Gobierno de españa - ministerio de trabajo migraciones y seguridad socail

Entrevista con Alfredo Mateos Director de la Fundación SIMA

Los Delegados de Prevención no tienen ninguna responsabilidad específica derivada de su cualidad  de representación especializada
Mié, 15/07/1998 - 12:19
PEX
Dossier

Se define a sí mismo como "un inspector de calle, de cartera, normal". Sin embargo posee una larga experiencia y una capacidad de reflexión que, junto a su interés por los temas de salud y seguridad, convierten sus puntos de vista en una referencia importante para nosotros. Ha sido Jefe Provincial de la Inspección de Trabajo de León y participó en los primeros debates sobre la Ley de Prevención de Riesgos Laborales como Director General de Inspección desde el Ministerio de Trabajo, puesto que dejó voluntariamente después de tres años. "Me quedé con ganas de promover una organización conjunta de gabinetes e inspección, pero no pude". Entre las diversas publicaciones sobre prevención de riesgos en las que ha colaborado, nos permitimos la pequeña vanidad de destacar su participación como consultor en nuestra Guía Sindical de Salud Laboral. Ha publicado un libro de comentarios sobre la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. A propuesta de las organizaciones sindicales y empresariales, actualmente dirige la Fundación SIMA (Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje).

Ojalá nos llegaran conflictos sobre temas de seguridad y salud, eso sería señal de que la gestión está viva, que la discrepancia es normal

No hace mucho realizó un dictamen en el que abordaba de forma rigurosa el tema de las responsabilidades de los Delegados de Prevención. Su conclusión era tajante: "Puede afirmarse que los Delegados de Prevención no tienen ninguna responsabilidad específica derivada de su cualidad de 'representación especializada' si se exceptúa la prohibición de difundir la información a la que tengan acceso por su actuación en materia preventiva. Solamente en el supuesto de paralización de actividades con riesgo grave o inminente, habiendo obrado de mala fe o cometido negligencia grave, se puede deducir una responsabilidad jurídica para el Delegado de Prevención. En ambos casos, yo creo que la responsabilidad no está relacionada con sus funciones específicas de prevención sino con su condición de representantes de los trabajadores y, por tanto, difícilmente pueden ser trasladables a responsabilidad civil o penal".

P: Sin embargo conocemos casos en los que, ante un daño grave a la salud, el juez penal utilizando una especie de estrategia de "extensión de la responsabilidad en mancha de aceite" imputa a todos los que tienen alguna competencia en el tema. A todos los que, desde su punto de vista, con una actuación diligente pudieron evitar el suceso. Así imputaron en su día al responsable de CC.OO. de Alcoi por el caso Ardystil, al presidente del Comité de Empresa en una papelera de Navarra por un accidente mortal y, más recientemente, a un Delegado de Prevención en Sevilla debido a también a un accidente mortal. Bien es cierto que a ninguno de estos imputados se les ha acabado condenando, pero es una cuestión que preocupa a los delegados.

R: Yo creo que sería necesario que las centrales sindicales y las propias organizaciones empresariales promovieran una posición jurídica clara sobre el papel que tienen que cumplir los Delegados de Prevención. La ley está todavía poco rodada y no hay un convencimiento muy claro de cuál es el papel de los representantes de los trabajadores en lo que es la prevención. Este es a mi juicio uno de los puntos difíciles y a la vez más necesarios de debatir frente a la opinión pública, de la que forma parte el propio juez. Una vez acotada y aceptada la función del Delegado de Prevención no cabría, desde mi punto de vista, imputarles responsabilidad alguna. Un Delegado de Prevención representa a sus compañeros, y todas sus competencias y facultades son derechos, no obligaciones, por lo que no cabe reprocharle el modo en el que ejerce sus derechos, diciéndole que debería haber denunciado y no lo hizo, que podía haber paralizado el trabajo y no lo hizo, que podía haber alertado al empresario o a los trabajadores del peligro y no lo hizo. Si transformamos los derechos de los Delegados de Prevención en obligaciones, desnaturalizamos la Ley y la bloqueamos por completo.

