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Trabajar hasta el suicidio: dos casos en los que una injusta organización del trabajo acabó en muerte

Mar, 15/07/2014 - 12:19
BERTA CHULVI
Condiciones de trabajo

 

El suicidio es el último mensaje que una persona lanza a la sociedad cuando ya no puede más. En muchas ocasiones esa presión a la que la persona no puede hacer frente proviene del mundo del trabajo. Dos casos recientes, que analizamos en este artículo, lo atestiguan. En 2012, en España los fallecimientos por suicidio se han incrementado el 11,3% respecto al año anterior, mientras las muertes por accidente de tráfico se han reducido en un 9,5%.

Todo el mundo piensa que muere más gente en la carretera, pero hace ya algunos años que el suicidio ha superado a los accidentes de tráfico como causa externa de mortalidad. Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2012 murieron en la carretera 1.915 personas, mientras que se suicidaron en España 3.539 personas (2.724 hombres y 815 mujeres). La tasa de suicidios se situó en 7,6 por cada 100.000 personas (11,8 en los hombres y 3,4 en las mujeres). Es la tasa de suicidios más alta desde 2005.

Aunque no hay estudios en profundidad que relacionen el incremento de suicidios con la crisis económica y con las condiciones de trabajo, lo cierto es que la tasa de suicidios ha ido creciendo de forma paralela a la crisis y el examen detallado de los casos apunta en esa dirección. De hecho, entre las personas de 25 a 34 años, una franja de edad que se ve especialmente afectada por el deterioro de las condiciones laborales, el suicidio fue la segunda causa de muerte tras los tumores, alcanzando el 15% de las defunciones. Entre los hombres de ese grupo de edad, el suicidio fue la primera causa de muerte (17,8%).

Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya declaró accidente de trabajo el suicidio de un agente forestal al entender que la decisión de quitarse la vida fue consecuencia de la presión derivada de su trabajo. La Sala de lo Social del TSJC revoca así la sentencia de un juzgado de Lleida y estima el recurso presentado por la esposa y los hijos del fallecido, a quienes reconoce el derecho a percibir sendas pensiones de viudedad y de orfandad derivadas de lo que considera un accidente de trabajo.

El caso de este trabajador es paradigmático de cómo una injusta organización del trabajo puede llevar hasta el suicidio. El trabajador ingresó en el Cuerpo de Agentes Rurales de la Generalitat de Catalunya en 1986. Tres años más tarde accedió al cargo de jefe del Área Básica del Alt Urgell. Un puesto en el que dirigía y planificaba las actuaciones de los agentes rurales bajo las órdenes del jefe regional y del inspector jefe de su zona. De su trabajo dependían 14 personas. Era conocido por su responsabilidad y exigencia en el trabajo. El 8 de marzo de 2012 se declararon cinco incendios en el Pirineo catalán, dos en la comarca del Alt Urgell y uno de ellos en Calbinyà. Él participó en las tareas de extinción del incendió de Calbinyà voluntariamente, porque ese día no estaba de servicio.

El incendio de Calbinyà se saldó con cerca de 180 hectáreas quemadas. Se trató de un incendio difícil por las condiciones meteorológicas y lo abrupto del terreno: sequía, vientos de componente norte de 80 kilómetros por hora y una extraordinaria demanda de efectivos en la zona dada la simultaneidad del incendio con cuatro focos más.

Ocho días más tarde del incendio, Jaume se quitó la vida. Su cadáver apareció colgado de un árbol en una zona conocida como Mas d’en Coll, en la localidad de Alas i Cerc (Alt Urgell). El fallecido, que era jefe de Área Básica en la comarca del Alt Urgell, dejó dos cartas manuscritas, en las que expresaba su preocupación por el incendio de Calbinyà (Alt Urgell) en cuyas labores de extinción había participado. Afirmaba asimismo que este incendio le había “roto la vida” a él y a su familia y que la Administración catalana estaba buscando una “cabeza de turco” si no se habían hecho bien las cosas, y que sería él.

