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Incendio en Seseña: una gravísima exposición laboral a tóxicos

Vie, 15/07/2016 - 12:20
ÓSCAR BAYONA Y BERTA CHULVI
Condiciones de trabajo


El incendio del vertedero ilegal de neumáticos situado entre los municipios de Seseña y Valdemoro no solo tiene consecuencias medioambientales y para la salud de la población, sino que se trata de un caso de exposición laboral a tóxicos y cancerígenos muy grave en el que se ha desplegado la acción sindical de CCOO.

Veinticinco días se ha tardado en apagar el incendio de Seseña. Un incendio complejo, que ha obligado a colaborar a las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha y Madrid, y donde desde el 13 de mayo han ardido unas 40.000 toneladas de neumáticos que han emitido a la atmósfera una cantidad ingente de productos tóxicos, cancerígenos, mutágenos o disruptores endocrinos. La estrategia de intervención que se decidió implementar (acelerar la combustión removiendo el combustible) para extinguir cuanto antes el incendio significó aumentar y concentrar en el tiempo la emisión de humos que contenían los gases más tóxicos para población civil y trabajadores.

Aunque no puede conocerse con exactitud la totalidad de los componentes presentes en el humo del incendio, sí está confirmada la presencia de metales pesados, benceno, hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) y diversos compuestos volátiles y semivolátiles. Buena parte de estas sustancias son cancerígenas y mutágenas reconocidas legalmente y entran dentro del ámbito del RD 665/1997, de protección frente a la exposición a cancerígenos en el trabajo. La unidad móvil de medición de contaminantes que se situó en el colegio de El Quiñón, a unos 800 metros del vertedero, ha detectado elevadísimos valores de benceno, dióxido de azufre (SO ) y partículas en suspensión (PM10 y PM2.5) coincidiendo con los días en los que el viento desplazaba la columna de humo en esa dirección. Asimismo, las muestras de partículas analizadas por el Instituto de Salud Carlos III han arrojado elevados niveles de diversos HAPs, especialmente del peligroso benzo(a)pireno, cuyo valor límite establecido en la legislación es de 1 nanogramo por metro cúbico (ng/m 3 ) en media anual, habiéndose detectado picos muy superiores que han llegado a alcanzar los 85,59 ng/m 3 en algunos momentos.

La población laboral expuesta ha sido muy numerosa. La Junta de Castilla-La Mancha ha estimado que unas 1.500 personas han participado en el operativo del incendio, entre las que se encuentran trabajadores de los servicios de bomberos de ambas comunidades, las empresas públicas GEACAM y TRAGSA, agentes medioambientales, Protección Civil, Policía local de Seseña, Guardia Civil, trabajadores de limpieza de los ayuntamientos de Seseña, de Esquivias y de la empresa SELYMSA y operarios de Red Eléctrica. A todos ellos habría que sumar los trabajadores de los polígonos industriales de las inmediaciones o los trabajadores de la gasolinera situada a escasos metros del vertedero.

“La emergencia no era el incendio, era el humo, que contenía tóxicos, cancerígenos y mutágenos y eso no se controló en ningún momento”, así lo explica el sargento jefe del Parque de Bomberos de Illescas (Toledo), José Torremocha, que es también delegado de prevención de CCOO: “Nos mandaron a actuar con mascarillas solo para partículas sólidas, de nivel de protección 3 y así estuvimos del 13 al 25 de mayo. El 26 y 27 nos las cambiaron por otras que protegían de los gases pero no de todos, y finalmente, del 27 al 1 de junio, nos volvieron a cambiar las mascarillas por otras con un grado de protección mayor”. La medida preventiva que garantiza la protección respiratoria de los bomberos durante las intervenciones con gases tóxicos es la utilización de equipos de respiración autónoma, pero estos solo se han utilizado en el caso de los bomberos de la Comunidad de Madrid. Los trabajadores de INFOCAM y TRAGSA solo han utilizado mascarillas de partículas durante toda la intervención.

