Gobierno de españa - ministerio de trabajo migraciones y seguridad socail

Adrián González, Solo les preocupa reducir el coste de la incapacidad temporal y lo van a hacer a las bravas

Mar, 15/04/2014 - 12:20
BERTA CHULVI
Dossier

El inspector de Trabajo Adrián González, que entre 2006 y 2012 fue subdirector de Prevención de Riesgos en la Dirección General de la Inspección de Trabajo, analiza en esta entrevista el anteproyecto de Ley de Reforma de la Seguridad Social y apunta que se están dando los últimos pasos hacia la privatización total del apoyo que reciben las empresas en prevención de riesgos laborales.

¿Qué es lo que más le llama la atención del anteproyecto?
Quizás lo más llamativo es que se plantee descaradamente, sin eufemismos, que el objetivo es reducir el coste de la incapacidad temporal (IT) desde una lógica economicista, que no tiene en cuenta el derecho a la salud de los trabajadores. El Gobierno lo dice abiertamente en la página diez de la memoria del análisis del impacto normativo del proyecto de ley: “Dicha modificación y mejora permitirá reducir el gasto de la referida prestación”. Ese es su objetivo y punto. Yo creo que se les ha escapado. No han tenido ningún pudor. Piensan que dotando a las mutuas de más competencias a la hora de proponer el alta del trabajador lo van a conseguir. Cuando lees una manifestación de este estilo, lo inmediato es irse a los datos de la Seguridad Social para ver qué está pasando con la IT. A ver si está sucediendo algo escandaloso y el coste se ha disparado, y lo que te encuentras es todo lo contrario.

Desde 2009 hasta 2013, el índice de incidencia media mensual de IT por cada 1.000 trabajadores con prestaciones reconocidas ha descendido, pasando de 27,4 en 2009 a 18,38 en 2013. Se ha reducido en 9 puntos. Y además quien mejor lo ha hecho ha sido el INSS y no las mutuas. El INSS, que en estos momentos gestionará directamente un 31% de los trabajadores, ha pasado en ese periodo de 26,58 incapacidades por cada 1.000 trabajadores a 14,64. Las cifras de las mutuas, con un 69% de los trabajadores aproximadamente, son más altas: 28,07 en 2009 y 20,60 en 2013. Otro tanto cabe decir de la duración media de los procesos, que en el total nacional se ha reducido en ese período de 38,11 a 36,38, siendo la reducción más importante en los procesos gestionados por el INSS, 3,29 días, en tanto que en las mutuas ha aumentado en 0,67 días. Es decir, que ese ahorro en prestaciones de incapacidad temporal no se justifica por razones económicas y, desde luego, no parece que las mutuas gestionen mejor ese aspecto. Entonces, ¿por qué le pasan esa gestión a las mutuas? ¿Lo están haciendo mucho mejor? Los datos dicen que no.

El anteproyecto plantea que las mutuas propongan el alta y si en cinco días el médico no ha contestado, el trabajador será dado de alta, ¿qué opina?
Es un sinsentido. La justificación de la medida, según el propio texto, es que en la actual situación pasan diez días y muchos médicos no contestan. Y en lugar de preguntarse por qué no contestan y en todo caso alargar el plazo de respuesta, lo que hacen es que acortan el plazo y le dan sentido afirmativo al silencio del médico. Es evidente que si no están pudiendo responder en diez no lo van a hacer en cinco. Hay una problemática compleja de por qué están tardando en contestar que ni siquiera se paran a analizar. ¿Qué lógica tiene una medida así? Lo único que se puede pensar es que quieren reducir el coste de la IT y lo van a hacer a las bravas.

¿Qué podrá hacer el trabajador que se encuentra de alta sin estar en condiciones?
Tendrá que acudir a la Inspección Médica del INSS e impugnar el alta. Y esto puede generar un montón de conflictos en las empresas. En las empresas se van a producir problemas porque el trabajador puede recurrir el alta, pero con la regulación que han hecho se supone que la reincorporación a la empresa es automática. ¿Qué va a pasar cuando el trabajador haya impugnado? Falta un desarrollo reglamentario y veremos qué plantean, pero desde luego se incrementa la inseguridad para el trabajador y para la empresa.

