Como en tantos otro sectores, la pandemia del conoronavirus ha servido para mostrar como la mercantilización de los cuidados pasa facturas muy elevadas. Los servicios de prevención que han de velar por la salud de los trabajadores y trabajadoras son parte de esos cuidados y en la actual situación nos encontramos con un funcionamiento muy desigual. Hemos contactado con empresas y con servicios de prevención para conocer la variedad de situaciones que se están dando. El relato anónimo de los técnicos de prevención sobre sus condiciones de trabajo es demoledor.
David Amaya es delegado de prevención y coordinador de Contratas Ferroviarias de Andalucía y Extremadura de CCOO. Su acción sindical abarca unas 20 empresas que dan trabajo a unas 1000 personas de los sectores de limpieza y atención al cliente, su experiencia en esta crisis ofrece una buena radiografía de la situación: “Nos pusimos en marcha muy pronto, a principios de marzo. Más o menos con la mitad de las empresas hemos podido acordar procedimientos de actuación y los Servicios de Prevención han respondido adecuadamente. En la otra mitad de las empresas no hemos encontrado a nadie con quién interlocutar en el Servicio de Prevención” afirma David.
Si los Servicios de Prevención Ajenos (SPA) fallan, se quiebra la cadena que ha de proteger la salud de quienes siguen en activo. Aurelio Martín, delegado de prevención en una empresa de ingredientes de panadería que tiene un centenar de trabajadores, denuncia que el Servicio de Prevención, uno de los grandes, se llamó a andana cuando la representación legal de los trabajadores le pidió que evaluara los riesgos: “La empresa no nos ha dejado participar en la elaboración de ningún protocolo. Se nos ha mantenido apartados de toda toma de decisiones. Nos hemos dirigido al Servicio de Prevención, que por ley tiene que atendernos y lo mismo: nos han dicho que la evaluación de riesgos no era necesaria y que tampoco era necesario utilizar EPIS. Hemos insistido porque hay puestos de trabajo donde no se puede mantener la distancia de seguridad y ahora nos dicen que han hecho una nueva evaluación, de nuevo, de espaldas a la representación legal de los trabajadores”.
La experiencia de Juan Antonio Caravaca, secretario general en la provincia de Sevilla de CCOO-Industria, tampoco es positiva: “En una obra que Dragados y Construcciones está haciendo para Amazon en Dos Hermanas, detectamos que no se estaban poniendo medidas preventivas aun habiendo dado positivo algunos trabajadores y nos pusimos en marcha colaborando con la Federación de Construcción. Ninguno de los Servicios de Prevención nos hizo caso, y finalmente la empresa amenazó a los trabajadores que denunciaran los hechos a los sindicatos con despedirlos, por lo que hemos demandado a la empresa por vulneración de derechos fundamentales”.
Carmen Mancheño, Secretaria de Salud Laboral de CCOO- Madrid, denuncia que un Servicio de Prevención que está atendiendo de forma genérica y somera a los trabajadores ha enviado junto a los correos informativos sobre coronavirus, un folleto en el que ofrecen hacer una reserva para comprar test de autodiagnóstico de COVID19: “No hacen su trabajo como Servicio de Prevención pero se adelantan a una oportunidad de negocio” critica Mancheño. Una trabajadora, que casualment pertenece a ese servicio de prevención que refiere Mancheño, denuncia la incongruencia que supone cobrar las evaluaciones de riesgo por coronavirus: “Yo al principio pensaba que esas evaluaciones, dada la situación actual la empresa las estaba realizando de manera gratuita pero no, me acabo de enterar que se están cobrando a las empresas clientes, como evaluaciones extraordinarias”.
Nuria Martínez Barco, secretaria de Condiciones de Trabajo y Salud Laboral de CCOO-Andalucía denuncia que la Junta de Andalucía está dando instrucciones que todavía confunden más a todos los agentes que están interviniendo en esta emergencia para proteger la salud de las personas trabajadoras: "Nos hemos encontrado con Servicios de Prevención que han tardado dos semanas en proporcionar unos mínimos protocolos de actuación a las empresas. Si ellos ya van despistados, a eso hay que añadirle las instrucciones de la Junta de Andalucía que no sólo elude sus responsabilidades escudándose en el gobierno central, como si no tuvieran competencias, sino que es capaz de emitir instrucciones por escrito donde se llega a decir que a las personas de grupos sensibles, si no tienen síntomas, no es conveniente tramitarles la incapacidad laboral. En fin, un despropósito".
