En 2003, respondiendo a una encuesta de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud, Metro Madrid realizó un exhaustivo inventario de los lugares en los que había amianto pero lo ocultó a los trabajadores y a sus representantes legales hasta finales de 2017. Ya hay dos fallecidos y cuatro trabajadores a los que se les ha reconocido una enfermedad profesional. Sin embargo, la empresa sigue instalada en el negacionismo: aún no se ha inscrito en el Registro de Empresas con Riesgo por Amianto de Madrid. Los hechos apuntan que los máximos responsables políticos tenían conocimiento de la presencia de amianto desde 1992. Además, en 2011, vendieron trenes que contenían piezas con amianto a la ciudad de Buenos Aires, a pesar de que la ley prohibía ya en esa fecha comercializar productos con este material tóxico.
La grave exposición a amianto que sufren los trabajadores de Metro Madrid empezó a salir a la luz en febrero de 2016, cuando un afiliado a CCOO presenta un informe clínico de asbestosis a los servicios médicos de la empresa y el sindicato empieza a identificar afectaciones graves en la salud de los trabajadores. La segunda llamada de atención llega en octubre de 2017, cuando la Inspección de Trabajo se hace cargo de la denuncia de un trabajador de Metro Madrid, un mecánico en los talleres de Canillejas, al que le habían diagnosticado un cáncer de pulmón por exposición a amianto. La familia del trabajador, que fallecería un año más tarde, puso este hecho en conocimiento de la Inspección de Trabajo, una vez el Instituto Nacional de la Seguridad Social le había reconocido la enfermedad profesional. El trabajador denuncia a Metro Madrid por haber cometido una “infracción grave de las medidas de protección y seguridad en relación con el amianto” e insta a la Inspección de Trabajo a que visite las instalaciones para determinar si se había producido alguna negligencia por parte de la compañía pública de transporte. Además solicita que se examine la existencia de “un posible delito contra la seguridad de los trabajadores”, que se levante acta “disponiendo de las medidas sanatorias” y que, si procedía, “se diera traslado de estos hechos al Ministerio Fiscal”.
En febrero de 2018, la Inspección de Trabajo concluye su investigación imponiendo una sanción de 191.000 euros a Metro Madrid y ante la gravedad de la situación traslada los hechos a la fiscalía. En abril de 2018, el Juzgado de lo Social número 10 de Madrid, condena a Metro Madrid a indemnizar con más de 370.000 euros por daños y perjuicios por enfermedad profesional a la familia de este trabajador que desgraciadamente ya ha fallecido.
La Asamblea de Madrid investiga
Metro Madrid S.A es una empresa pública, integrada en el Consorcio Regional de Transportes de Madrid y la Comunidad de Madrid es titular de la totalidad de las acciones de la Sociedad. Por ello, cuando la sanción de la Inspección de Trabajo es conocida por la opinión pública y tras la presión de algunos sindicatos, todos los grupos políticos de la Asamblea de Madrid, a excepción del PP, solicitan la constitución de una Comisión de Investigación cuyo objeto es analizar las actuaciones u omisiones de la Administración madrileña en materia de prevención de riesgos laborales frente a la presencia de amianto en la red de Metro Madrid desde 2003.
La Comisión de Investigación se desarrolla en la Asamblea de Madrid entre marzo de 2018 y febrero de 2019 y el informe de conclusiones, firmado por todos los grupos políticos excepto el PP concluye que “Metro Madrid sabía de la existencia de amianto y sus riesgos desde hace más de dos décadas, sin embargo, la dirección de la empresa no dio la importancia debida a la situación ni valoró el peligro de forma adecuada”. Añade que “la organización de la empresa, todas las gerencias y la dirección estaban informadas de la presencia de amianto pero no lo estaban los trabajadores. Se ocultó la situación a los trabajadores dejándoles desprotegidos a pesar de que la empresa le obligaba la legislación vigente". En el dictamen de la Comisión se explicita que "no se ha llevado a cabo una gestión adecuada por parte de los responsables de Metro Madrid desde 2003, eximiéndose cada uno de sus responsabilidades y derivándolas a otros”. Y se concluye que ha habido "negligencia, incapacidad y ocultamiento”.
