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¿Por qué una estrategia española en prevención para 2013-2020?

Lun, 15/07/2013 - 12:20
Pedro J. Linares. Secretario Confederal de Salud Laboral de CCOO
Debate

Para CCOO, la mejora de las condiciones de trabajo sigue siendo un objetivo prioritario, por ello, y frente al riesgo de que la crisis acabe con la prevención en nuestro país, es absolutamente imprescindible conseguir un marco de actuación exigente en cuanto a la protección de las personas trabajadoras. Es necesario consolidar los avances, que han sido muchos, en prevención de riesgos laborales impulsando políticas que permitan seguir defendiendo el derecho a la salud de los trabajadores y trabajadoras.

La política comunitaria en salud laboral ha tenido gran influencia en los Estados miembros y también en España. El escenario creado a partir de la directiva marco de 1989 contribuyó, aunque fuera con retraso, a la transformación de nuestro sistema preventivo. Por ello es preciso reivindicar los positivos efectos que el desarrollo de marcos normativos, como el que dio lugar a nuestra actual Ley de Prevención de Riesgos Laborales, tienen sobre los cambios producidos en nuestra realidad productiva.

En la misma línea ha operado la consolidación de modelos consensuados de análisis e implantación de políticas de prevención, cuyo mayor exponente podremos encontrarlo en la aprobación y desarrollo de las Estrategias de Seguridad y Salud en el Trabajo europea y española, ambas para el periodo 2007-2012.

Los cambios han sido muchos, pero me atrevería a destacar que el principal valor de estas estrategias ha residido en la aproximación conjunta y consensuada de los distintos agentes sociales y políticos. Establecer diagnósticos y objetivos comunes contribuye a la implantación efectiva de las políticas y a consolidar la salud laboral como un factor importante en las empresas. Sin embargo, también hay que ser conscientes que las carencias siguen siendo muchas, por lo que los retos para una nueva estrategia no son menores.

Los retos para una nueva estrategia

En la actual coyuntura de crisis se corre el riesgo de dar por buenos los discursos liberales que señalan que la existencia de marcos normativos como el de la prevención lastran la competitividad de las empresas. Hay que denunciar que el mayor exponente de esta lógica desregulatoria es la propia Comisión Europea, que en el último año está dilatando de manera arbitraria los trabajos para una nueva estrategia europea, mientras intenta dirigir las miradas hacia la necesidad de una modificación sustancial del marco normativo en prevención con los argumentos de una “simplificación legislativa” o una “legislación inteligente”. Con la excusa de una mayor competitividad se pretende debilitar el marco normativo, lo que sin duda afectaría en el medio-largo plazo a la salud de las personas trabajadoras.

En España, los riesgos no son muy distintos. Aunque formalmente se han iniciado trabajos desde la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo para desarrollar una estrategia española para el periodo 2013-2020, se repiten algunas de las dudas. Por una parte se reproducen las tácticas dilatorias, la primera de ellas es vincular la estrategia española a la aprobación de la europea. Esta vinculación nos podría llevar a retrasar los trabajos prácticamente un año, toda vez que, a la vista de la posición de la actual Comisión Europea, parece desprenderse que será la nueva Comisión y el nuevo Parlamento quienes piloten la estrategia europea, es decir, el equipo surgido tras las elecciones europeas del año 2014. Pero, sobre todo, preocupa que puedan ganar presencia las políticas de desregulación que están desarrollándose en materia laboral en el campo de la salud laboral.

Desde las organizaciones empresariales se está apostando por una transformación fundamental del marco obligacional para el empresario, pretendiendo libertad de decisión sobre la organización de la prevención en la empresa y los medios destinados a ello, estableciendo las responsabilidades exclusivamente a través de los resultados.

