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Accidentes, justicia e injusticias

Dom, 15/10/2006 - 12:19
PEX
Debate

En pocos días hemos conocido dos sentencias de signo contrario. Una de ellas condenaba a penas de cárcel a un empresario y dos responsables técnicos de una obra en Madrid por la muerte en accidente de dos trabajadores. La otra, de carácter exculpatorio, ha absuelto a dos directivos y dos médicos de su responsabilidad en los daños producidos a los trabajadores por años de exposición al amianto en una empresa de fibrocemento de Alicante. Son la cara y la cruz de las actuaciones judiciales en materia de salud y seguridad en el trabajo. 

Cara: sentencia condenatoria por la muerte de dos obreros de la construcción en Madrid

El 21 de mayo de 2001 ocurrió un accidente mortal en una obra de Madrid. Los dos obreros muertos, José Antonio Corona y José Antonio Herranz, se vieron obligados a desmontar un andamio motorizado -labor que debe realizar personal especializado- sin contar con la formación suficiente. José Antonio Corona, casado y con un hijo, llevaba un mes en la empresa y José Antonio Herranz había sido cedido por una empresa de trabajo temporal para realizar tareas de limpieza y mantenimiento de materiales. 

"Sin preparación previa, sin conocimientos y sin vigilancia por parte de un responsable cualificado, los trabajadores fallecidos emprendieron el desmontaje de los andamios y uno de ellos cometió un error fatal: después de haber soltado los tornillos de un tramo del mástil, dio al botón de subida, en lugar del botón de bajada y la plataforma subió por el tramo que ya había quedado suelto, con lo que se desplomó al suelo con los trabajadores dentro, que murieron por las heridas sufridas en la precipitación", reza la sentencia. El plan de prevención de la obra no contemplaba el uso de un andamio motorizado. La sentencia establece penas de cárcel para Emilio Rodríguez, arquitecto técnico, autor del estudio de seguridad y jefe de obra; Pablo Queraltó, arquitecto técnico y jefe de obra del bloque en el que murieron los dos trabajadores; Juan Ángel Baigorri, coordinador de seguridad; y Jacinto Calvente, presidente de la empresa propietaria del andamio motorizado y empleador de un de los trabajadores muertos. Otros dos de los diez imputados fueron condenados por un delito de homicidio imprudente y el resto fueron absueltos. Los condenados tendrán que pagar, además, una indemnización de 140.683 euros a la viuda e hijo de Antonio Corona y 60.101 al padre de Herranz.

Cruz: absuelta la empresa en el caso del amianto de Alicante

El juicio penal promovido por antiguos empleados de la empresa Fibrocementos de Levante de Sant Vicent del Raspeig (Alicante) contra dos ex directivos y dos médicos de empresa acabó su primera instancia el pasado 1 de septiembre de 2006 con una sentencia absolutoria dictada por el Juzgado de lo Penal número 3 de Alicante. 

El juez entendió que la empresa había respetado la normativa sobre protección de trabajadores expuestos al amianto desde que ésta entró en vigor (1982), y que todos los afectados habían contraído la enfermedad por sus reiteradas exposiciones al amianto anteriores a esta fecha. Tras una instrucción de ocho años, el fiscal de Siniestralidad Laboral, Juan Carlos López Coig, pedía para los acusados tres años de cárcel, más cuatro años y seis meses de inhabilitación especial y el pago de una indemnización de más de 7 millones de euros a los familiares de los ocho trabajadores fallecidos y otros 30 afectados. 

Esta sentencia confirma lo difícil que es perseguir penalmente los incumplimientos de la normativa de prevención de riesgos laborales, aun contando con el apoyo de una fiscalía pionera y ejemplar en la persecución de los delitos contra la seguridad de los trabajadores.

 

 

Antonio García Coordinador Área Jurídica de CC-Madrid: El sindicato debe apostar por la vía penal para luchar contra la siniestralidad laboral

 

La Audiencia Provincial de Madrid ha dictado una sentencia histórica. Cuatro personas, responsables de una obra, irán a la cárcel por homicidio imprudente y un delito contra la seguridad de los trabajadores por la muerte de dos obreros. Es la primera vez que los responsables de un accidente laboral tendrán que ir a la cárcel al tratarse de una pena superior a los dos años.

Comisiones Obreras de Madrid ha ejercido como acusación popular en el juicio. El abogado que ha llevado el caso, Antonio García, coordinador del Área Jurídica del sindicato, está exultante y sorprendido de que la sentencia haya tenido tanta repercusión mediática. "Esta sentencia demuestra que el sindicato debería apostar por la vía penal para combatir la siniestralidad laboral, de que es una vía en la que podemos apoyarnos", asegura.

Comisiones Obreras de Madrid lleva más de seis años personándose como acusación popular en los juicios que tienen que ver con la siniestralidad laboral. No es la primera vez que ganan un juicio, pero sí la primera en la que los acusados tendrán que pasar por la cárcel. La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, además, es firme y sólo cabe recurrirla ante el Tribunal Constitucional, como de hecho ha sucedido. 

"Además de ser punitiva, la sentencia tiene un carácter disuasorio y preventivo, lo que es sumamente positivo", señala García, quien anima al resto de organizaciones de Comisiones Obreras a emprender la vía penal en los casos de siniestralidad laboral, "lo que implicará una defensa más integral de los trabajadores". 

El abogado se queja de la impunidad -incluso, dice, de la "ostentación"- de los delitos de siniestralidad. "A las familias se las chantajea con el dinero y se les presiona para llegar a un acuerdo". Y continúa: "Los fiscales, además, no están haciendo su trabajo y este es el motivo por el que los sindicatos tenemos que ejercer de acusación popular. Si los fiscales hicieran lo que tienen que hacer, no sería necesario".