En el mes de julio, la fiscalía, tras una exhaustiva investigación con la colaboración de la policía judicial, denuncia a siete cargos de Metro de Madrid, responsables de salud y prevención de riesgos laborales y de otras secciones en las que los trabajadores tenían que manipular amianto sin protección. El Ministerio Fiscal acusa a los jefes del suburbano de cometer tres delitos: uno contra los derechos de los trabajadores, homicidio imprudente y lesiones por imprudencia. En estos momentos ya están citando en el Juzgado nº23 de Madrid a las personas que prestaron declaración ante la fiscalía y será la justicia quien tomará las riendas del caso y decidirá si investiga la responsabilidad penal de la compañía en lo sucedido y si imputa a los acusados. A pesar de ser Metro Madrid una empresa pública, entre los acusados no hay ningún responsable político.
Los políticos lo sabían desde 1992
Todo este asunto empezó mucho antes. con una denuncia de CCOO y los máximos responsables políticos en 1995 necesariamente debían conocer la denuncia en la que el PP participó siendo oposición. En febrero de 1991, la sección sindical de CCOO en Metro Madrid envió unas piezas a analizar al Centro Nacional de Nuevas Tecnologías, dependiente del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). El Instituto tarda menos de un mes en contestar y confirma que en una de las piezas, la identificada como “apagachispas” se han encontrado fibras de amianto de tipo crisolito. Con esos resultados la sección sindical de CCOO en Metro Madrid presentó denuncia ante la Inspección de Trabajo informando que el material en el que el Instituto había detectado amianto era “almacenado en planchas, al menos en dos almacenes del recinto de Cuatro Caminos”, “que estas planchas son o ha sido cortadas en algunas ocasiones en el taller de carpintería de Cuatro Caminos”, “que en el taller de mantenimiento de Aluche se manipulan (lijan y taladran) para su instalación en trenes clásicos de la 1 serie, concretamente, en los “apagachispas”. “Que en ningún momento la empresa nos ha informado de la existencia de dicho material a pesar de que la Orden Ministerial de 31/10/1984 por la que se aprueba el reglamento sobre Trabajos con Riesgo de Amianto, establece la obligación de las empresas incluidas en el ámbito de aplicación de este Reglamento a estar inscritas en las Direcciones Provinciales de Trabajo” y “que realizadas las comprobaciones en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA) existente en la Dirección Provincial de Trabajo, nos consta que la mencionada empresa no está registrada”.
En enero de 1992, la Inspección de Trabajo remite un escrito de contestación a CCOO con el informe emitido por el Gabinete Técnico del INSHT sobre la posible existencia en Metro Madrid S.A de riesgos para los trabajadores por exposición a amianto. En ese escrito, la Inspección de Trabajo le recuerda a la empresa que el Reglamento de Trabajos con Amianto aprobado en 1984 es aplicable a todas aquellas actividades u operaciones en las que se utilice amianto o materiales que lo contengan, siempre que exista riesgo de que se emitan fibras de amianto al ambiente de trabajo. Se le recuerda también a la empresa que de acuerdo con la Orden Ministerial del 7 de enero de 1987, que en caso de que se realicen trabajos con riesgo de emisión de fibras de amianto al ambiente de trabajo, con carácter previo a la iniciación de los trabajos se ha de disponer de un Plan de Trabajo que contenga las medidas pertinentes para garantizar la salud y seguridad de los trabajadores afectados.
En 1992, esta denuncia de CCOO fue utilizada por la entonces diputada del PP en la Asamblea de Madrid, María Teresa de Lara Carbó, licenciada en químicas y portavoz de Medio Ambiente del grupo popular. Concretamente el 6 de abril de 1992, María Teresa de Lara Carbó preguntó “sobre las medidas a adoptar por la Agencia de Medio Ambiente con respecto al problema que plantea la manipulación de fibra de amianto en las obras de algunas estaciones de Metro Madrid”. La diputada, conocedora de la gravedad del problema, remarcó que “la manipulación del amianto produce polvo, que va a los pulmones y tiene efectos cancerígenos”. El director de dicha agencia, el socialista, Francisco Cadarso, reconoció en su respuesta que los trabajadores estuvieron expuestos, pero que la concentración de polvo estaba “por debajo de los límites legales”.
