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En España aún no se ha hecho nada serio para evitar los cancerígenos en los lugares de trabajo

Vie, 15/01/2016 - 12:20
BERTA CHULVI
Dossier


Cuando nos dirigimos a expertos, agentes sociales y sociedad civil, todos parecen coincidir en que en nuestro país aún no se ha producido ninguna iniciativa seria desde las Administraciones públicas para acabar con los cancerígenos en el lugar de trabajo. Profesionales de la medicina, representantes sindicales y organizaciones de afectados y afectadas explican cómo ven la situación.

Otra de las cuestiones en las que todo el mundo coincide es en la poca conciencia que existe entre los trabajadores y las trabajadoras de los riesgos a los que están expuestos en relación al cáncer. Alberto Ruano, epidemiólogo y miembro de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SEPAS), plantea la necesidad de actuar en tres ejes: concienciar a la ciudadanía de que en determinadas ocupaciones las personas tienen un mayor riesgo de padecer un cáncer; aumentar la información de los médicos de atención primaria y otros profesionales sanitarios para que tengan en cuenta los riesgos a los que están expuestos sus pacientes, e incrementar la presión hacia los políticos para que desde la Administración pública se destinen recursos a esa sensibilización que nos permita eliminar el riesgo de cáncer. Ruano, para mostrar que nunca se ha tomado una iniciativa importante y concluyente para acabar con el cáncer laboral, pone el ejemplo de cómo se actuó con los humos de tabaco en el espacio laboral: “En una acción decidida, el Gobierno de Zapatero prohibió fumar en espacios públicos y laborales, tuvo una gran resistencia, pero la norma se ha implantado y funciona bien. Con otros cancerígenos presentes en el lugar de trabajo, más allá del amianto que se prohíbe en los años 80, existe una clara evidencia científica, pero no se ha hecho nada parecido a una prohibición que obligara a una sustitución del producto. Lo único que se ha hecho es obligar a una vigilancia específica de la salud, pero nada en el terreno de acabar con el riesgo. Es decir –señala Ruano–, se conoce que ciertas personas, por acudir a su trabajo, tienen un mayor riesgo de contraer cáncer, pero no se está haciendo nada para evitarlo”.

Ruano señala que hay muchas personas que por su profesión están expuestas a cancerígenos; por ejemplo: los carpinteros que están respirando polvo de madera, todos aquellos que respiran colas barnices, disolventes orgánicos, tintes de pelo, humos de gasoil, trabajan a turnos, artesanos que trabajan con cerámica y pintura, etc. Para él la situación más grave se da en las pequeñas y medianas empresas: “Los trabajadores y trabajadoras que están en grandes industrias –explica Ruano– están más protegidas porque la misma presencia de sus representantes hace que la empresa esté más atenta; en una cadena de montaje de coches encontraremos mascarillas, extractores de aire, ventiladores, etc. Pero si nos vamos a una empresa mucho más pequeña, una carpintería de una o dos personas, o un taller de chapa de tres trabajadores, vemos que estas medidas no se aplican con la misma rotundidad que en una empresa grande. ¿Cómo llegas a una peluquería en la que trabaja la dueña y una empleada?, ahí no hay sindicatos ni hay nada”.

Pedro J. Linares, secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO, coincide con Ruano en la dificultad de llegar a las pequeñas empresas, y en la necesidad de hacer campañas globales de sensibilización dirigidas a la población en general. Por eso, CCOO lanzó hace ya cuatro años la inciativa “Cáncer cero en el trabajo”, una campaña que ha ido sumando a otras organizaciones sindicales, científicas, servicios de prevención y organizaciones de afectados y afectadas, y en la que se está trabajando en la elaboración de posturas comunes. “Hemos tratado de colocar en la agenda pública la necesidad de abordar los temas relacionados con el cáncer laboral –explica Pedro J. Linares–. Por nuestra parte, hemos iniciado una campaña de difusión y de sensibilización en el ámbito específicamente sindical, se ha hecho material divulgativo, formación y una acción sindical amplia, controlando si las empresas incoporan los riesgos de exposición a cancerígenos en las evaluaciones de riesgos, si se cumple la normativa en esta materia, etc. Tengo la sensación de que en las Administraciones públicas y en la ciudadanía ya ha calado la idea de que con el cáncer se está haciendo poco en general. Por ejemplo, en el tema de las enfermedades profesionales tenemos un registro prácticamente nulo, no se reconocen más que aquellas que se judicializan”.

