Gobierno de españa - ministerio de trabajo migraciones y seguridad socail

Cuatro reflexiones al hilo de la sentencia ARDYSTIL

Mié, 15/10/2003 - 12:19
CARLOS L. ALFONSO MELLADO. Profesor de Derecho del Trabajo y Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia.
Entre los aspectos de interés que presenta la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Alicante en el denominado “caso Ardystil” uno de los que mayores polémicas ha levantado es la condena a un Inspector de Trabajo. Esta condena ha suscitado un comunicado crítico por parte del conjunto de las asociaciones de Inspectores de Trabajo. La sentencia razona que el Inspector cometió un delito de imprudencia al no realizar ninguna comprobación de las condiciones de seguridad y salud laboral en las que se trabajaba en la citada empresa pese a haber comprobado una situación de trabajo clandestino y precario.

La tentación de opinar sobre el fallo y, en concreto, sobre este pronunciamiento condenatorio para un Inspector de Trabajo es fuerte pero no es mi intención, pues ello exigiría conocer la realidad de una serie de afirmaciones de hecho que se realizan en la sentencia y que son la base de la condena. Ni puedo valorar esas afirmaciones, ni presencié el juicio y, por tanto, tampoco puedo hacer una valoración fundada en mis propias impresiones. Es más, creo que poco sentido tiene detenerse en el caso concreto más allá, claro es, de constatar ciertas posiciones favorables, en atención a la responsabilidad civil que puede derivar para la Administración, o críticas por la lógica solidaridad con el compañero sancionado. En mi opinión lo que puede tener interés, al hilo de esta sentencia, es hacer unas reflexiones generales, no estrictamente jurídicas, que puedan ser clarificadoras hacia el futuro.

En primer lugar deberíamos empezar a situar la protección de los bienes jurídicos en el rango que constitucionalmente les corresponde. Me explico. Durante mucho tiempo los delitos o faltas contra la propiedad han sido sobrevalorados en relación con otros que afectan a la vida y la salud de las personas. Pensemos cuántas veces hemos visto a la policía perseguir a un ladrón que acaba de dar un tirón. Es una actuación policial que consideramos normal. Pero ¿cuántas veces hemos visto a un policía paralizar una obra en la que se está trabajando en condiciones de inseguridad? Nunca o casi nunca pero es que, además, nos parece raro. Incluso podemos dudar que muchos policías estén realmente capacitados para saber si en una obra se dan condiciones de extrema inseguridad o no. Pues bien, ese es el primer problema. El tirón afecta al derecho de propiedad, la inseguridad laboral a la vida, salud e integridad de las personas, bienes jurídicos éstos que la Constitución pone muy por encima de aquél y a los que debe subordinarse. Creo, sinceramente, que hay que empezar a contemplar con más rigor las actuaciones que ponen en peligro la vida, la salud y la integridad de los trabajadores.

En segundo lugar, hay que convenir que la actuación inspectora es esencial pues fomenta la prevención antes del accidente mientras que generalmente otras actuaciones, como las penales, se producen tras el accidente. Aquí me surge la duda de si las autoridades públicas sitúan la protección de la vida, la salud y la integridad de los trabajadores como objetivo absolutamente preferente en la actuación inspectora o si, por el contrario, se siguen dedicando excesivos esfuerzos hacia otras actividades, como las recaudatorias, sin duda importantes pero secundarias en relación a las preventivas.

En tercer lugar, y compartiendo sin dudad la sentencia, creo que el trabajo clandestino y, en general, el trabajo precario se presta en condiciones muy deficientes de seguridad y salud laboral por lo que las autoridades públicas deben responder ante estas situaciones de forma global. Los problemas de clandestinidad en el trabajo no son sólo una cuestión de alta y cotización, de trabajo sin permiso o de utilización indebida de la contratación temporal. Son problemas de precariedad laboral en su más amplio sentido, esto es, de incumplimiento generalizado de las obligaciones legales del empresario y entre ellas, de las de seguridad y salud, como valores preferentes establecidos en nuestra Constitución.

En cuarto lugar, si realmente quiere conseguirse una eficaz protección de los trabajadores frente a los incumplimientos empresariales -especialmente en situaciones de clandestinidad, precariedad o subcontratación- la actuación de las Administraciones Públicas y de los organismos inspectores no puede ser pasiva, esto es, esperar a que les llegue una denuncia. Muchas veces ésta no se producirá. En mi opinión, cuanto mayor sea el grado de precariedad y, por tanto, de incumplimientos empresariales, menos facilidad de denuncia tiene el trabajador. Por miedo a la no renovación del contrato temporal o a las consecuencias para el futuro de su trabajo, por carencia de permiso de trabajo o por cualquier otra circunstancia, no es infrecuente que estos trabajadores “aguanten lo que sea”. La baja sindicalización tampoco facilita que sean los sindicatos quienes denuncien allí donde los trabajadores no se atrevan a hacerlo. Precisamente para estos supuestos deben cobrar pleno vigor las posibilidades, amplias por otro lado, que se otorgan a la Administración Laboral y a los Inspectores de Trabajo para actuar de oficio. Si alguien obstaculiza el ejercicio de estas competencias, bueno será que se denuncie en concreto. Si no existen dichos obstáculos, bueno será que en el futuro se incrementen estas actuaciones de oficio.

Quiero finalizar aquí estas reflexiones que, aunque se produzcan al hilo de la sentencia Ardystil, no se relacionan con el caso concreto que en ella se juzga sobre el que en modo alguno me atrevería a opinar por mi desconocimiento de lo que realmente ocurrió. Otra cosa es que esa sentencia nos sirva de elemento dinamizador para reflexionar sobre la mejor forma de garantizar la protección de la vida, la salud y la integridad de los trabajadores frente a los riesgos que sufren en su trabajo, pues esa eficaz protección es lo realmente importante.