¿De quién será la responsabilidad si un trabajador tiene un accidente o fallece tras un alta manifiestamente indebida?
Este es otro ámbito en el que el anteproyecto genera confusión, porque plantea un conflicto entre médicos: el médico de la mutua que propuso el alta y el del servicio público de salud que no contestó en el plazo de cinco días.

Además el anteproyecto obliga a las mutuas a vender las sociedades de prevención antes del 31 de diciembre.
Este es otro de los problemas mayores. Es un disparate que se les obligue a las mutuas a hacer algo que no hacen bien y que no está en su tradición histórica (perseguir a los trabajadores de baja por IT y dar altas) y se les prohíba hacer lo que sí saben hacer y han hecho toda la vida, que es actuar en el campo del accidente de trabajo y la enfermedad profesional, no solo desde el pago de las prestaciones sino desde el desarrollo de actividades preventivas. Al obligar a las mutuas a vender las sociedades de prevención no solo se va a malvender al sector privado unas sociedades cuyo patrimonio es público –que se ha generado con aportaciones de la Seguridad Social–, sino que se va precarizar muchísimo la calidad del asesoramiento que reciben las empresas en materia de prevención. Desde la Inspección, la experiencia que tenemos es que la calidad del servicio que han dado las sociedades de prevención está a años luz de la que han dado los servicios de prevención ajenos.

Según usted, ¿este es el final de un proceso de privatización de la prevención que se inició hace tiempo?
Sí. Con la implantación de la Ley de Prevención de 1995, ya se les quita a las mutuas bastantes competencias en este sentido, al crear los servicios de prevención ajenos. Este es un primer paso hacia la privatización total de una tarea muy importante que es el apoyo y asesoramiento de las empresas en materia de prevención de riesgos laborales. La directiva europea permitía a la empresa recurrir a apoyo externo, pero no la obligaba. Desde mi punto de vista, sacar la prevención de las mutuas y derivarlo hacia los servicios de prevención ajenos ya fue un error, porque tenía sentido que quien pagaba la prestación se ocupara de la prevención y porque las mutuas, al estar controladas por el Estado, no actúan nunca con una lógica puramente mercantil, o al menos se les puede exigir que no lo hagan. El segundo paso hacia la privatización del apoyo que reciben las empresas en materia preventiva es el de obligar a las mutuas a crear las sociedades de prevención. Si no se hubieran creado los servicios de prevención ajenos, este paso no hubiera sido necesario. Ahora este proceso se completa diciéndole a las mutuas: señores, ustedes ya no se van a dedicar a la prevención de riesgos y han de vender las sociedades de prevención en pocos meses. Hasta se les cambia el nombre y pasan a denominarse “Mutuas de la Seguridad Social”.

Pero las sociedades de prevención ya eran independientes de las mutuas.
Sí. Es cierto que las sociedades de prevención tenían su propio patrimonio y se habían desligado formalmente de las mutuas, pero la influencia de las mutuas sobre las sociedades de prevención era importantísima: todo el personal de las sociedades de prevención venía de las mutuas y aprovechaba todo un bagaje y toda una experiencia histórica de las mutuas como entidades conocedoras de los problemas relacionados con la prevención de riesgos laborales. Ahora se les dice: os vais a dedicar a otras cosas. Para salvar la situación se menciona en el anteproyecto que va a haber una actividad preventiva de las mutuas, pero no se concreta cuál, y desde luego aparece como una actividad residual. Lo que yo no acabo de entender es que se les despoje a las mutuas de lo que era su función esencial y se les convierta en meros gestores de las prestaciones de la Seguridad Social. En 1995 salíamos de una crisis y se optó por un modelo preventivo barato que externalizaba la prevención y creaba un sector privado en torno a ella que no ofrecía un servicio de calidad porque trabajaba a la baja en materia de costes. Ahora nos encontramos que se está aprovechando la crisis actual para saldar las sociedades de prevención porque la prevención de riesgos no les importa lo más mínimo.