En su declaración ante la policía, el hijo del fallecido explicó que su padre, desde que ocurrió este incendio, sufría mucha presión en el trabajo, estaba nervioso y alterado y tenía miedo a las sanciones que se pudieran derivar por su responsabilidad en las labores de extinción. Mariona Castellana, de los servicios jurídicos de CCOOCatalunya que llevaron el caso, explica que "mientras el tribunal de primera instancia atribuyó toda la responsabilidad al trabajador, el Tribunal Superior de Justicia ha considerado que el cuadro ansioso que llevó al trabajador al suicidio tuvo un origen reactivo y que se desencadenó a raíz del incendio de Calbinyà, ya que el hombre no había acudido anteriormente al psiquiatra ni se medicaba de forma habitual y que por tanto el origen de su problema psíquico está relacionado con el trabajo".

La primera pregunta pertinente es qué información recibió el trabajador de sus superiores sobre cuál había sido su actuación en el incendio, y cuál sería su responsabilidad para que el trabajador tomara la decisión de suicidarse.

La segunda es si el trabajador, sin duda una persona muy exigente consigo mismo, disponía de los recursos necesarios para hacer bien su trabajo. "Mi padre -declaró el hijo en el juzgado- tenía mucho miedo a las sanciones que se pudieran producir, alguien de su trabajo le había recriminado que no se había hecho lo suficiente para apagar el incendio. Tenía miedo a perder su reputación, a ir a prisión y a las sanciones que se podían derivar". Mariona Castellana recuerda que en el juicio quedó claro que la empresa no había cubierto por falta de recursos un puesto intermedio entre la jefatura de área que desempeñaba Jaume y sus subordinados, un recurso humano que sí estaba previsto y que hubiera descargado de trabajo a Jaume. La segunda pregunta pertinente es si la organización del trabajo era la adecuada o fue precisamente una organización del trabajo injusta o deficiente la responsable de que Jaume sintiera una presión que le llevó al suicidio. Hasta el momento no se ha abierto una investigación interna en la Generalitat de Cataluña para explicar esta muerte.

Al alta le siguió el suicidio

Detrás de muchos suicidios relacionados con el trabajo está la injusticia. El trabajador se siente injustamente tratado e impotente para hacer frente a una situación relacionada con su actividad laboral. Este parece ser el caso de otro suicidio reciente acontecido en Girona, el de Felipe, un barrendero de 65 años que se hubiera jubilado este mes de agosto y que padecía un cuadro depresivo grave. Todos sus compañeros lo recuerdan como una bellísima persona que estaba tratando de superar una depresión fuerte durante el último año y que nada más se encontraba con algo de fuerzas pedía el alta. "En el último año había estado tres veces de baja -explica José Rodríguez, delegado de CCOO en el comité de empresa-, pero en cuanto podía se reincorporaba al trabajo. Tenía una situación familiar difícil, con una hermana enferma, pero eso nunca había sido motivo para que incumpliera sus obligaciones, solo una depresión fuerte le había retenido en casa en los últimos meses de forma esporádica". El día que se quitó la vida, Felipe, afiliado a UGT, se encontró con el delegado de CCOO y con otros representantes de la CGT a la salida de la empresa y les contó que estaba indignado: "El tribunal laboral, a propuesta de la mutua ASEPEYO, le había dado el alta y el no se sentía capaz de ir a trabajar". Los compañeros le animaron y le recordaron que solo le quedaban dos meses para jubilarse. "No sé si llegaré", respondió Felipe, sin que ninguno de sus compañeros pudiera pensar que eso era un anuncio de suicidio. A la mañana siguiente lo encontraron colgado de un pino en un pequeño jardín que hay a la salida de la empresa.

El delegado de CCOO explica que unos meses antes de este desgraciado suceso se produjo un enfrentamiento importante en una reunión con los responsables de personal de la empresa: "Sabemos que la empresa está presionando a la mutua para dar altas, pero no podemos demostrarlo", explica José. El comité de empresa ha solicitado en repetidas ocasiones que la empresa realice la evaluación de riesgos psicosociales. Ante la negativa de ésta lo denunció ante la Inspección de Trabajo, que requirió a la empresa. "Y sabes lo que hizo la empresa -explica José-, para amedrentar a los trabajadores exigió que se apuntaran en una lista todos los que querían que se les hiciera la evaluación de riesgos psicosociales. La gente tiene miedo a las represalias y no se apuntó nadie".