Los resultados de la mercantilización de la prevención
La explicación de esta situación hay que buscarla en un modelo que introduce la guerra de precios es un sector como el de la prevención de riesgos laborales: “Llevamos mucho tiempo denunciando que la mercantilización de la prevención no funciona y ahora vemos que cuando se han reventado precios y precarizado plantillas, no se llega a atender las demandas de las empresas que mantienen su actividad en una situación como la actual. Son deficiencias que se daban antes y que ahora se hacen más evidentes”. Quien así lo explica es Ángeles Balué, responsable de Salud Laboral de la Federación de Servicios de CCOO donde se integran las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social y los Servicios de Prevención.
En esta situación algunos Servicios de Prevención han presentado ERTES. La Federación de Servicios de CCOO ha reaccionado con contundencia frente a aquellos que incluían personal sanitario: “Los servicios de prevención ya tienen una sobrecarga de trabajo brutal, pero es que además, en este momento, precisamente, el personal sanitario no es el que sobra. Sin embargo, nos hemos encontrado con empresas que han presentado ERTES con personal sanitario y estamos a la espera de ver cómo se pronuncia la autoridad laboral” explica Angeles Balué. Recientemente la Federación de Servicios de CCOO presentó los resultados de la primera Encuesta de Condiciones y Cargas de Trabajo en los Servicios de Prevención en la que han participado más de 2100 profesionales del sector: “Más del 89% tiene la sensación de no llegar a tiempo para cumplir con el trabajo que se le asigna y que, por mucho que le dedique, resulta imposible conseguirlo y casi el 88% considera que los medios que la empresa pone a su disposición para atender las demandas de los clientes no son suficientes lo que evidencia el elevado nivel de carga de trabajo que tienen que soportar” remarca Ángeles Balué.
El problema lo plantea, en toda su crudeza, el personal técnico de los servicios de prevención que están a la espera de ver cómo resuelve la autoridad laboral los ERTES presentados por sus empresas: “Si ya no llegamos a cubrir lo que tenemos encima de la mesa, no me quiero ni imaginar cómo vamos a hacer frente a esta situación con una reducción del 70% de nuestra jornada que es lo que ha planteado la empresa” explica Pablo, un nombre ficticio para un técnico superior de prevención que lleva desde 2003 viendo como su actividad profesional se deteriora año tras año por la sobrecarga de trabajo y que para proteger su empleo necesita permanecer en el anonimato.
“Todo empezó a deteriorarse cuando salimos del paraguas de las mutuas. Mi grupo empresarial ya ha sido comprado dos veces por dos fondos buitres distintos. Sólo les importa que cada técnico alcance los 90.000 euros de facturación. Saben que el trabajo no lo vas a poder hacer pero a ellos les da igual. Al final si hay algún problema te van a responsabilizar a ti que eres quien firmas el informe” explica este técnico de prevención, que sufre, como otros muchos trabajadores, por no poder hacer bien su trabajo. Pablo lleva 95 centros pero él es un privilegiado porque tiene una cartera que conoce muy bien y tienen precios antiguos, por lo que se mantiene con menos firmas: “lo normal es que cada técnico lleve más 200 centros de trabajo” afirma. La exposición a riesgos psicosociales de los trabajadores y trabajadoras de este sector es tremenda: “el año pasado conseguimos que se aplicara el ISTAS-21 y los resultados fueron que el cien por cien de la plantilla estaba en la peor de las situaciones en cuanto a carga de trabajo”.
Con 17 años de experiencia en el sector, Pablo no cree que su empresa sea algo particular: “Yo creo que en las actuales condiciones no hay ninguna empresa que lo haga bien. De hecho, cuando los compañeros se van a un Servicio de Prevención Propio y tienen que contratar algún trabajo a un Servicios de Prevención Ajeno, la situación general es que no saben a quién acudir porque son perfectamente conscientes de cómo se están haciendo las cosas”. “Cuando estábamos en las mutua, a veces íbamos tres técnicos a una empresa pero ahora mandan a uno y a veces casi sin experiencia” concluye mientras transmite, en su tono de voz, una fuerte sensación de impotencia.
