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La salud en el trabajo, sacrificada por las políticas de austeridad europeas

Mié, 15/01/2014 - 12:20
BERNADETTE SÉGOL Y LAURENT VOGEL
Debate

La periodista canadiense Naomi Klein publicó en 2008 un libro titulado La estrategia de choque. En él analiza cómo diferentes situaciones o acontecimientos catastróficos son utilizados para imponer políticas contrarias a los intereses de la gran mayoría de la población. El bloqueo de la Estrategia Europea de Salud Laboral presenta ciertas analogías con los procesos que estudia Klein. En los documentos más recientes de la Comisión Europea, la crisis se ha utilizado como justificación para este frenazo. Pero, en realidad, si nos preguntamos sobre los avances producidos en los últimos diez años, podemos constatar que la hostilidad hacia las políticas de salud y trabajo se ha generado y consolidado mucho antes de la crisis de 2008.

Desde 2004, con el primer mandato de Durao Barroso como presidente de la Comisión, la aspiración a un trabajo saludable y de calidad ha pasado a un segundo plano de las políticas comunitarias. La desregulación se ha convertido en una obsesión política. En 2007, la Comisión creó el grupo Stoiber encargado de hacer propuestas para reducir la legislación comunitaria. Este grupo realizó una fuerte crítica de las normas existentes en materia de salud y seguridad en el trabajo aduciendo un análisis de sus costes que no tiene ninguna relación con la realidad y ocultando que la ausencia de prevención tiene unos costes mucho mayores para los trabajadores víctimas de accidentes y enfermedades y para la sociedad en su conjunto.

En estos momentos es útil recordar los fundamentos de la política europea en esta materia. Hacia mitad de los años 80, Europa se comprometió con lo que se llamaba el mercado único. Hacía falta facilitar la circulación de capitales, mercancías, de empresas y de trabajadores en el interior de la Unión Europea. Para evitar que se impusiera la ley de la jungla, era indispensable promover la aprobación de reglas comunes. Esta necesidad se manifestaba en múltiples planos: la protección de la salud pública, la defensa de los consumidores, la protección del medio ambiente, la seguridad de las máquinas, la higiene alimentaria, la seguridad de los productos químicos, etc. La salud y la seguridad de los trabajadores se integraron en este conjunto de preocupaciones.

En aquel momento, la Unión Europea se dotó de medios para desarrollar una política de estas características introduciendo un artículo en el Tratado de 1986 que preveía la adopción de directivas para armonizar las condiciones de trabajo, por supuesto tomando como referencia las mejores posiciones. Hasta el año 2000 las directivas fueron aprobadas siguiendo un ritmo más o menos regular. Y contribuyeron al progreso de las políticas de prevención en el conjunto de países europeos. La Ley española de Prevención de Riesgos Laborales de 1995 es un reflejo de este proceso. Sobre esta base decenas de miles de delegados y delegadas de prevención se eligieron en las empresas. Todos sabemos que sin el trabajo cotidiano de estos delegados y delegadas, la situación de la salud laboral en España sería netamente peor. También sobre la base de esta ley, todas las empresas se vieron obligadas a realizar una evaluación de riesgos de los puestos de trabajo y ponerla a disposición de los delegados de prevención. Hoy en día, la Comisión considera esta actividad esencial para la prevención como una carga administrativa para las pequeñas empresas.

Un análisis de las vicisitudes de la última Estrategia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo es también muy esclarecedor del proceso que venimos ilustrando. La última Estrategia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, que cubría el periodo 2007-2012, en el último minuto incluyó un objetivo cuantitativo: una reducción del 25% de los accidentes de trabajo durante el periodo considerado. Este protagonismo otorgado a los accidentes de trabajo respondía más a una lógica estadística que a un análisis de la evolución de las condiciones de trabajo. En materia de accidentes existen estadísticas europeas que, a pesar de la subdeclaración, permiten dibujar una evaluación en el tiempo. Se sabe que las enfermedades tienen un impacto más devastador que los accidentes y que exigen políticas de prevención más complejas. Sin embargo, los datos estadísticos europeos son menos homogéneos, a pesar de que las encuestas basadas en la salud autopercibida de los trabajadores aportan indicaciones importantes sobre ciertas patologías. A pesar de estas dificultades estadísticas, la prevención de las enfermedades causadas por el trabajo es el campo donde el valor añadido de una acción comunitaria sería más significativo.

