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El paro y la degradación de las condiciones de trabajo agudizan las desigualdades en España

Lun, 15/10/2012 - 12:20
FERNANDO RODRIGO
Dossier

5.693.100 personas sin trabajo en el pasado mes de junio: el 24,63% de la población activa, una de cada cuatro personas está en paro. El letal cóctel de recortes presupuestarios, recesión y reforma laboral han llevado al récord histórico de desempleo en España. En el periodo de junio 2011 a junio 2012 se han destruido más de 885.000 puestos de trabajo y estas cifras siguen creciendo.

A finales de este año vamos a alcanzar los 6 millones de parados, ya ni el Gobierno se toma la molestia de desmentirlo. Se destruye empleo en todos los sectores y colectivos. En el sector privado, pero también –y cada vez más– en el sector público, que hasta 2011 no lo hacía –solo en el trimestre abriljunio más de 65.000 empleos perdidos y eso que aún no se contabilizan todos los empleos públicos no renovados en septiembre: profesores (decenas de miles), sanitarios, trabajadores sociales, despedidos por ERE en televisiones públicas, fundaciones, empresas, etc–. Un 5% menos de asalariados en las Administraciones Públicas, pero un 11% en los ayuntamientos. Solo el último día de agosto se produjo una caída de afiliados a la Seguridad Social de 194.970 personas, una cifra espectacular y sin antecedentes en meses similares de otros años. Lo que presagia muy malas expectativas de empresas y empleos definitivamente perdidos con el final del verano.

Entre enero y agosto, la cifra de personas apuntadas a las listas del paro se ha incrementado en 494.707 personas, un 11,98%. Pierden su trabajo las personas con contrato temporal, pero también las que tienen contratos indefinidos. La destrucción de los llamados empleos fijos es ya generalizada. Para esto se hizo la reforma laboral, para abaratar los despidos y facilitarlos, sobre todo para los que tenían contratos indefinidos. Se trataba de forzar una devaluación de costes salariales al precio social que fuera, con el desgarro que se hiciera necesario y así está sucediendo.

Hay un deterioro sin precedentes de nuestro mercado de trabajo que tiene efectos sociales inmensos, todos ellos tremendamente negativos para las personas y para la sociedad en su conjunto. No son solo los más de tres millones y medio de empleos destruidos en cinco años y la falta de horizonte que hoy existe sobre cuándo remitirá la actual situación, ni los jóvenes sin esperanza de encontrar un empleo digno de tal nombre, es también el aumento forzoso de los empleos a tiempo parcial debido a la imposibilidad de encontrar otros mejores. Hoy trabajan a tiempo parcial 1.457.000 personas, el doble que antes de la crisis. Estos empleos concentran todos los parámetros de la precariedad: temporalidad, salario bajo, inseguridad, escasa previsibilidad y certidumbre, dificultad para hacer una mínima carrera laboral ascendente.

Más trabajadores por cuenta propia –un total de 3.012.300– frente a la fuerte disminución que experimentan los trabajadores asalariados, que ya alcanzan las cifras de antes de la crisis. Muchos son los llamados trabajadores independientes –en su mayoría, falsos autónomos o personas que se ven obligadas a precarizarse a sí mismas para sobrevivir– y que constituyen una buena expresión de la crisis que atraviesa el trabajo asalariado y la falta de expectativas presentes y futuras. La economía sumergida y el empleo informal –por más deteriorado y precario que sea– están en crecimiento y suponen una válvula de escape en la hoya social de la actual situación, por lo que no es combatido de manera convincente por los gobiernos de turno. Ahí tenemos el 20% de nuestra economía sin aflorar y a una parte significativa de personas trabajando sin condiciones sociales ni laborales dignas de tal nombre.

