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Casi la mitad de la población asalariada sigue trabajando en condiciones de “alta tensión”

Mié, 13/10/2021 - 08:44
BERTA CHULVI
Dossier

Según los datos de la primera encuesta COTS, el porcentaje de personas que en la primera ola de la pandemia trabajaba en situaciones de “alta tensión” se había duplicado en relación con los valores de 2016. La segunda edición de la encuesta COTS, realizada por ISTAS-CCOO y el grupo POWAH-UAB, muestra que ese porcentaje tan elevado de la población que trabaja en condiciones de alta tensión se mantiene un año después del estallido del brote.

trabajadora en situación de alta tensión

En salud laboral se le llama trabajar a alta tensión cuando las exigencias en el trabajo son altas, es decir, se tiene más trabajo del que se puede hacer en el tiempo asignado y a la vez, se tiene un control bajo, es decir, la persona trabajadora tiene poca influencia en la toma de decisiones sobre sus tareas y pocas posibilidades de aplicar habilidades y conocimientos y aprender nuevos al realizarlas. Como explica Clara Llorens Serrano, una de las autoras del informe, socióloga de ISTAS-CCOO y miembro del grupo POWAH-UAB, “se trata de un indicador importante porque, desde finales de los años setenta del siglo pasado, se están realizando investigaciones en todo el mundo que demuestran que, si se trabaja a alta tensión la cardiopatía coronaria puede ser entre un 17 y un 31% más frecuente, el infarto entre un 22 y un 58% más frecuente y padecer depresión un 77% más frecuente, es decir, estamos hablando de un grave problema de salud laboral y salud pública. Me explico, por poner un ejemplo, en enero de este año, se publicaban para la Unión Europea las fracciones atribuibles a trabajar con altas exigencias y bajo control, y los resultados eran que un 17% de las depresiones y un 4% de las enfermedades cardiovasculares tendrían que ver con la alta tensión”.

“Para poder comparar la situación actual disponemos de datos anteriores -explica Clara Llorens Serrano- ya que en la tercera Encuesta de Riesgos Psicosociales de ISTAS-CCOO, realizada en el año 2016, se aplicaron los mismos instrumentos de medida y se estimó que un 22,3% de la población asalariada en España estaba en situación de alta tensión, mientras que en los resultados de la primera encuesta COTS, al principio de la pandemia, este porcentaje prácticamente se había duplicado, alcanzando el 44,3%. En la segunda edición de la encuesta COTS, la de mayo de 2021, vemos que ese porcentaje persiste, no ha variado prácticamente, subiendo 1,5% y situándose en el 45,8% (Figura 17)”. “También vemos – añade Llorens que  aunque el porcentaje de mujeres a alta tensión (47,4%) es un poco superior al de hombres (44,1%), estos se han igualado a peor, durante el último año. Y las importantes desigualdades de clase ocupacional permanecen: 1 de cada 2 trabajadores y trabajadoras en puestos de ejecución están expuestos a alta tensión (53,3%), exposición que se reduce a 2 de cada 5 entre los no manuales (38,5%)”.

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Un buen ejemplo de estas desigualdades de exposición son los datos de la Figura 18, en la que se observa como la alta tensión es más prevalente en los puestos de trabajo que son una extensión del trabajo doméstico y del de cuidados, menos valorados socialmente y muchos de ellos ampliamente feminizados. En la mayoría de estos puestos, más de la mitad de trabajadoras y trabajadores está expuesta a alta tensión, en algunos de ellos casi las tres cuartas partes como en el de gerocultora o auxiliar de geriatría (68,6%), cajero/a, reponedor/a, dependiente/a en tiendas de alimentación y productos básicos, supermercados, hipermercados (65,7%) o en el de ayudante de cocina o preparador/a de comida rápida (69,8%).

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Estos datos, según Clara Llorens Serrano, evidencian, por un lado, las desigualdades estructurales de clase y género en la exposición a riesgos psicosociales y por otro, la falta de prevención de los riesgos psicosociales en estos puestos. “El problema para la salud del que estamos hablando -explica la socióloga- , no es lo qué haces, sino cómo te obligan a hacerlo. No es que los puestos de supermercados y tiendas de alimentación tengan por naturaleza altas exigencias cuantitativas y bajo control, sino que ello depende de cómo se organice el trabajo, depende de las prácticas de gestión laboral que se apliquen. Y durante la pandemia se ha continuado con una organización del trabajo arcaica, autoritaria, taylorista, poco participativa que son las características de los métodos de trabajo que se aplican en estos puestos desde hace muchos años y que provocan una exposición nociva al bajo control. A lo que se le suma la falta de personal derivada de las plantillas ajustadas, la mala planificación de tareas en términos de cantidad, calidad y tiempo, a lo que se añade las carencias en las tecnologías y procesos, carencias todas ellas agravadas con la pandemia, y que estarían en el origen de las altas exigencias”. Clara Llorens apunta que “el caso de la geriatría es un buen ejemplo, llevan años exigiendo aumentar las plantillas, bajar las ratios y cambiar la organización del trabajo que ha estandarizado en “rutas” el trato con los y las mayores como si fueran tornillos y que claramente es causa de sufrimiento tanto para las trabajadoras como para las personas usuarias”.

Pero, según la socióloga, “ni antes ni durante la pandemia, han cambiado esas condiciones de trabajo tan nocivas para su salud, porque no cambian las prácticas de gestión laboral que se les aplican, porque en las empresas no se hace, ni desde las administraciones se exige, la prevención de riesgos laborales, que supone actuar en el origen de la exposición nociva, es decir, cambiar esas prácticas. Las trabajadoras y trabajadores tenemos ese derecho, exigir ese cambio de prácticas desde la publicación, en 1996, de la Ley de prevención de Riesgos Laborales, concretamente de su artículo 15. Esa falta de actuación es inaceptable socialmente, porque la factura de la precarización de las condiciones de trabajo, de caminar empresarialmente por la senda de la vía baja, haciendo beneficios a corto plazo a costa de condiciones de trabajo que merman la salud a la población trabajadora, la pagamos siempre las mismas en términos de pérdida de salud y de PIB gastado en sanidad pública”.

Clara Llorens Serrano concluye que “es inadmisible que ante problemas conocidos no se haga nada”. “Hemos identificado la exposición de trabajadores y trabajadoras a condiciones de trabajo nocivas, que sabemos desde el siglo pasado, que son nocivas para la salud y no sólo no se cambian estas condiciones de trabajo, sino que se multiplican de manera desigual. Es inaceptable socialmente la exposición constante y creciente de trabajadoras a condiciones de trabajo con alta nocividad. Todavía no conocemos suficientemente los mecanismos de la pandemia y vamos actuando asumiendo las incertezas, pero  es inadmisible, que no se haga nada ante riesgos conocidos, que multiplican las desigualdades en salud”, concluye esta investigadora.