Gobierno de españa - ministerio de trabajo migraciones y seguridad socail

El A, B, C

Jue, 15/10/2015 - 12:20
Contra

El último informe realizado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social con los datos estadísticos sobre accidentes de trabajo del primer semestre de este año muestra un aumento de los índices de siniestralidad laboral, incluyendo un aumento importante del número de fallecidos. Esta evolución corrobora un cambio de tendencia en la evolución de los índices de incidencia de accidentes de trabajo, con aumentos continuados desde 2013. Hasta el mes de junio de este año habían fallecido 239 trabajadores y trabajadoras en accidente de trabajo. El pasado 31 de agosto, un accidente laboral, en una empresa pirotécnica de Zaragoza, truncaba la vida de seis familias y dejaba otros seis heridos, dos de ellos de gravedad.

¿Estas tragedias humanas podrían haberse evitado?, ¿qué razones explican este aumento de la siniestralidad?, ¿qué se está haciendo para invertir o frenar esta tendencia?, serían las preguntas más inmediatas que nos deberíamos hacer. Su contestación necesita recordar algunos principios básicos.

Lo primero que debemos remarcar es una obviedad que, curiosamente, suele difuminarse en la información publicada. La prevención de los riesgos en el lugar de trabajo es responsabilidad exclusiva, según marca la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, del empresario. Evitemos, por lo tanto, los razonamientos que intentan "echar balones fuera" del tipo: ha sido un error de", o las Administraciones públicas deberían", y volvamos a los principios: el accidente de trabajo es ciertamente multicausal, pero se produce dentro de una organización diseñada y dirigida por la figura del empresario. La persona trabajadora no diseña el proceso productivo, ni define el producto o servicio a producir, la maquinaria que interviene, o las materias primas adquiridas, sino que se inserta en él bajo la dirección exclusiva de la empresa. Al igual que la dirección empresarial hace todo lo indecible porque el proceso productivo funcione a la perfección y su beneficio sea el mayor posible, también debería hacerlo con la prevención porque su objetivo, obligado por la normativa, es que ningún trabajador o trabajadora se lesione, se accidente o enferme por trabajar dentro de su organización. Esta obligación por lo tanto no es solo formal, sino sustancial y debe ser efectiva. El deber del empresario no es tener los "papeles" en regla, sino realmente prevenir el riesgo laboral.

Para que esto sea así, los poderes públicos, que velan en última instancia por la salud de la población, un derecho constitucional y, en concreto, de las personas trabajadoras, diseñan un marco institucional que facilite, dinamice y, sobre todo, vigile que este cumplimiento del deber sea efectivo. Dentro de este marco institucional encontramos no solo políticas que ayuden a detectar y prevenir los riesgos laborales, con investigación, formación o difusión, sino también organismos cuyo objetivo es velar por el cumplimiento de la ley, como la Inspección de Trabajo o los tribunales de justicia.

Los trabajadores y las trabajadoras y los sindicatos que los representan también tienen un papel importante en este marco regulador a través de los delegados y las delegadas de prevención, los asesores técnico-sindicales que los apoyan o de la propia negociación colectiva. Son, en último extremo, los que pueden ejercer su derecho a la salud, los que convierten en derecho efectivo la norma escrita, los que ponen límites, en última instancia, a la acción del empresario. Naturalmente, para que este ejercicio de derechos sea real, la persona trabajadora no solo debe estar informada y formada, sino que debe tener la capacidad de actuar libremente; sin coacciones ni amenazas.

Si queremos despejar estos interrogantes, preguntémonos por este orden: si las empresas ejercen con diligencia su obligación de prevenir los riesgos en el lugar de trabajo, si está habiendo un esfuerzo por parte de los poderes públicos para enriquecer y dinamizar la acción preventiva en el seno de la empresa y vigilar y castigar los comportamientos negligentes y si los trabajadores y las trabajadoras, y los sindicatos que los representan, tienen, en un marco laboral tremendamente precarizado y con una clara disminución de derechos individuales y colectivos, posibilidades de ejercer sus derechos de forma libre y ser realmente un contrapoder a la actuación empresarial. Si falla el A, B, C de la salud laboral, no podemos esperar buenos resultados.