Hay más de 1.700.000 hogares en los que todos sus miembros están en paro, un 27% de aumento con respecto al año pasado. O sea, en clara situación de pobreza o de amenaza de pobreza y de exclusión social. Aumenta también el paro de larga duración, el que supera el año, que ya afecta a casi tres millones de personas. Por tanto, las situaciones que vivimos tienden a convertirse en estructurales y así debieran de ser consideradas desde las políticas públicas. Pero desgraciadamente no se hace. El mercado de trabajo de nuestro país presenta unas características distintas al de la mayor parte de los países de la Unión Europea. Desempleo masivo muy superior a la media de la UE (24% frente a 11%), desigualdad territorial entre las comunidades autónomas (más del 33% en las del sur, Andalucía y Extremadura, frente a menos del 15% en las del norte, País Vasco y Navarra), el doble de empleo temporal y paro juvenil masivo. La temporalidad afecta más a las mujeres, a los jóvenes, a los mayores, a los inmigrantes y a las personas de menor nivel educativo. En general más a las actividades manuales no cualificadas que a las no manuales cualificadas. Factores todos ellos que abundan en la generación e incremento de desigualdades sociales.

La reforma laboral no solo no ha corregido ninguno de estos problemas, sino que ha venido a agravar todos y cada uno de ellos. Hoy tenemos un mercado de trabajo igual de dual –23% de contratos temporales– pero más precarizado, con empleos más amenazados y con más personas vulnerables; tanto en los em pleos fijos como en los temporales, en las categorías de trabajo manual y en las no manuales, entre los cualificados y los no cualificados, en los hombres y las mujeres y entre los jóvenes y los mayores. La precariedad –el precariado– entendida como situación de inseguridad y vulnerabilidad, bajos salarios, escasa protección social e incapacidad práctica para defender los derechos, alcanza a más del 50% de la población laboral, distribuyéndose de manera desigual según sexo, edad, ocupación y procedencia nacional, de forma que los trabajadores que forman el llamado precariado son mayoritariamente mujeres, jóvenes, trabajadores manuales y no manuales no cualificados e inmigrantes.

Ya no hay categorías, ni actividades ni colectivos al margen de la crisis ni del riesgo de sufrir el desempleo. La crisis y la reforma laboral nos están homogeneizando –a peor– a la fuerza. Solo 6 de cada 100 contratos que se hacen son indefinidos. La reforma laboral nos la trataron de vender diciendo que era para favorecer la contratación y fija y frenar la temporal, y lo que vemos es una destrucción de empleo generalizada y la utilización de las modalidades más precarias de contrato –temporales y a tiempo parcial– que no solo no se reducen de manera significativa, sino que aumentan, especialmente estas últimas. Frente a una destrucción de empleos a tiempo completo de 110.000 en el 2º trimestre de este año, se ha producido un aumento del empleo a tiempo parcial de 94.300 puestos de trabajo. El paro juvenil –menores de 25 años– asciende al 53,28%. La expectativa de encontrar un empleo para los jóvenes, en general, es muy baja y cuando lo logran, es con contratos de gran precariedad y salarios miserables. Para los universitarios, que hasta hace dos años encontraban trabajo con relativa facilidad, es cada día más débil –están abandonando nuestro país a marchas aceleradas–, dado que el sector público era el principal demandador de empleo para estas cualificaciones y perfiles profesionales, ya fuera en la educación, la sanidad, la judicatura, los cuerpos de inspección, la administración general, etc.

Menos empleos, de peor calidad y con condiciones de trabajo cada día más penosas. Los que hasta hoy mantienen el empleo, manifiestan cada vez más el temor a perderlo. Se les presiona para devaluar sus condiciones de trabajo bajo la amenaza de poner en riesgo su trabajo. Ello implica en muchos casos aceptar rebajas de salarios y/o categorías, aumento de horarios y modificaciones unilaterales, hacer horas extras sin cobrarlas, aumentar los ritmos, renunciar a días de vacaciones, etc. En definitiva, una degradación general y en todos los sectores de las condiciones laborales que no se producía en España en todo el periodo democrático.