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¿Dónde está la justicia?

Jue, 15/01/2015 - 12:20
Contra

En octubre de 2010, porExperiencia publicaba una entrevista a Giampiero Rossi, periodista italiano y autor del libro La lana de la salamandra, sobre el proceso judicial abierto en aquel momento contra los propietarios de la multinacional Eternit, Stephan Schmidheiny y Louis de Marchienne. Una empresa instalada en una ciudad italiana, Casale Monferrato, y dedicada a la fabricación de amianto, que –hasta ese momento– había ocasionado la muerte de alrededor de 3.000 personas entre trabajadores y vecinos de la localidad. Un par de años más tarde, un tribunal de Turín reforzaba esta lucha con una condena a los propietarios a 18 años de prisión por ser los responsables de esta masacre humana y ambiental. Se hacía justicia y se iba a encarcelar a aquellos que, sabiendo los efectos catastróficos del amianto, mantenían su producción. No todo vale para alcanzar el éxito económico.

Hoy, dos años después de aquella sentencia, nos encontramos con otra nueva, esta de un tribunal superior, la Corte de Casación (Tribunal Supremo), que exime a Schmidheiny (el barón Louis de Cartier murió en 2013 por causas naturales) de cumplir la pena, no porque se le absuelva del delito, que se reconoce por la fiscalía y el propio abogado defensor, sino porque este –según el tribunal– ha prescrito.

La prescripción, en términos jurídicos, es una figura que intenta salvaguardar el principio de seguridad jurídica, algo así como que el Estado, como garante del derecho, no puede indefinidamente perseguir un delito. Sin embargo, esta figura viene a servir, con un buen equipo de abogados, para la impunidad de ciertos delitos cuyos primeros indicios aparecen mucho después del propio acto delictivo. El teórico marco para la seguridad jurídica se convierte, en estos casos, en un mecanismo de evasión de responsabilidades y, por lo tanto, de limitación de la justicia. Curiosamente, muchos de los delitos económicos, de corrupción…, suelen declararse como prescritos.

Por ello, para hacer justicia, ciertos crímenes como el de genocidio, de lesa humanidad, los crímenes de guerra o los crímenes de agresión no prescriben. Son la excepción que confirma la regla. Crímenes que, precisamente, forman parte del ámbito de competencia de la Corte Penal Internacional.

La actuación de estos señores que, por una cuestión puramente lucrativa, mantuvieron una actividad productiva aun sabiendo que producía daños humanos y medioambientales irreparables, que ha provocado y sigue provocando la muerte de personas, no debería quedar sin consecuencias jurídicas y bien podría incluirse entre los crímenes de lesa humanidad, ¿o no se trata acaso, como señala el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, de “un ataque sistemático y con conocimiento hacia una población civil”?

Los juicios de Nuremberg contra los crímenes nazis no tenían marco jurídico que los regulara, pero eran necesarios precisamente para que la justicia prevaleciese. Hágase también justicia para los millones de personas víctimas como los compañeros y compañeras muertos o enfermos en Casale Monferrato de los comportamientos empresariales que, de forma sistemática y consciente, atentan contra la integridad física y psicológica de las personas y contra nuestro medio ambiente.