En la bancada del grupo popular en esa III Legislatura de la Asamblea de Madrid, se encontraban, junto a María Teresa de Lara, otros dos diputados que dos años tarde serían, precisamente, los máximos responsables de Metro Madrid S.A, el diputado José Luís Álvarez Francisco, que sería Consejero Delegado de Metro Madrid entre 1995-1997 y el diputado, Luis Eduardo Cortes, que sería Consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid entre 1995 y 2003. La diputada Lara Carbó permaneció hasta mayo de 2019 en el Congreso de los Diputados, siempre a cargo de responsabilidades relacionadas con el Medio Ambiente. Fue portavoz de Medio Ambiente del Grupo Parlamentario Popular en la X Legislatura y presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del PP. Para desgracia de los trabajadores de Metro Madrid, parece que los diputados del PP olvidaron la pregunta de su compañera de grupo sobre el amianto nada más llegar a ocupar sus nuevas responsabilidades en la empresa pública.
El Informe de 2003
En 1992, con la denuncia de CCOO y la respuesta de la Inspección de Trabajo, Metro Madrid debería de haber inscrito la empresa en el RERA, haber identificado a los trabajadores que habían estado expuestos a amianto, haber realizado con estas personas un exhaustivo seguimiento en el terreno de la Vigilancia de la Salud, haber elaborado un Protocolo de Actuación frente al amianto y haber puesto las medidas preventivas para evitar más exposiciones a amianto de sus trabajadores. Sin embargo, la compañía pública no hizo nada de eso.
Lo reconoce la misma empresa en un documento en 2003 en el que responde a una encuesta de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud. En ese informe Metro Madrid afirma que: “no se conoce el número de trabajadores expuestos al amianto, ni antes de 1985, ni entre 1985 y 2003. Ni de los que han manipulado piezas de los trenes ni de los que ha demolido techos de uralita (la marca comercial con la que se conocía el amianto en la época). La Comisión Nacional pregunta específicamente por el número de trabajadores que participa en la vigilancia médica, a lo que el Gerente de Prevención de Metro Madrid responde que "no se conoce ningún trabajador afectado por la patología que se deriva de la exposición por amianto". Cualquier prevencionista en 2003 sabía que la patología por exposición a amianto se manifiesta muchos años más tarde y de ahí que la ley obligue desde 1986 a una exhaustiva vigilancia de la salud.
De lo que sí ofrece datos el informe de 2003 es de la presencia de amianto en Metro Madrid. En un detallado inventario plantea que estarían afectados 24 componentes de los que están presentes en 50 unidades de los trenes clásicos, que no se utilizaban para el transporte de viajeros pero si eran manipulados por los trabajadores y 65 unidades de los trenes CAF 5.000 de la serie 1. Se afirma que en el resto de los trenes no hay componentes que contengan amianto. La presencia en las instalaciones de la red es mucho mayor: el informe detalla cada una de las estaciones en las que hay amianto, un total de 63 estaciones de ocho líneas de metro.
¿Cómo no pueden localizar a los trabajadores expuestos?
Como señala José Rodríguez Valdés, actual representante de CCOO en el Grupo de Amianto de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud, y trabajador del sector ferroviario: “resulta cuanto menos sorprendente que con semejante conocimiento de los trenes y estaciones afectados, Metro Madrid manifestara en su momento, y aún hoy lo hace, su incapacidad para localizar a los trabajadores potencialmente expuestos a amianto. Cualquier ferroviario sabe que mediante las órdenes de trabajo sería bastante factible localizar a las personas que han realizado operaciones potencialmente expuestas a amianto, en aquel entonces y aún en la actualidad”. En este mismo informe de 2003, cuando la Comisión solicita a Metro Madrid información sobre empresas contratadas para el procedimiento de desamiantado, la respuesta es rotunda: “ninguna”. A continuación, la Comisión solicita información sobre el protocolo de vigilancia de la salud específica que se ha utilizado o está previsto utilizar para la realización de los reconocimientos médicos y la respuesta además de rotunda es altamente sorprendente: “no procede su aplicación al no existir la causa que lo motiva”. Tampoco en 2003 consideró Metro Madrid inscribirse en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA) al que ya la inspección hizo mención en 2001.
