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El daño silencioso

Sáb, 15/10/2016 - 12:19
VICENTE LÓPEZ
Dossier

Cuando decidimos realizar este dossier sobre plaguicidas estábamos en plena batalla para conseguir que la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) reconociera, como ya lo ha hecho la Agencia Internacional del Cáncer (IARC), que el glifosato, uno de los herbicidas más utilizados en nuestro país, es cancerígeno. Aún estamos en esa batalla, lo que es una buena noticia, porque significa que ciertos países europeos (desde luego no España) no se están plegando a las presiones del lobby agroquímico y aplican el principio de precaución. Porque digo yo: si la IARC lo ha declarado cancerígeno, debería aplicarse el principio de precaución, ¿no?

Hemos vuelto la vista hacia la exposición a plaguicidas y hemos encontrado que se trata de una realidad sobre la que se corre un tupido velo. Mientras trabajos científicos, realizados en base a la matriz empleo-exposición, estiman que hay más de 45 ocupaciones expuestas y en seis de ellas, todas del sector agrícola, los porcentajes de exposición llegan al 80%, la exposición de trabajadores y trabajadoras a plaguicidas no parece preocupar excesivamente a nadie. La afirmación más recurrente que hemos encontrado es que ya no se dan las intoxicaciones que se daban en los años 80 porque los productos más peligrosos se han retirado del mercado y se exige un carnet de manipulador, que ya por sí mismo es un buen elemento de concienciación en la agricultura. Con un carnet se arregla todo.

Sin embargo, no nos hemos quedado nada tranquilos, la mayoría de plaguicidas que manipulan los trabajadores y las trabajadoras son disruptores endocrinos, y algunos de ellos, cancerígenos; lo que sencillamente quiere decir que se enfrentan a efectos a largo plazo, de difícil vinculación con sus historias laborales cuando se produzca el daño. Si los restos de plaguicidas aparecen en nuestros alimentos quiere decir que nuestro medio ambiente está muy contaminado, pero también quiere decir que una amplia mayoría de los trabajadores y las trabajadoras del campo está expuesta a estos disruptores endocrinos que pueden tener efectos incluso en dosis muy bajas. Se olvida, además, que los trabajadores y las trabajadoras del campo suelen presentar altas tasas de precariedad, incluyen un alto porcentaje de trabajadores sin contrato. ¿No será esta otra razón para explicar esta despreocupación de las Administraciones públicas? La impresión es que está todo por hacer, pero como el daño es silencioso, todo el mundo mira hacia otro lado.