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¿Seguiremos siendo más papistas que el Papa?

Sáb, 15/10/2005 - 12:20
EMILIO CASTEJÓN
XAVIER CRESPÁN
Debate

Aunque la legislación preventiva europea tiene carácter de mínimos, la legislación española, más papista que el Papa, se recreó en introducir exigencias suplementarias cuya eficacia preventiva parecía teóricamente elevada. Diez años después, está claro que no han servido más que para favorecer lo que todo el mundo está de acuerdo que es malo para la prevención: la externalización total de la prevención sin complementar el asesoramiento externo con acción interna alguna.

Los datos de la 5ª Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo son suficientemente explícitos: “El 73,4% de las empresas ha optado por un servicio de prevención ajeno para que se ocupe de su seguridad y salud en el trabajo, fundamentalmente como única modalidad de organización preventiva (51,4%), aunque también junto con otras modalidades”. En otras palabras, prácticamente la mitad de las empresas españolas han adoptado, respecto a la prevención de riesgos laborales, la visión que podríamos llamar de “gestoría”: pago para que otro se ocupe del asunto y me moleste lo menos posible.

En tales condiciones no puede extrañar que el negocio de los servicios de prevención ajenos crezca como la espuma. Su facturación, según un informe de la consultora DBK, ha pasado de 200 millones de euros en el año 2000, a 550 (estimados) en 2004. El citado informe, publicado en octubre de 2003, consideró que el sector presentaba unas “favorables perspectivas”.

¿Qué es lo que ha producido una externalización tan generalizada?

Sin duda el diseño de la normativa, un diseño aparentemente cargado de buenas intenciones, pero que en realidad ha forzado a muchas empresas pequeñas, y no tan pequeñas, a recurrir a los servicios ajenos en lugar de gestionar la prevención con medios esencialmente propios, una opción preventivamente mucho más eficaz y mucho más barata. Veamos los detalles.

En primer lugar, la Ley de Prevención, en su artículo 30, sitúa las opciones gestión propia / gestión ajena en un plano de igualdad, al decir en su artículo 30 que “...el empresario designará uno o varios trabajadores…, constituirá un servicio de prevención o concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa”. La Directiva Marco, en cambio, resalta la prioridad de la gestión propia, tal como ha ratificado claramente el Tribunal de Justicia europeo en su sentencia contra los Países Bajos: “Procede recordar que el artículo 7, apartados 1 y 3 de la Directiva [Marco] establece claramente un orden de prioridad por lo que atañe a la organización de las actividades de protección y de prevención de los riesgos profesionales en el seno de la empresa. Tan sólo cuando las competencias en la empresa sean insuficientes deberá recurrir el empresario a competencias ajenas a ésta”.

Esta aparente “laxitud” de la transposición española de la Directiva Marco vino a ser compensada por una miríada de exigencias suplementarias. La primera fue ignorar que cuando la Directiva Marco se refiere a la posibilidad de recurrir a competencias ajenas, especifica“personas o servicios”. Sin embargo, la Ley de Prevención la limita a los servicios de prevención ajenos, que no pueden ser “personas” sino empresas constituidas a tal fin. ¿Hay alguna otra profesión que no pueda ser ejercida en régimen de ejercicio libre? ¿Por qué entonces se impidió tal ejercicio a los prevencionistas?

La mayor dificultad para organizar la gestión de la prevención con medios propios fue la instauración (por primera y única vez en Europa) de la obligación de la auditoria para todas aquellas empresas de más de 5 trabajadores que no concertaran totalmente la prevención con un servicio ajeno. Se encarece así innecesariamente la gestión propia de la prevención para las empresas que no están obligadas a tener un servicio propio (la mayoría), pues al coste de esa gestión se añade el de la auditoria. ¿Qué más fácil que externalizar totalmente y olvidarse del problema? En el año 2001 el informe Durán ya lo advertía: “...el RSP, de alguna manera, contribuye a que la prevención con medios propios sea excesivamente costosa, forzando en la práctica a que las empresas recurran, como quedó dicho, de forma mayoritaria a los servicios de prevención ajenos y, además, a que lo hagan para la gestión de todas las actividades preventivas de la empresa”.

Los bienintencionados legisladores introdujeron además otras disposiciones que, en la práctica, como ya señalaba el Informe Durán, tuvieron como principal efecto el encarecer la prevención con medios propios. Las principales fueron:

  1. Forzar que los servicios propios dispusieran al menos de dos especialidades preventivas: una exigencia que, habida cuenta de la escasa formación adicional que requiere una especialidad, no es en la práctica ninguna garantía de mayor eficacia preventiva.
  2. Impedir que los servicios de prevención propios o los trabajadores designados puedan recurrir a especialistas independientes, cosa que en cambio sí se permite a los Servicios de Prevención Ajenos.
  3. Exigir que los componentes del Servicio de Prevención Propio tengan dedicación exclusiva: una disposición quizá encaminada a conseguir que la prevención no ocupase el último lugar entre las múltiples ocupaciones de un técnico “multifunción”, pero que en la práctica ha sido un acicate más a la externalización.

Reformar el Reglamento para favorecer la internalización

La reforma que parece va a llevarse a cabo en el Reglamento de los Servicios de Prevención debería orientarse a crear un marco normativo que favorezca la gestión preventiva con medios propios. Ello podría conseguirse, simplemente, eliminando la auditoria como obligación legal, pero exigiría modificar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Una alternativa más sencilla sería elevar el actual listón de las empresas exentas de auditarse, desde los seis trabajadores hasta, por ejemplo, 500 trabajadores con carácter general (250 si la empresa es del Anexo I), cualquiera que sea su modelo de organización preventiva.

En esas condiciones muchas PYMES podrían prescindir del Servicio de Prevención Ajeno (salvo para la vigilancia de la salud, naturalmente) y contratar por la dedicación necesaria a un técnico de prevención que tuviera las capacidades apropiadas a la problemática preventiva de la empresa. Dicho técnico, aunque estuviese contratado a tiempo parcial, podría actuar como trabajador designado, si bien ello le otorgaría la especial protección que establece el artículo 30.4 de la Ley de Prevención.

Alternativamente, podría reconocerse la figura del técnico en prevención de ejercicio libre, para lo cual podrían fijarse condiciones más estrictas que las que hoy se dan para ser técnico superior. De hecho, esta figura ya existe en la práctica y actúa como asesor de pequeños empresarios que teóricamente han asumido personalmente la prevención con el objetivo obvio de ahorrarse el coste del Servicio de Prevención Ajeno.

En definitiva, se trata de favorecer la gestión preventiva con medios propios, única manera realista de conseguir esa integración de la prevención que la Ley 54/2003 ha convertido en la clave de bóveda de la prevención española.

*Emilio Castejón es Ingeniero Industrial y Xavier Crespán, Inspector de trabajo.