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La prevención: ¿mercado o derecho?

Mié, 15/01/2014 - 12:20
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La prevención: ¿mercado o derecho?

No cabe duda que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales supuso la movilización de un importante volumen de recursos económicos para la mejora de la prevención de riesgos en los lugares de trabajo, pero no es menos cierto que, tras casi dos décadas de vigencia de esta ley, la prevención de riesgos, más allá de la mera formalidad documental, sigue siendo la asignatura pendiente en muchas empresas. Esta amnesia empresarial por la prevención tiene diferentes orígenes. Uno de ellos se inserta dentro del proceso de mercantilización al que están siendo sometidos nuestros derechos sociales y laborales. El otro, la debilidad de las estructuras de representación de los trabajadores y las trabajadoras, sobre todo, en las pequeñas y medianas empresas.

La mercantilización de la prevención es un hecho. Así, uno de los actores principales del modelo español de organización de la prevención, los servicios de prevención ajenos, cuya misión consistiría en instaurar sistemas de prevención de riesgos laborales eficaces en las empresas, sobre todo aquellas de menor tamaño, se ven abocados a actuar atendiendo a la lógica que impone el mercado, la maximización del beneficio económico. Tampoco las mutuas de accidentes de trabajo priorizan una lógica sociocívica por encima de su beneficio económico. La obtención de resultados económicos positivos cuantiosos asigue primando por encima del objetivo de garantizar los derechos a la salud y la protección de los trabajadores y trabajadoras. Al igual que ocurre con otros derechos, como la salud o la educación, el derecho a la prevención de riesgos en los lugares de trabajo ha sufrido y está sufriendo, prácticamente desde su origen, un proceso consistente en relegar a un segundo plano la salud de los trabajadores y las trabajadoras priorizando el mero negocio económico.

Por otro lado, no menos importante, los trabajadores y trabajadoras presentan cada vez más dificultades para concretar y ejercitar sus derechos laborales en las empresas y, entre otros, el derecho a una prevención eficaz de los riesgos laborales. La Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo (2010) señala algún dato de interés para este análisis: un 37% de los trabajadores y trabajadoras dice no tener estructura para la negociación colectiva (representación legal) y un 15% contesta que no sabe si la tiene. Estos datos empeoran si el tamaño de la empresa es menor (49% y 18% en empresas de menos de 50 trabajadores), en el sector privado (41% y el 6%) y en ciertas actividades económicas, como la construcción o la hostelería (50% y el 18%). Esta misma fuente nos muestra que solo el 50% de los trabajadores considera que la salud y seguridad en el trabajo está bien o muy bien regulada en su convenio colectivo, frente a un 37% que la considera regular o mal regulada y un 13% que contesta que no lo sabe. No cabe duda que esta valoración empeora cuando nos referimos al sector privado y a las empresas de menor tamaño, donde, por otro lado, también se concentran mayores niveles de precariedad laboral y, por lo tanto, dado el proceso de deterioro de los derechos laborales individuales y colectivos, mayor poder del empresario frente a los trabajadores y las trabajadoras.

En resumen, dadas las dificultades que presenta nuestra estructura productiva y nuestro marco normativo para establecer las estructuras de representación de los trabajadores y trabajadoras en muchas empresas, y un sistema de prevención en donde dos de sus pilares básicos, las mutuas y los servicios de prevención ajenos, se rigen más por el beneficio económico que por la instauración en las empresas de políticas preventivas eficaces, lo realmente extraño sería que el sistema de prevención resultante funcionase.