Estaba previsto que la estrategia 2007-2012 fuera evaluada para poder definir una nueva estrategia para el periodo 2013-2020. Esta evaluación permitiría incorporar las lecciones de la experiencia y la nuevas condiciones de trabajo. En un primer momento, los trabajos de preparación de la nueva estrategia se desarrollaron según el calendario previsto: evaluación en el ecuador de la estrategia 2007-2012, la toma de posición del Parlamento Europeo y del Comité Tripartito de Luxemburgo, que reúne a los representantes de los gobiernos, de los sindicatos y de la patronal de los 27 Estados miembros. Nada parecía indicar que se estuvieran poniendo en cuestión los compromisos políticos.

Pero a finales de 2011, la Comisión Europea empieza a marear la perdiz. En las declaraciones cada vez más ambiguas, el mensaje subliminal era claro: en periodos de crisis es el empleo el que se convierte en prioridad absoluta pasando por encima de todo. Un trabajo de calidad bien podría considerarse un lujo superfluo. Por otro lado, el final de 2012 pone en evidencia el hundimiento de iniciativas legislativas de máxima importancia que estaban en el orden del día de la estrategia: la revisión de la directiva sobre agentes cancerígenos y la adopción de una directiva sobre trastornos músculo-esqueléticos.

Cuando la estrategia en curso no se dota de los medios necesarios y se aplica con vacilaciones, resulta difícil asumir la necesidad de una estrategia ambiciosa para el futuro. A pesar de todo, en septiembre de 2013, el conjunto de grupos parlamentarios del Parlamento Europeo interpela al comisario encargado de Asuntos Sociales, M. Andor, para exigirle que una nueva estrategia de seguridad y salud en el trabajo sea adoptada antes de 2014. La respuesta no ha tardado mucho y ha ido en la mala dirección: es una negativa.

El 2 de octubre, la Comisión anunció que no va a presentar ninguna propuesta de directiva ni sobre trastornos músculo-esqueléticos ni sobre la prevención del cáncer de origen laboral. Esta comunicación ha sido presentada bajo el nombre de “REFIT”, las siglas de “Regulatory Fitness and Performance Programme”. Es, como poco, algo cínico asociar la buena forma física con una decisión política que frena la prevención.

En esta situación es necesario recordar que, en Europa, uno de cada cuatro trabajadores sufre problemas músculo- esqueléticos y que los cánceres causados por las condiciones de trabajo matan cada año a unas 100.000 personas. El 5 de diciembre de 2013, con ocasión de una conferencia en Bruselas, la Comisión Europea ha confirmado que no aprobará una nueva estrategia de salud y seguridad en el trabajo ni en 2013 ni en 2014. En su lugar se conformará con aprobar una especie de “marco para la política”. El cambio de terminología no tendría importancia si se tratara solo de un cambio de nombres. Desgraciadamente no es así. El mensaje enviado por la Comisión es que las políticas de austeridad son la prioridad. La defensa de la salud en el trabajo ya no se considera una exigencia común en la Unión Europea. Si los Estados deciden jugar en ella para ser más competitivos podrán hacerlo.

Para los sindicatos, un cambio de rumbo político es indispensable. La Europa que nosotros queremos construir es una Europa social, donde las condiciones de trabajo y vida mejoran, donde las desigualdades disminuyen. Dentro de pocos meses, con ocasión de las próximas elecciones europeas, los trabajadores deberemos interrogar a nuestros candidatos sobre su compromiso con esta Europa social.

*Bernadette Ségol es secretaria general de la Confederación Sindical Europea y Laurent Vogel es miembro del Instituto Sindical Europeo.