P: La Ley de Prevención supone un salto desde la mentalidad reglamentista de la antigua Ordenanza General de Seguridad e Higiene a una mentalidad abierta de prevención integral. Esto tiene enormes ventajas pero un gran inconveniente: el campo no está muy bien delimitado y buena parte de la organización de la prevención sólo puede plantearse desde la negociación y el consenso. Pero cuando el Delegado de Prevención se encuentra con actitudes cerradas de la patronal, tiene la sensación de estar en un callejón sin salida. No hay reglamentación específica y falta la voluntad de llegar a acuerdos. ¿Hasta qué punto la labor de mediación y arbitraje que desarrollais desde la Fundación SIMA podría ser trasladable al campo de la prevención?

R: La primera condición, para que podamos intervenir, es que haya un conflicto por motivos de seguridad y salud. Y aquí, de momento, por esa falta de cultura preventiva, los conflictos que nos llegan son sobre salarios, sobre jornada, sobre problemas de movilidad... Yo creo que en el momento en que se haga realmente gestión de seguridad y todas las partes participen activamente y se incluyan cláusulas de gestión de prevención en los convenios, se plantearán discrepancias que pueden acabar en demandas de conflicto colectivo y que, en vez de ir al juez, se intentará negociar entre las partes. Yo creo que en estos momentos hay un cierto sentido negociador también en las empresas. La mediación es una intención de acuerdo entre partes. Es un acuerdo, si es que se produce, de gestión compartida. Nuestra función es visitar a los interlocutores que aún no se han adherido al Acuerdo de Solución Extrajudicial de Conflictos (ASEC), convencerles de las ventajas del sistema extrajudicial, ayudar técnicamente desde la Fundación y favorecer el clima de diálogo para llegar a un acuerdo.

P: Y desde tu punto de vista ¿sería positiva esta mediación en salud y seguridad?

R: Total y absolutamente positiva. Si hemos dicho que lo fundamental es la gestión de la prevención, cuando esa gestión se bloquea por discrepancias hay que salir fuera del propio ámbito y discutir el problema con mediadores de confianza. Ojalá vinieran esos conflictos sobre temas de seguridad y salud, porque eso sería señal de que la gestión está viva, que la discrepancia es normal.

P: Y ¿qué hay que hacer para solicitar la mediación en un conflicto sobre salud y seguridad?

R: Es sencillo y complicado a la vez. Sencillo porque basta que ante una situación de conflicto o de negociación bloqueada una de las partes pida la mediación. La otra está obligada a aceptarla. Complicado, porque hay que determinar si es competente el SIMA o una institucione autonómica de características similares o nadie. Este último caso puede darse en las Comunidades Autónomas que no tengan organismos propios de mediación o en los sectores que no se hayan adherido expresamente, a través de su Convenio Estatal, al Acuerdo ASEC. Por ello, lo mejor es dirigirse siempre al sindicato y allí preguntar si para ese conflicto en concreto cabe la posibilidad de solicitar la mediación.

P: Por último, desde tu trayectoria y tu experiencia en la Inspección de Trabajo ¿cómo valoras lo que se está haciendo para controlar la aplicación de la ley de prevención? ¿El modelo de inspección que tenemos te parece coherente?

R: No. Hoy en dia, dificilmente un inspector puede dedicarse a todas sus competencias con carácter general. Hay que especializar, dentro del respeto a una unidad de ingreso. En algunos países de la Unión Europea, la inspección de trabajo forma parte de un equipo pluridisciplinar de gestión de la seguridad y salud. Aquí existen multitud de recursos pero actúan cada uno por su lado. Están los gabinetes de seguridad e higiene, los inspectores de trabajo, los de sanidad, otros técnicos que son por ejemplo inspectores de transporte, inspectores de industria que examinan la seguridad del producto...Todo esto debería funcionar coordinadamente como un equipo multidisciplinar que consiga un control integral y coherente de la seguridad. De esta manera, la inspección dejaría de ser un elemento exclusivamente represivo y se convertiría en un elemento de apoyo a la gestión de la prevención aunque, lógicamente, al final de un incumplimiento se produzca la sanción. Yo estoy de acuerdo en que los inspectores son insuficientes, pero dudo de la eficacia de un aumento de los efectivos sin una renovación y reestructuración rigurosa acorde con las necesidades y las posibilidades de cada comunidad autónoma para gestionar la política de prevención.