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Que lo pague la empresa

Mar, 07/05/2019 - 10:31
Contra

absentismoEl empresariado español, aunque seguramente esta característica también la comparten otros empresarios allende de nuestras fronteras, sigue pensando que la mayor parte de las personas que sobreviven con un salario tienden de forma natural a la holgazanería. Un pensamiento anticuado que no está contrastado por ningún estudio, pero que le permite a la clase empresarial estar continuamente al acecho de lo que hacen o dejan de hacer los trabajadores y trabajadoras: mandos intermedios, cámaras, detectives o controles diversos son el arsenal de esta vigilancia. La voluntad de disciplinar a trabajadores y trabajadoras es todo

Gran parte de este discurso acusador se ve reflejado en el mal llamado absentismo laboral. Para la clase empresarial  todo es “absentismo laboral”, incluido por supuesto el propio ejercicio de los derechos (constitucionales) como la salud, la maternidad, o la representación colectiva de sus compañeros y compañeras de trabajo.  No hablan evidentemente de aquel que decide no ir a trabajar porque no le apetece, del verdadero absentista, porque realmente contra este tipo de comportamiento poco pueden hacer. Ponen en duda, precisamente, si ejercicio del derecho que les ampara se realiza de forma honesta o no.  De ahí que en estos últimos años los medios de comunicación a su servicio (que son prácticamente casi todos) no dejen de dar la monserga con el “absentismo” y, concretamente, con la utilización excesiva de la incapacidad temporal. Ellos prefieren el presentismo, es decir, acudir a trabajar estando enfermos, aunque sea improductivo y suponga un deterioro de la salud de la personas.

Bajo ese prisma, el gran objetivo en los últimos tiempos del poder económico ha sido reducir como sea los niveles de incapacidad temporal, protocolizando los días de baja por enfermedad, facilitando el despido, o simplemente rodeando al trabajador y la trabajadora de controles que minimicen según ellos esa tendencia “natural” de las personas trabajadoras a eludir la actividad que precisamente les permite vivir. Una argumentación plagada de contradicción.

Y así, además de la inspección médica del Instituto Nacional de Salud, o al control que puede ejercer la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional a la que esté adscrita la empresa, la ley, concretamente el artículo 20.4 del Estatuto de los Trabajadores, también otorga a la empresa la potestad de realizar un control de la incapacidad temporal que tiene el trabajador o trabajadora.  Pues bien, una sentencia de la Audiencia Nacional ha reconocido que al menos, los gastos de desplazamiento de la persona trabajadora para realizar este enésimo control médico los asuma la empresa y no la persona investigada. La desconfianza también tiene un precio. Páguelo.