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Universal suspende, el resto de las mutuas y el ministerio a examen

Lun, 15/10/2007 - 12:19
NEUS MORENO
Debate

A principios de agosto el Juzgado Anticorrupción de Barcelona intervenía la Mutua Universal -la tercera de España por ingresos y afiliados- por supuesto fraude a la Seguridad Social. Paralelamente también conocíamos, y siempre a través de los medios de comunicación, que la Intervención de la Seguridad Social había emitido un informe "no favorable" sobre las cuentas de 2006 por considerar que 24 millones de euros gastados no se ajustaban a la legalidad.

A lo largo de los días se ha ido completando la información. Empresas filiales (o creadas) por la mutua, con participación de directivos o exdirectivos de la Universal, se ven beneficiadas por actividades que les deriva la Mutua. Compra de inmuebles que después se vendían a la mutua a precio muy superior, facturación no suficientemente justificada, precios excesivos en la facturación de actividades (por encima de mercado) y salarios elevadísimos de los equipos directivos de la Mutua. En fin, una larga relación de supuestos hechos que suponen malversaciones de fondos públicos. En proceso penal están imputados 5 directivos, y en el proceso administrativo se implica hasta casi 70 directivos o exdirectivos. Todo empeorará, si se confirma, el hecho de que la Mutua sea la que sufrague la defensa jurídica de los imputados. Esperemos que Seguridad Social no lo autorice. Hasta aquí una pequeña parte de lo que se comienza a conocer.

Para CCOO los hechos son gravísimos. Evidentemente, como ya hemos mostrado en nuestros diferentes comunicados públicos sobre el tema, apoyamos que tanto el proceso judicial como la intervención administrativa de Seguridad Social llegue hasta al final. Apoyaremos y nos comprometeremos a que se investigue a fondo por la vía penal el fraude y las personas responsables de él, y que se actúe contra ellas. Es por ello que CCOO ha decidido personarse en la causa como acusación particular.

Pero también es muy importante el proceso administrativo, ya que Seguridad Social debe garantizar con sus medidas cautelares la reconducción de la situación y la transparencia y legalidad en el uso de los recursos públicos de la Mutua. Todo parece indicar que la gestión cotidiana de los servicios que la Mutua presta a 400.000 empresas y millón y medio de trabajadores y trabajadoras asociados, está garantizada, así como que este proceso no tendrá ninguna repercusión sobre la actual plantilla de Mutua Universal, pero en todo caso las medidas cautelares que dicte Seguridad Social han de garantizar totalmente estos aspectos.

Vale la pena recordar que a finales de 2006 la Secretaría Estado de la Seguridad Social (organismo que regula los criterios de colaboración de las mutuas y controla su actuación y gestión) subscribió con las mutuas un Código de Buenas Prácticas y transparencia en el que éstas se comprometían a eliminar las actuaciones irregulares que pudieren menoscabar el patrimonio de la seguridad social o que otorgaran beneficios a las empresas por encima de las prestaciones reglamentarias. En definitiva se comprometían a cumplir la ley y se reconocía, aunque no implícitamente, la existencia de prácticas no legales, hasta el momento, en el sector. No parece que este código esté surtiendo efecto.

Lo ocurrido con la Universal ha puesto en evidencia la debilidad del sistema de control que existe sobre las Mutuas y la opacidad con la que hasta ahora se han venido gestionando. Está claro que el actual sistema de auditoria no funciona como debiera. Y para muestra un botón. La auditoria provisional de la Universal del año 2005 era favorable con alguna pequeña salvedad.

El otro mecanismo de control social existente en las mutuas son las Comisiones de Control y Seguimiento, organismo en el que participamos las organizaciones sindicales y patronales. Siempre hemos denunciado sus limitaciones y la dificultad de conocer realmente lo que hacen las mutuas y como lo hacen. En la práctica no existe capacidad de influir sobre su gestión y actividad. Constituyen un sucedáneo de una verdadera participación de los agentes sociales. En el caso de la Mutua Universal se han podido verificar todas estas limitaciones. La Dirección de la Mutua se negó a convocar una reunión extraordinaria de la Comisión de Control y Seguimiento solicitada por CCOO al tener conocimiento de los hechos. Únicamente se nos convocó a finales de agosto, tras la insistencia de CCOO y nuestra denuncia pública en los medios de comunicación, y la información que se nos ofreció fue totalmente parcial y limitada.

