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¿Qué está pasando con los servicios de prevención que dependen de las mutuas?

Mar, 15/10/2013 - 12:19
BERTA CHULVI
Debate

Que el Gobierno ha instado a las mutuas a vender los servicios de prevención es un secreto a voces. Ni la asociación empresarial que los reúne, ASPREM, ni la asociación de mutuas AMAT han sido capaces de dejar negro sobre blanco su descripción de lo que está pasando. Nadie se atreve a contar qué está sucediendo o qué quiere el Gobierno que suceda con unas empresas que vienen a suponer el 60% del sector de la prevención en España y que dan empleo a cerca de 10.000 personas.

Cuando desde pEx hemos querido dar la voz a los protagonistas de este debate nos hemos encontrado con un montón de maniobras dilatorias. ASPREM eludió la patata caliente de hacer declaraciones diciendo que era un tema de las mutuas y que ellos no tenían nada que decir. AMAT aceptó responder un cuestionario a pEx y ha pasado tres semanas dando largas y prometiendo que lo enviaría, hasta llegar a la fecha de cierre de la revista. Las mutuas parecen tener muy bien aprendida la lección de que quien se mueve no sale en la foto, y el anuncio de una nueva ley de mutuas actúa como una mordaza que impide a las empresas hacer una valoración profesional e independiente de lo que está sucediendo en este momento en el sector. Mientras tanto, los representantes sindicales de la Federación de Servicios Financieros y Administrativos de CCOO (COMFIA) se dejan la piel para conseguir un convenio digno para los trabajadores del sector, sin encontrar respuesta en sus interlocutores.

El Gobierno tampoco dice en voz alta cuáles son sus intenciones y no responde a las preguntas de los sindicatos en el consejo del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), pero la realidad evidente a los ojos de todos es que el Gobierno no está dispuesto a que las mutuas inyecten más dinero en las sociedades de prevención y quiere que estas se desprendan de la parte menos rentable del negocio. Una parte que, sin embargo, tiene gran trascendencia social para el bienestar de la población en su conjunto. Las sociedades de prevención que dependen de las mutuas tienen pérdidas y el Gobierno no está dispuesto a permitir que arrastren a las mutuas en su crisis. No olvidemos que los excedentes que las mutuas obtienen de su gestión regresan a las arcas del Estado. Una circunstancia que podría explicar por qué la Administración tiene una actitud tan benevolente con las mutuas a la hora de juzgar los sueldos de sus directivos o a la hora de supervisar si ejercen adecuadamente su labor de garantizar la calidad de las prestaciones sanitarias que reciben los trabajadores cuando acuden a sus instalaciones.

La maniobra de vender todos los servicios de prevención a la vez no puede ser más descabellada desde un punto de vista económico. Obligar a un paquete importante de empresas de un sector a salir a la vez a un mercado en retroceso dada la situación actual devalúa de forma inmediata su valor y, lo que es más grave, incentiva el deterioro de la calidad del servicio ofrecido, en este caso la prevención de riesgos laborales. Se trata de una posición tan indefendible que quizás por eso el Gobierno niega una y otra vez que se esté obligando a las mutuas a vender e insiste que solo está dando la posibilidad.

Las situaciones que se pueden dar son tan absurdas o tan sospechosas que la Seguridad Social se vio obligada a intervenir el pasado mes de agosto frenando la venta de la sociedad de prevención de FREMAP.

FREMAP pretendía vender por 100.000 euros una sociedad que tiene registrado en libros un capital de 12,7 millones de euros. Según informó en su día el diario El País, la directiva de FREMAP había aprobado en julio una operación mercantil por la que cedía la compañía al empresario Roberto Cocheteux y su empresa Teuxcheco. El comprador exigía, entre otras cosas, que FREMAP contratara los servicios de su nueva empresa en exclusiva durante 10 años. La Seguridad Social, que debía dar luz verde a la operación, consideró ese punto inaceptable y congeló la venta, y pidió además que se aportara información que demostrara que no había vínculos entre la directiva de FREMAP y el comprador.