Más de 30 requerimientos y cuatro sanciones de la Inspección de Trabajo
Juan Carlos de la Cruz, actual secretario de la Sección Sindical de CCOO en Metro Madrid lleva trabajando en Metro Madrid desde 1981, en los talleres centrales de Canillejas y considera escandalosa la actuación de la empresa en lo que se refiere a la ocultación de la información y eludiendo su obligación de proteger y vigilar la salud: “No nos han facilitado el informe de 2003 hasta que en 2017 empezó a actuar la Inspección de Trabajo que ha presentado más de 30 requerimientos. A fecha de hoy siguen sin facilitar el listado de trabajadores potencialmente expuestos a amianto en el Comité de Seguridad y Salud. Nos niegan el acceso a las cuatro actas de Infracción que ha levantado la Inspección de Trabajo y cuando nos dirigimos por escrito a la autoridad laboral competente, la Dirección General de Trabajo de la Comunidad de Madrid, nos contesta que no se nos puede facilitar dicha información porque los procedimientos de la Inspección están paralizados desde el momento en el que se ha abierto un proceso penal". "Mientras tanto -continua Juan Carlos de la Cruz - los trabajadores que estuvieron expuestos a amianto, los que siguen en la empresa y los que ya no están, continúan sin ser identificados y se nos presenta una vigilancia de la salud “voluntaria” para todos como un gran logro, cuando lo que establece la ley es que Metro Madrid ha de hacer un listado de trabajadores potencialmente expuestos y poner en marcha una vigilancia de la salud obligatoria”. De la Cruz que está convencido de que todos los trabajadores que como él trabajaron en los antiguos talleres de Cuatro Caminos han estado expuestos a amianto.
La reacción frente a los enfermos
La actuación de Metro Madrid frente a los enfermos no sólo es incomprensible sino hiriente. Juan Carlos de la Cruz expresa en estos términos la desolación que cunde en los trabajadores cuando compruebas lo poco que le importa tu salud a la empresa: “Te das cuenta del desprecio con el que Metro Madrid ha tratado este tema cuando hablas con compañeros del Metro Barcelona y te enteras que desde los años 90 existe un programa específico de vigilancia médica. El representante sindical lamenta igualmente el tratamiento que reciben los trabajadores que ya están enfermos: “Santos, el compañero que acudió a la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid, recibió en 2016 el diagnóstico de asbestosis, la enfermedad respiratoria que se produce por inhalación de fibras de amianto, y el Servicio Médico de Metro Madrid y la Mutua Asepeyo, han tardado 2 dos años es reconocerle la enfermedad profesional y comunicarla al CEPROSS”. “Sabemos que la Seguridad Social va llamando a los trabajadores pero se nos niega la información del censo de trabajadores potencialmente expuestos” denuncia De la Cruz.
