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El Gobierno debe recuperar los marcos de concertación para dar un nuevo impulso

Mié, 15/07/2015 - 12:20
IGNACIO FERNÁNDEZ TOXO
Dossier

La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobó, en el pleno del pasado 7 de abril, la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020. CCOO ha hecho un gran esfuerzo durante el largo proceso de negociación para que esta estrategia saliera adelante, porque sabemos cuál es el precio de no disponer de marcos de concertación en materias tan sensibles como la salud de los trabajadores. La prueba es que durante los años en los que no hemos dispuesto de ese marco de referencia, después de finalizar la vigencia de la anterior estrategia, en España se ha producido un incremento de los accidentes de trabajo, tanto en números absolutos como relativos, en todos los sectores de actividad. Probablemente sería aventurado asegurar que dichos incrementos son consecuencia directa de la carencia de estrategia pero, sin duda, es una pieza más en un puzzle que ha devaluado las políticas de prevención en estos años.

Por otra parte, la precarización en el empleo (alta rotación, temporalidad, tiempo parcial no deseado), que ha tenido efectos desastrosos sobre el modelo de relaciones laborales de este país, dificulta enormemente la formación y la información en prevención, así como la implantación de sistemas de gestión de la prevención suficientemente eficaces. La pérdida de centralidad de la negociación colectiva también está condicionando los derechos colectivos en prevención, participación y consulta. Y muy especialmente en la determinación de las condiciones de trabajo. Es evidente además, y para nosotros especialmente preocupante, que la situación de desempleo y el miedo a perderlo condicionan los niveles de exigencia en el desarrollo de tareas y el grado de aceptación personal: retrocedemos siglos si los trabajadores y las trabajadoras admiten como inevitables unas condiciones laborales que los enferman.

El cerco a la salud de los trabajadores y las trabajadoras se completa con una fortísima presión sobre las personas con controles de absentismo que exceden lo razonable y que en muchas ocasiones fuerzan la incorporación al puesto de trabajo sin una recuperación plena. La prioridad siempre debe ser la recuperación efectiva de la salud, porque este es el bien a proteger. A esto hay que añadirle la reducción, cuando no la falta de inversión en prevención. Las empresas dan prioridad a otras necesidades al considerar la prevención como un coste prescindible y no como una inversión en calidad.

Que el factor trabajo está sufriendo una fuerte presión con las reformas laborales resulta obvio. Pero, además, conviene recordar que el Gobierno ha introducido modificaciones legales de alcance relacionadas con la prevención y los sistemas de prestaciones sin consenso y, en ocasiones, sin haber iniciado siquiera procedimientos de consulta.

Se modificó el Reglamento de los Servicios de Prevención, permitiendo la asunción personal de las actividades preventivas por los empresarios, en empresas de hasta 25 trabajadores, cuando antes solo era posible en empresas de hasta 10. Además se han modificado los requisitos de acreditación de los servicios de prevención ajenos, se ha procedido a obligar a la venta de las sociedades de prevención de las mutuas, etc.

En definitiva, se han introducido cambios sustanciales sin el necesario consenso, modificando un marco normativo que se revisó y actualizó en desarrollo de la anterior estrategia a través de mecanismos de participación de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Por todo ello, CCOO quiere poner en valor la aprobación de la segunda Estrategia Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y emplazar al Gobierno para que, en desarrollo de la misma, se recuperen los marcos de concertación en prevención que, probablemente, han sido decisivos en el diseño del modelo preventivo de nuestro país en el pasado reciente.

La estrategia no es un fin en sí misma, lo fundamental es el marco de actuación que dibuja y que incorpora a todos los agentes implicados en la prevención. Debemos por ello tomarla como un emplazamiento, al Gobierno, a las comunidades autónomas y a los agentes sociales. Esta no es una estrategia del Gobierno, su principal valor es el concurso de todos en su diseño y desarrollo. Y no se debe olvidar que las comunidades autónomas tienen competencias de ejecución, por lo que su participación debe ser fundamental.

Tras prácticamente veinte años de la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, nuestro país, y así lo reconoce la estrategia, tiene mucho que hacer todavía para mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, en los sectores y actividades de mayor riesgo, pero no solo. Son muchísimas las personas que padecen trastornos musculoesqueléticos, como consecuencia de exposiciones por movimientos repetitivos, manejo manual de cargas, posturas forzadas, etc. También son muchísimas las que día a día están en contacto con sustancias peligrosas, que pueden generar enfermedades respiratorias, alteraciones en la función reproductiva, enfermedades de la piel e incluso cáncer. En este punto es absolutamente necesario mejorar los mecanismos de detección y prevención. El subregistro en materia de cáncer laboral es importantísimo, la adopción de políticas al respecto por parte del Gobierno es prácticamente inexistente.

No podemos olvidar la existencia de trabajadores especialmente vulnerables y colectivos específicos, variables como el género, la edad y la temporalidad afectan de forma significativa a la siniestralidad y a las enfermedades laborales y son necesarias políticas específicas en ese ámbito. Es necesario promover un enfoque de género para garantizar la protección de las mujeres y asegurarnos que alcanzamos cada vez una sociedad más igualitaria y justa. Los cambios en el mercado laboral y la organización del trabajo han flexibilizado el tiempo de trabajo y las condiciones de estabilidad de los trabajadores y las trabajadoras jóvenes, lo que repercute en peo res indicadores de seguridad y bienestar físico y mental entre este colectivo. También los trabajadores y las trabajadoras de mayor edad, los de las empresas de trabajo temporal y los autónomos necesitan políticas específicas para mejorar sus condiciones de seguridad y salud.

El retroceso en los derechos laborales está provocando la aparición o agudización de riesgos vinculados a la organización del trabajo en las empresas y a las relaciones sociolaborales, por lo que desde CCOO hacemos un énfasis especial en la vinculación entre la organización del trabajo y la exposición a riesgos psicosociales. Por otro lado, hay una serie de riesgos emergentes vinculados a las nuevas tecnologías que es necesario abordar antes de que sea tarde.

Desde CCOO trabajaremos para que esta segunda Estrategia Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo no sea papel mojado y exigiremos de los distintos actores el mismo nivel de implicación, son muchos los retos que tenemos. Trabajamos por la concertación porque creemos que ese modelo es el que nos permite defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras en las empresas. Hay mucho en juego: nada más y nada menos que la salud de las personas.

*Ignacio Fernández Toxo es secretario general de la Confederación Sindical de CCOO.