Comisiones Obreras viene manteniendo desde hace años la necesidad de reformar en profundidad el modelo mutual español. Lo sucedido en la Universal pone de manifiesto lo urgente de hacerlo porque la situación se hace insostenible. El Ministerio de Trabajo y la Seguridad Social no pueden mirar para otro lado. El sector mutual y el Ministerio se están examinando. El mensaje emitido por Octavio Granados, Secretario de Estado de Seguridad Social, insistiendo en que el sistema actual es eficiente, y que las líneas de reforma de los tres últimos años son acertadas -aun reconociendo la necesidad de intensificar el sistema de control público sobre su gestión- e incrementar la transparencia mediante la ampliación de las funciones de las Comisiones de Control y Seguimiento, no es compartido por nosotros. No nos parece adecuado ni suficiente para la gravedad de la situación. Hemos solicitado que el Ministerio compruebe si existen situaciones parecidas en la gestión de otras mutuas a través de empresas pantalla ligadas a directivos, familiares o testaferros.

La mayoría de las mutuas han celebrado, o están a punto de celebrar, su centenario, pero permanecer a lo largo del tiempo no significa que la historia que están escribiendo sea positiva. Las mutuas siguen en lo fundamental siendo gestionadas como antes de la democracia. Dentro del sistema de Seguridad Social está pendiente su modernización y puesta al día en una España que nada tiene que ver con la de hace 50 años.

No es aceptable que las grandes decisiones que toman, a pesar de que el Ministerio de Trabajo dicte las normas de su funcionamiento, estén en manos de Juntas Directivas en las que participan únicamente los empresarios y los propios directivos, a su vez nombrados por la Junta, es decir, una vez más la representación empresarial. Por eso Comisiones Obreras viene reivindicando la participación de los sindicatos y de la propia Administración en los órganos de dirección de las Mutuas. Es decir una dirección tripartita como se corresponde con entidades que gestionan recursos y prestaciones de la Seguridad Social.

No es eficiente económicamente ni un estímulo para las buenas prácticas, la competencia entre mutuas. Lo único que provoca son irregularidades y poca transparencia en la gestión de los recursos. Por cierto, las mutuas son las únicas colaboradoras de la Administración que funcionan en régimen de competencia. Frente a esta realidad una propuesta inmediata: que la afiliación a la mutua sea decidida de forma conjunta entre empresa y representación sindical. Estamos hablando de participación y democracia, pero también de incluir criterios de derechos de los trabajadores y de prevención en la elección de qué mutua gestionará y tratará la salud (o su pérdida) de los y las trabajadores. Pero la reflexión debe ir más allá. A medio y largo plazo se han de crear las condiciones para eliminar la competencia entre las mutuas y fórmulas existen.

Otra dimensión de la reflexión está relacionada con las funciones que tienen establecidas. La actividad histórica de las mutuas ha estado relacionada con la gestión del accidente de trabajo en el sentido amplio del tema, prestación económica, atención sanitaria y rehabilitación. Posteriormente se les atribuyeron funciones de gestión de las enfermedades comunes y la posibilidad de realizar actividades preventivas a cargo a cuotas. Desde 2007 se les dio la potestad de notificar y declarar las enfermedades profesionales.

Desafortunadamente, el balance no es positivo. Las funciones relacionadas con los accidentes de trabajo, con sus más y sus menos -muchas veces dando altas antes de la curación total o atendiendo deficientemente a los trabajadores accidentados- funcionan, pero en todo lo demás el balance es negativo: enfermedades profesionales, vigilancia de la salud, actividad preventiva, gestión de la enfermedad común. Las funciones de las mutuas deberían quedar encuadradas en este ámbito, el de la gestión de las contingencias profesionales y la prevención y devolver al sistema público -de donde nunca debieron salir- las competencias en materia de enfermedad común.

En cuanto a la actividad preventiva que realizan con cargo a cuotas, actualmente Seguridad Social sólo les autoriza a gastar un 1% de lo recaudado. Es insuficiente de todo punto. CCOO defiende que, con cargo cuotas, se realicen actividades preventivas en sectores y empresas claves (muy especialmente en las micropymes) y que se haga con participación y control de la Administración y de los agentes sociales para asegurar su eficacia y buena gestión. La prioridad es la inversión en prevención, frente a los botiquines (millones de euros dados a las empresas en material sanitario) y las comisiones económicas que se les dan a los comerciales, colaboradores por conseguir afiliaciones de empresas.

Un tema pendiente es el sistema de reclamación en relación con las actuaciones de las mutuas. La norma contempla que todos los centros asistenciales deben contar con un libro de reclamaciones, pero hasta la fecha no se ha desarrollado ningún sistema para su resolución y tratamiento, de manera que las reclamaciones que se realizan caen en saco roto. Es imprescindible desarrollar normativamente un sistema de reclamación que dé respuestas tanto a las presentadas por temas relacionados con los derechos de Seguridad Social como por asistencia sanitaria y por actividad preventiva.

El debate y la reforma urge y esperamos que el Gobierno esté a la altura del desafío.

NEUS MORENO. Responsable de Salud Laboral de CCOO de Catalunya