CCOO-Madrid y la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Madrid Región (FSC-Madrid) ha puesto en marcha un grupo de trabajo para prestar apoyo a la sección sindical de Metro Madrid, en el que también están participando la FSC a nivel estatal y la Secretaría de Salud Laboral de CCOO: “La situación es muy grave – explica Carmen Mancheño, Secretaria de Salud Laboral de CCOO-Madrid – y necesita que toda la organización se ponga manos a la obra para apoyar a la sección sindical de Metro Madrid porque la estrategia de ocultamiento que está llevando la empresa pública es muy perversa y pone todo el tiempo a los representantes de los trabajadores en una situación muy difícil. Todo son operaciones de marketing para manejar a la opinión pública que dificultan la acción de la sección sindical y lo que es más grave, impide identificar a los trabajadores expuestos y que éstos se puedan beneficiar de un diagnóstico precoz” afirma Carmen Mancheño, responsable sindical en CCOO-Madrid y también médica del trabajo: “Si se detecta que un trabajador empieza a tener problemas respiratorios se hace una prueba más específica para ver si ha desarrollado una enfermedad pulmonar por exposición al amianto. Si hay algún daño pulmonar, en ese momento hay que adaptar el puesto de trabajo para que esa persona no empeore. Por ejemplo, si es un trabajador de mantenimiento que está expuesto a polvo, la empresa tiene que evitarle la exposición a polvo porque eso va a agravar su enfermedad profesional por exposición a amianto. El consejo antitabaco es también muy importante: Si el trabajador no sabe que ha estado expuesto a amianto, no puede valorar, adecuadamente, la gravedad de seguir fumando. Con el cáncer de pulmón, el diagnóstico precoz del cáncer de pulmón mejora de forma muy importante el pronóstico del paciente, tanto en calidad de vida como en supervivencia y nos permite curar o cronificar la enfermedad. La actuación de Metro Madrid, negando la mayor, es decir, que ha habido exposición y quién ha estado expuesto está condenando, anticipadamente, a esos trabajadores”.
“Además -añade Carmen Mancheño- la vigilancia específica de la salud favorece que las patologías que se diagnostiquen sean consideradas como enfermedad profesional, garantizando así los derechos de los trabajadores y abriendo la posibilidad a otras actuaciones como la petición de un recargo de prestaciones o una indemnización por daños y perjuicios”.
Las trampas a los sindicatos
Metro Madrid, unos días antes de la declaración de la Consejera de Transportes de la Comunidad de Madrid en la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid, se sacó de la manga una “Comisión Específica para el Amianto” y propuso a los sindicatos formar parte de ella para poder presentarse, respaldada por los trabajadores, en la Asamblea: “Ni CCOO ni el Sindicato de Maquinistas aceptamos esta maniobra” explica Juan Carlos de la Cruz, desde la sección sindical de CCOO. “Fue difícil para nosotros tomar esa decisión – añade De la Cruz- porque UGT, Solidaridad Obrera, Sindicato Libre y el Sindicato de Técnicos que representan al 55% de la plantilla sí aceptaron ese juego. Pero no podíamos consentir esa manipulación que además nos deja totalmente desprotegidos porque esa Comisión no tiene ninguna cobertura legal. CCOO lleva años pidiendo que se constituya un grupo de trabajo para el amianto en el seno del Comité de Seguridad y Salud que es el órgano competente, por ley, para tratar estos temas. La empresa lo ha negado una y otra vez. Finalmente aceptó su constitución y luego se sacó está Comisión de la manga para vaciar de contenido el Comité de Seguridad y Salud”.
Vicky García Prudencio, Secretaria de Salud Laboral de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en Madrid tiene muy claro el objetivo de esa comisión que denomina “la comisión despiste”: “Lo que la empresa persigue con esa comisión es sustraerse de sus obligaciones legales, lo mismo que hace al negarse a apuntarse al Registro de Empresas con Riesgo de Amianto o al negarse a proporcionar en el Comité de Seguridad y Salud el listado de trabajadores potencialmente expuestos". explica García Prudencio. Según está responsable sindical: "Metro Madrid está siguiendo la estrategia del negacionismo, quizás por consejo de sus abogados, sin atender las consecuencias que eso tiene para los trabajadores que han estado expuestos. Nosotros no vamos a parar hasta que proporcionen la información en el Comité de Seguridad y Salud y hemos solicitado al juez personarnos como acusación particular en la causa penal que ha interpuesto la fiscalía. En este caso hay responsabilidades políticas que no se pueden dejar pasar. Por ejemplo, Borja Carabante, que ha sido Consejero Delegado de Metro Madrid desde 2016 y 2019, y cuya gestión fue puesta en entredicho, no sólo por la Inspección de Trabajo sino también por la Asamblea de Madrid, no sólo no dimitió tras esa nefasta gestión, sino que ahora tiene la responsabilidad del área de movilidad en el Ayuntamiento de Madrid”.