Cecilia, también un nombre ficticio, trabaja en una empresa distinta a la de Pablo pero corrobora su discurso: “Yo llevo 180 centros porque coordino a nivel estatal una empresa con más de 700 sucursales. Lo normal es que cada técnico lleve unos 240 centros de trabajo”. Cecilia lleva siete años en el sector y hasta hace dos años trabajaba cada día hasta las diez de la noche. Hace dos años que decidió dejar de hacer horas extras que nadie le remuneraba: “En las reuniones mensuales, además de justificar nuestro trabajo técnico hemos de dar cuenta de cuántos servicios hemos vendido. Y es lo que yo digo: a un técnico le has de juzgar por la calidad de su trabajo pero no por lo que venda. ¡Hemos llegado hasta a vender EPIS y reclamar facturas impagadas! Para nosotros es desesperante. En las actuales condiciones de sobrecarga de trabajo, te cuesta muchísimo hacer un informe con el que estés medio satisfecha. Y al final eres tú la que firmas y tú la responsable ante cualquier problema que surja” explica Cecilia. “Cuando en la empresa existe representación legal de los trabajadores y estos delegados de prevención disponen de formación en salud laboral nos encontramos con una gran ayuda. Si no están ellos y ellas, tú haces la visita con la dirección de recursos humanos y ningún trabajador te dice nada porque vas con la Santa Inquisición” explica esta técnico de prevención que también es delegada de prevención de CCOO en su empresa.
Con la pandemia de COVID-19 esto es una locura añade Cecilia: “desde que se decretó el confinamiento, he podido dedicar media hora a algo que no sea el coronavirus”. En su empresa no han planteado aún ningún ERTE “pero está en el ambiente” afirma Cecilia.
Rafael Pérez, responsable de mutuas y Servicios de Prevención de la Federación de CCOO-Servicios insiste en que la crisis del coronavirus ha sacado a flote un problema de fondo: “lo que esta situación viene a corroborar una vez más es que el modelo necesita una revisión en profundidad. Un modelo que se basa exclusivamente en la mercantilización, y por tanto, en obtener beneficios cuantos más mejor, se muestra en toda su crudeza en una situación como la actual. Sin embargo, esto viene de antes. Las elevadísimas cargas y ritmos de trabajo que tienen los profesionales de los servicios de prevención les imposibilita hacer bien su trabajo”.
Según Rafael Pérez, las normas legales que regulan la carga de trabajo en los Servicios de Prevención – tanto de técnicos como de sanitarios- establecen unas ratios que son dificilísimas de aplicar: “la orden ministerial que hace referencia al personal técnico habla de medias y te puedes encontrar que un director general que no lleva ninguna empresa pero que tiene el título de técnico de prevención y está contando a la hora de repartir el ratio”. “Por otro lado -continua Rafael Pérez- el RD 843 de 2011, que es el que regula los medios humanos en el ámbito sanitario, establece que ha de haber una unidad básica de salud en cada Servicio de Prevención Ajeno compuesta por un profesional de medicina del trabajo y de enfermería del trabajo. Dos recursos sanitarios más o menos por cada 2500 trabajadores atendidos. La realidad es que no hay tantos profesionales con esa cualificación y la situación se va a agravar en los próximos años porque no se están ofreciendo las especialidades de salud laboral, ni en el MIR ni en el EIR, que es el equivalente al MIR para la enfermería. Los profesionales que ahora están trabajando, la mayoría próximos a los 60 años, obtuvieron el título de especialidad a través de una habilitación especial, y se jubilarán, sin repuesto, en un plazo de 5 o 6 años”.
Parece que las administraciones sanitarias que deciden qué unidades formativas ponen en marcha en los hospitales dejan de lado la salud laboral. CCOO lleva años exigiendo al Ministerio que si queremos dar una respuesta de calidad a la vigilancia de la salud en las empresas tiene que haber profesionales cualificados que hagan ese seguimiento y esa evaluación permanente.
Otro problema para exigir que las plantillas de los SPA sean las adecuadas es que no hay quien vigile que se cumple la ratio más allá del momento en que un SPA recibe la acreditación de la autoridad laboral. Lo explica Rafael Pérez: “Mantener esa vigilancia es prácticamente imposible porque las empresas son de ámbito estatal pero únicamente la autoridad laboral de la comunidad autónoma donde el SPA tiene su domicilio social es la competente para investigar que sigues cumpliendo con esos requisitos. No hay un mecanismo de comunicación entre comunidades autónomas que permita ejercer una vigilancia real sobre si los SPA disponen de los recursos personales que son exigibles para realizar una gestión de calidad. Al final todo descansa sobre un equipo profesional sobreexplotado que personalmente se enfrente a situaciones de mucha tensión”.
Ángeles Balué, la responsable de Salud Laboral de la Federación de Servicios de CCOO, resume la situación del sector: “no podemos esperar que los servicios de prevención salven el barco de la salud laboral si no conseguimos condiciones de trabajo dignas para que esos profesionales puedan hacer con la calidad exigible su trabajo”.