La acción sindical de CCOO se activó el 13 de mayo, día del inicio del incendio, dirigiéndose a la Inspección Provincial de Trabajo de Toledo, a la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y al delegado del Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha solicitando una evaluación urgente de las posibles situaciones de riesgo grave o inminente que el incendio pudiera causar a todas las empresas del entorno. Desde ese mismo día, responsables de diferentes Federaciones de CCOO recorrieron los polígonos industriales de La Carrasquilla, Los Pontones, Cuesta de la Reina y San Isidro para advertir del riesgo a trabajadores y direcciones de las empresas e informar de las medidas de protección básicas.

El 17 de mayo, los delegados de prevención de la sección sindical de CCOO en Consorcio de Toledo solicitaron una reunión urgente del comité de seguridad y salud, sin que obtuvieran ninguna respuesta. Lo explica José Torremocha: “El comité de seguridad y salud llevaba sin reunirse dos años y medio, porque el anterior equipo de gobierno en la Diputación hizo caso omiso a nuestras peticiones. En 2015 yo solicité una reunión para exponer todas las investigaciones médicas que muestran que los bomberos mueren más jóvenes y que el uso de equipos contaminados aumenta el riesgo de padecer cáncer. Pues nada, ni caso. Durante los 24 días que duró la intervención no se descontaminaron ni los equipos de protección individual ni los trajes, ni los vehículos. El 28 de mayo nos trajeron trajes de papel desechables que habían comprado en una ferretería y en los que no se indicaba ningún nivel de protección”.

Mientras los bomberos actuaban en sus centros reclamando las medidas de protección y una estrategia para defender su salud que no llegaba, la Secretaría de Salud Laboral de Toledo tiene conocimiento, el 18 de mayo, que SELYMSA, subcontrata del Ayuntamiento de Seseña, había enviado a la urbanización de El Quiñón a trabajadores de la limpieza viaria sin protección respiratoria y sin ropa de trabajo adecuada para prevenir la exposición inhaladora y dérmica a los gases y las partículas tóxicas. Asimismo, la misma empresa había quebrantado el cierre del colegio de El Quiñón decretado por Protección Civil y la Consejería de Educación, enviando a las trabajadoras de la limpieza del centro sin ningún tipo de medida preventiva. Ambas acciones supusieron la presentación de sendas denuncias ante la Inspección de Trabajo, que tuvieron como consecuencia la paralización de las actividades y el inicio de una negociación con los servicios de prevención del Ayuntamiento y de SELYMSA para establecer protocolos de trabajo con el objetivo de reorganizar los trabajos para reducir la exposición de los trabajadores al mínimo y garantizar el uso de los equipos de protección individual apropiados.

En el terreno de los riesgos psicosociales los bomberos también se han visto expuestos, pues han tenido que actuar en ocasiones contra sus principios éticos y profesionales: “En un momento en que estábamos moviendo los neumáticos con maquinaria pesada, le dije a mi jefe que el humo negro estaba yendo hacia las casas –una urbanización donde viven 7.000 personas– y me contestó: hasta que no llamen, seguimos”, explica José Torremocha, que en ese momento sintió una frustración enorme. Lo que más le indigna al sargento Torremocha es oír a sus jefes y a las autoridades que lo tenían todo controlado. “No es cierto. Esto les ha desbordado y no había ningún operativo ni procedimiento preparado. Y si lo tenían todo controlado y esta es su manera de actuar es mucho más grave”, concluye Torremocha, que se pregunta qué responsabilidad se le va a pedir al anterior gobierno que consintió este vertedero ilegal. Una primera reacción del actual equipo de gobierno en la Diputación de Toledo, mucho más sensible a esta problemática, ha sido convocar al comité de seguridad y salud y atender a las peticiones de CCOO respecto a la vigilancia de la salud de los trabajadores que intervinieron, que se someterán a pruebas biológicas y de marcadores tumorales.

Ante este panorama, las Secretarías de Salud Laboral de CCOO de Madrid, Castilla-La Mancha y la Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente de la Confederación de CCOO están exigiendo a la Administraciones central y de ambas comunidades autónomas la elaboración y puesta en marcha de un plan integral en el que, además de afrontar los problemas medioambientales derivados del incendio, se asegure la vigilancia de la salud de la población laboral afectada, haciendo especial hincapié en los colectivos que han sufrido una exposición más virulenta.