Sería claramente un retroceso inaceptable que nos devolvería a políticas reactivas frente a los daños ocurridos en la mayoría de las empresas. Es importante recordar que la mayoría de las empresas españolas recurre a servicios de prevención ajenos para dotarse de la organización preventiva. Concretamente un 73%, según la Encuesta Nacional de Gestión de la Seguridad y Salud en las Empresas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. En este escenario las políticas reactivas en poco contribuirían a incorporar la prevención en los procesos de gestión interna. Si en la actual situación de crisis estamos asistiendo al repliegue de la prevención en la empresa por la priorización de otras materias, la modificación señalada se llevaría por delante lo conseguido en cuanto al cambio en la cultura preventiva tantas veces reclamado.

En conclusión, es absolutamente imprescindible contar con un marco de políticas en salud laboral que permita avanzar en la protección de las personas. Todos estamos obligados a buscar los consensos necesarios para su implementación, pero el gobierno, sin duda, tiene la mayor responsabilidad. Por lo demás, la nueva estrategia española debe consolidar la salud laboral como un marco de actuación tanto desde las instituciones implicadas –ITSS, INSHT, Salud Pública, Seguridad Social, etc.– como en las empresas, con la participación de los trabajadores y trabajadoras y sus representantes. Las próximas actuaciones deben impedir que se produzca un repunte en la siniestralidad en el futuro, ya que, como hemos señalado, la crisis está contribuyendo a un deterioro de las condiciones de trabajo, a la vez que se disminuyen los recursos movilizados para la prevención: renovación de equipos de trabajo, de maquinaria, mantenimientos preventivos, formación e información, deterioro de la calidad de los servicios de prevención ajenos, etc. Un cóctel de difícil digestión.

Los datos son tozudos y desgraciadamente la evolución en los últimos meses de la siniestralidad laboral mortal ya apunta al cambio en la tendencia decreciente que venía experimentando desde hace más de una década. El número de muertes en jornada de trabajo se ha incrementado en un 5,5% en los cuatro primeros meses de 2013 y, lo que es más preocupante, el índice de incidencia de accidentes mortales ha experimentado una variación del 12% respecto al mismo periodo del año pasado. Estos datos exigen una reflexión y la próxima estrategia deberá tenerlos en cuenta al establecer sus objetivos, así como la necesidad de modernizar nuestros sistemas de registro y notificación de las enfermedades relacionadas con el trabajo para minimizar el subregistro existente y movilizar los recursos necesarios para su prevención desde el conocimiento.

El gran reto de la próxima estrategia es lograr la mejora continua de las condiciones de trabajo, y por tanto de vida, al tiempo que los niveles de protección tienen que homogeneizarse en todos los tipos de actividad, independientemente de los vínculos contractuales. Es evidente que el paradigma del empleo está sufriendo enormes cambios en estos tiempos, aparecen nuevas realidades productivas –otras se consolidan, aunque ya eran viejas conocidas– que comparten la flexibilidad y desregulación como líneas fundamentales y que exigen una nueva aproximación desde la prevención: autoempleo, economía informal, etc. En este marco tampoco podemos olvidar que el desempleo forma parte sustancial de la realidad vivida por los trabajadores y las trabajadoras, ya que en muchos casos solo se aspira a contrataciones irregulares y/o alternas. Todas estas realidades requieren de un enfoque global desde la salud laboral y la salud pública.

La reducción de los daños derivados del trabajo tiene un gran potencial de mejora para la competitividad de nuestra economía, pero para ello es necesario un enfoque que integre todas las realidades productivas. Las inversiones en salud laboral deben por ello ser consideradas estratégicas en términos de país.

La mejora de las instituciones implicadas, de los sistemas de calidad en prevención, el tratamiento y prevención de los riesgos emergentes, los trastornos musculoesqueléticos, los cánceres de origen laboral, los nanomateriales, etc., son algunos de los temas que exigen su desarrollo en la nueva estrategia.

Por nuestra parte, como representantes de los trabajadores, debemos compaginar la necesidad de una mayor presencia reivindicativa en las empresas y fuera de ellas, para conseguir los mejores resultados, con los marcos de negociación y concertación. El reto merece todo nuestro esfuerzo.

*Pedro J. Linares es secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente de la Confederación Sindical de CCOO.