salto que nos traslade de la seguridad en el trabajo a la salud de los trabajadores, allí donde estos se encuentren: en paro, economía sumergida, trabajadores a domicilio, inmigrantes, desde jóvenes a jubilados. Es necesario crear un modelo capaz de convertir a los trabajadores en los verdaderos protagonistas de la salud. Es su salud la que está en juego.