Juan Carlos Paúl, presidente de la Federación de Asociaciones de Víctimas y Colectivos del Amianto, señala también dos asignaturas pendientes. En su opinión, la legislación en materia de prevención sí que se ha actualizado y se ha puesto a nivel europeo, pero se sigue fallando en dos cosas fundamentales: en el reconocimiento de los derechos de las personas enfermas y en el seguimiento del cumplimiento de esas medidas preventivas. En este último aspecto, Juan Carlos Paúl es muy claro: “Las Administraciones no tienen capacidad de controlar si están cumpliendo las medidas que las empresas adoptan sobre el papel. Las empresas están utilizando el RERA (Registro de Empresas Relacionadas con el Aminato) como una herramienta de marketing porque eso les ayuda a contratar con las Administraciones públicas, pero nadie controla si esas empresas siguen los protocolos que dicen que siguen. Se apuntan al RERA porque es gratis y esa certificación parece que les da una solvencia determinada, pero luego nadie verifica si están cumpliendo los procesos que dicen que van a hacer, como sí se hace en cualquier otro modelo de certificación de calidad, ya sea una norma ISO o SQM. En Getafe hemos tenido que parar la demolición de una obra que tenía amianto de forma evidente, y que se estaba haciendo sin medidas de seguridad a la salida de un colegio y los abuelos se paraban con sus nietos a mirar. Nos fuimos al ayuntamiento y nos dijeron que la empresa había presentado su plan de desamiantado con todas las medidas que iban a tomar. Qué ocurre, pues que la Administración no hace ninguna comprobación”.

Carmen Diego Roza es neumóloga, miembro de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), donde coordina el área de trabajo de enfermedades ocupacionales y medio ambiente, y coincide en señalar como principal problema la falta de conocimiento sobre el cáncer laboral: “Las universidades, las instituciones y los agentes sociales se han de comprometer con la difusión del conocimiento científico que ya tenemos sobre el cáncer laboral”, afirma Carmen. “Así como hay agentes carcinógenos muy conocidos como es el amianto, hay otros que no son tan conocidos y lo que falta es información. La gente no se imagina que en su trabajo puede estar expuesta a cancerígenos y tampoco los médicos de las consultas de atención primaria, si no están en áreas específicas como nosotros, son muy conscientes de la historia laboral de las personas”, señala esta neumóloga que dirige una consulta de vigilancia posocupacional de trabajadores que han estado expuestos a amianto en la zona de Ferrol.

Daniel Ramos es el presidente de Silikosia, la Asociación de Afectados por Silicosis de Euskadi. El caso de la sílice muestra muy claramente que en España queda mucho camino por recorrer: “La sílice –explica Daniel– está reconocida como cangerígena en humanos desde 1997 por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC) y, sin embargo, en España no está reconocida como un agente cancerígeno”. Cuatro asociaciones de afectados por la sílice, junto con CCOO, han creado la Mesa Nacional de Afectados por Sílice para exigir a las autoridades que se avance en este terreno. Daniel señala que también los trabajadores tienen su responsabilidad: “Sigues viendo al propio trabajador que te dice que para qué me voy a poner esto. Y es que, claro, hasta que no haya sanciones fuertes para las empresas, estas no tomarán medidas con los trabajadores. Las empresas te dicen que no pueden obligar a los trabajadores, pero eso no es cierto; las empresas tienen poder y en las cosas que les interesan sí que lo usan”.