El negacionismo de Metro Madrid raya el absurdo. Desde 2017, la empresa ha publicado casi 100 circulares informando a los trabajadores de la presencia de amianto. Prácticamente cada semana aparece una nueva y hay semanas, como esta última, en que aparecen tres nuevas circulares. Empresas como INDUREMÓN S.L que trabaja para Metro Madrid en el mantenimiento de los trenes están inscritas en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto desde marzo de 2018 y sin embargo, a pesar de que ese fue uno de los requerimientos de la inspección, en el momento de escribir este reportaje Metro Madrid sigue sin estar inscrita en el RERA.
CCOO está articulando una estrategia a nivel estatal porque no son sólo los trabajadores de Metro Madrid están afectados. En el sector ferroviario, es necesaria una estrategia global. Lo explica Ángel Moreno, Secretario de Salud Laboral de la Federación de Servicios a la Ciudadanía: "CCOO ha impulsado un grupo de trabajo en el sector ferroviario con vocación interfederal . Este grupo incluiría empresas como el Metro de Madrid y Barcelona, o RENFE y ADIF, y contratas y subcontratas que operan en el ámbito ferroviario con el objeto de abordar la casuística completa y determinar estrategias preventivas globales e incluso articular procesos de movilización para reivindicar planes de desamiantado en el conjunto de las actividades ferroviarias". "Sólo si somos capaces de realizar mapas sobre la presencia de amianto en los centros de trabajo podremos establecer las estrategias sindicales y preventivas necesarias y defender el derecho a la salud de los trabajadores y trabajadoras" concluye Ángel Moreno.
El amianto viajó a Argentina
A Metro Madrid le va a resultar difícil justifica la venta de 36 unidades de la serie CAF 5000 a Mauricio Macri, entonces alcalde de Buenos Aires, porque en los planos que se facilitaron a los compradores argentinos se recoge explícitamente que hay piezas, en los bastidores y en otras partes del tren, que contienen amianto. Los planos han sido facilitados a CCOO por el Secretario de Salud Laboral de la Central de Trabajadores de Argentina, Beto Pianelli, que es también Secretario General de la Asociacion Gremial de los Trabajadores del Subte y Premetro de Buenos Aires.
En España, desde 2002 está prohibida la comercialización de amianto o de productos que lo contengan y la venta realizada por Metro Madrid a la empresa Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) se realizó en 2011. Los planos que acompañaron esa transacción llevan fecha de 1983 y fueron adjuntados a un Manual de Instrucciones sobre la serie 1 de los CAF 5000 redactado por Metro Madrid en junio de 2007. En el Manual de Instrucciones que Metro Madrid facilitó a los compradores se describe muy detalladamente qué reformas se han practicado a la serie CAF 5000 mientras circulaba por Madrid y en qué fechas. El parque de este tipo de coches fue de 352 unidades en las series 1, 2, 3 y 4 que fueron fabricadas en Zaragoza, Beasain e Irún por CAF (Construcciones y Auxiliares de Ferrocarril) y WESA (Westhingouse España S.A). El equipo neumático y de frenos fue fabricado por la Sociedad Española de Frenos, Calefacción y Señales. En la documentación para vender los CAF 5000 se relacionan hasta 35 intervenciones realizadas desde 1976 hasta 2003 en los trenes que se vendieron a Argentina. Esos trenes fueron retirados de la circulación en Argentina, por presiones de los sindicatos, en 2017 cuando salta el escándalo de Metro Madrid y los compañeros de Beto Pianelli mandan a analizar las piezas a un laboratorio independiente de la Universidad Nacional del Sur .
La detallada relación de las operaciones de reforma de esos trenes CAF 5000 realizada por Metro Madrid en 2007, en la que se indica trabajo realizado y fecha del mismo, contrasta con la incapacidad manifestada en 2003 por Metro Madrid sobre qué trabajadores realizaron trabajos con amianto. "Todos esos trenes se reformaron en los talleres de Metro Madrid" confirma Juan Carlos De la Cruz, secretario de la sección sindical de CCOO en Metro Madrid. Algunas unidades del CAF 5000 aún están circulando en la red de Metro Madrid actualmente y hay casi 50 trenes paralizados, de las series 5000 y 2000 por contener pintura bituminosa, es decir, amianto.
