Gobierno de españa - ministerio de trabajo migraciones y seguridad socail

Defender el trabajo digno, defender la salud

Lun, 11/10/2021 - 18:13
UNAI SORDO. Secretario Confederal CCOO
Dossier

La pandemia nos ha demostrado que nuestra sociedad necesita para su supervivencia de millones de trabajadoras y trabajadores. La Fundación 1 de Mayo-ISTAS de CCOO junto con el grupo de investigación POWAH de la Universitat Autònoma de Barcelona, han analizado las condiciones de trabajo a las que se ha enfrentado la clase trabajadora a través de dos encuestas sobre “Condiciones de Trabajo y Salud” (COTS) realizadas en 2020 y 2021 y dirigidas a las personas trabajadoras que tenían un empleo.  Los resultados de ambas encuestas, con una participación superior a las 20.000 personas, no dejan lugar a dudas: la población asalariada española, especialmente la clase trabajadora, a las y los que pagan salarios más bajos, las mujeres y los jóvenes, presentan peores indicadores. Así, la pandemia ha duplicado los niveles de “alta tensión”, es decir, los trabajadores y trabajadoras tienen más trabajo del que puede hacer en el tiempo asignado y a la vez tienen un bajo control sobre el mismo, lo que supone poca influencia en la toma de decisiones y pocas posibilidades de aplicar habilidades y conocimientos. Esta situación de exposición, desfavorable para la salud cardiovascular y mental, es mucho peor entre aquellas y aquellos trabajadores empleados en puestos de ejecución, llegando a afectar a casi el 70% de ayudantes de cocina o preparadoras/es de comida rápida , de camareros/as o de gerocultoras o trabajadoras/es en tiendas de alimentación y productos básicos. Además, el grueso de la población asalariada, especialmente quienes tienen salarios más bajos, presenta una elevada preocupación ante la posibilidad de no encontrar otro trabajo si pierden el actual, temen los  cambios en el salario, las tareas, el lugar de trabajo o el horario, exponiéndose a una alta inseguridad. Preguntados por su salud, muestran un empeoramiento durante la pandemia y un alto riesgo de mala salud mental; así como un importante aumento del consumo de fármacos (tranquilizantes, sedantes o somníferos). Los resultados de las dos oleadas de la encuesta s muestran con claridad que las condiciones de trabajo a las que se enfrenta una parte importante de la clase trabajadora en España son negativas y son un foco de empeoramiento  dela salud de las personas.

Unai Sordo

Existe una fuerte evidencia científica sobre cómo estas condiciones laborales afectan a la salud. Toda una corriente de investigación internacional, cuya cara más conocida es el epidemiólogo británico, Michael Marmot, muestra que los determinantes sociales de la salud son la “causa de las causas”  de los problemas de salud. La Comisión de Determinantes Sociales de la Salud (CDSS) de la Organización Mundial de la Salud los definió en el año 2008  como “las circunstancias en las que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen, incluido el sistema de salud”. Estas circunstancias son el resultado de la distribución de poder y de los recursos a nivel mundial, nacional o local, que depende a su vez de las políticas adoptadas, entre ellas las políticas económicas o las políticas sociolaborales. Con ello se establece un claro vínculo entre las condiciones de trabajo y de vida y la salud de las personas.  Las desigualdades sociales se traducen en desigualdad y se observa con una claridad atroz en los estudios sobre esperanza de vida o esperanza de vida saludable que muestran un gradiente social directo: menor esperanza de vida conforme más baja sea la clase social a la que se pertenece.

Para la inmensa mayoría de la población cuyas rentas dependen del trabajo existe una causalidad directa entre la mejora de las condiciones de trabajo  y las condiciones en las que se vive (acceso a la vivienda, acceso a rentas suficientes, sistemas sanitarios y educativos universales de calidad…) y esas condiciones de trabajo y vida están directamente relacionadas con los niveles de salud y, por qué no decirlo claro, con la esperanza de vida y con la esperanza de vida saludable.

¿De qué dependen estas condiciones de trabajo y de vida? En el nivel micro de las prácticas empresariales de gestión laboral y, por supuesto del marco de relaciones laborales en las que se encuentran inmersas. También de los sistemas de redistribución del ingreso, tanto desde la óptica del gasto como del ingreso públicos.  Desde esta perspectiva, las reformas laborales han debilitado, individual y sobre todo colectivamente, el poder contractual de la clase trabajadora, acelerando el proceso de desregulación, individualización y mercantilización de las relaciones laborales y de empleo. Este proceso de desregularización se ha producido dentro de una estructura productiva cuya estrategia competitiva se ha basado históricamente en el precio y no tanto en la diferenciación del producto y servicio en el mercado, con una baja capitalización del puesto de trabajo y un escaso dinamismo en inversiones en I+D+i. Todo ello ha generado un marco propicio para el crecimiento de la precariedad laboral que ha afectado en mayor grado a aquellos colectivos más vulnerables, con menor capacidad de negociación, como son los y las jóvenes, las mujeres, o las personas migrantes.

Este empeoramiento en las condiciones de trabajo se visibiliza no solo en mayores niveles de contratación temporal o a tiempo parcial, sino también, sea cual sea el tipo de contrato, en  bajos salarios, en jornadas extensas, en escasas medidas de protección frente a los accidentes de trabajo (los trabajadores con contrato temporal presentan una incidencia de accidentes de trabajo que duplica a la de aquellas personas que tienen un contrato indefinido), en mayores ritmos de trabajo, en escasas posibilidades de desarrollo profesional, en bajos niveles de participación en el trabajo, en mayores exigencias de disponibilidad,… Son precisamente estas condiciones las que determinan el aumento de los riesgos psicosociales en el trabajo, y con ellos las probabilidades de enfermar.

Por ello el sindicalismo de clase reivindica en los procesos de diálogo social el aumento del Salario Mínimo Interprofesional, o la derogación la reforma laboral de 2012, unido al fortalecimiento de las políticas activas de generación de empleo, así como el desarrollo de medidas que buscan el mantenimiento de las rentas de las personas trabajadoras ante distintas contingencias (pensiones, prestaciones y subsidios por desempleo…). Pero, como hemos dicho, la salud no solo se mejora en el terreno sociolaboral, también en los procesos de redistribución del ingreso que no solo nutren de fondos de nuestros sistemas de protección social, sino de nuestro sistema educativo o sanitario. La salud también depende de cómo sean de progresivas o regresivas las políticas fiscales.

La pandemia puso en evidencia que no hay economía sin salud.  De ahí la importancia de la fortaleza del sindicalismo de clase, cuyo fin es promover los cambios productivos, sociales y económicos necesarios para tener una sociedad más democrática, sostenible, justa y saludable. La conclusión es muy sencilla, cuando desde el sindicato estamos hablando de incrementar salarios y seguridad laboral, de SMI, de reducir la temporalidad, de aumentar plantillas, de cambiar procesos productivos o de servicio, de aumentar la participación de los trabajadores en las decisiones relativas a sus trabajos, de reducir las exigencias de disponibilidad  o de derogación de la reforma laboral, de una mayor contribución fiscal de las rentas más elevadas o de mejorar nuestro Estado del Bienestar, lo que estamos defendiendo no es solo una mayor justicia económica y social, estamos defendiendo la vida y la salud de la gente. ¿Hay algo más importante que eso?