La Seguridad Social sí dio el visto bueno, el pasado mes de julio, a la venta por parte de la Mutua Gallega de Accidentes de Trabajo de su sociedad de prevención, MUGATRA. El comprador de MUGATRA es Inverhismex (Inversiones Hispano Mexicanas), propiedad de Carlos Mouriño, una empresario con un pie en México y otro en España, al que se le conoce por su actividad en diferentes sectores, como por ejemplo el sector enérgetico mexicano. Muchas son las voces que se preguntan si la venta de las sociedades de prevención, que hasta la fecha eran propiedad de las mutuas, entidades colaboradoras de la Seguridad Social, no deberían someterse al procedimiento de un concurso público, que valorara la idoneidad de los nuevos propietarios para asegurar el desempeño de las ta - reas preventivas que tienen encomendadas.

El problema de fondo es cómo piensa el Gobierno articular la prevención en España, y no parece que tenga un modelo claro. Otra cuestión relevante es qué papel le va a dar el Gobierno a las mutuas en el terreno de la prevención. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995 otorgó a las mutuas competencias en materia de prevención y diseñó un sistema en el que una buena política de prevención era la base para evitar un gran gasto en prestaciones sociales. Se trataba de fomentar el interés de las mutuas por la prevención con la idea de que eso no solo beneficiaría a la salud de los trabajadores y las trabajadoras, sino que sería rentable económicamente para las mutuas porque se reducirían las prestaciones por accidentes y enfermedad. Este esquema solo podía funcionar bien si la Administración se tomaba en serio la salud laboral, y desde múltiples instancias se instaba a las empresas a cumplir con sus obligaciones. Como esto no está pasando, y las acciones del Gobierno parecen apuntar hacia otro lado, muchos servicios de prevención, incluidos los de las mutuas, se ven actuando en un mercado cada vez más precario sin posibilidad de mantener estructuras técnicas adecuadas y, como consecuencia, minimizando lo importante, la calidad de la prevención.

Y como siempre que lo paguen los trabajadores

El desarrollo de la negociación colectiva con las patronales de los servicios de prevención ajenos, ASPREM, ASPA y ANEPA, completa la foto de lo que está pasando en el sector de la prevención en España. Desde que finalizó el primer convenio en 2011, los sindicatos tratan de volver a negociar con las empresas y se encuentran con pretensiones inadmisibles.

Nos lo explica Manuel Sánchez, secretario de acción sindical de COMFIA-CCOO: “Las patronales están utilizando la incertidumbre sobre el sector en un intento de precarizar las condiciones laborales de los prevencionistas que no podemos admitir. Han llegado a la mesa negociadora con la pretensión de suprimir el ‘plus de experiencia’, que puede suponer para los trabajadores con más experiencia en el sector una reducción salarial del 5 al 10%. Pretenden suprimir el complemento por Incapacidad Temporal y rebajar las tablas salariales, a pesar de que no han cumplido con el compromiso del primer convenio que planteaba la homologación gradual de los salarios y jornada con el convenio de seguros, que es de donde se desgajaron estos trabajadores”.

“Para que nos entendamos, y por poner un ejemplo –explica Manuel Sánchez–, quieren conseguir que un médico vocacional de la medicina del trabajo, que antes trabajaba en una mutua y que se decidió a apostar por la prevención pasándose a un servicio de prevención ajeno, obtenga como contrapartida un empeoramiento muy notorio de sus condiciones laborales”. Manuel Sánchez recalca que la patronal ASPREM no solo no ejerce el liderazgo que le correspondería como patronal mayoritaria, sino que utiliza un doble discurso: “Frente al Gobierno argumentan que ellos son sinónimo de calidad por la preparación de sus equipos humanos y el conocimiento acumulado, y frente a los trabajadores protagonizan un intento sin precedentes de precarización de las condiciones de trabajo”.