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Esclareced Zaldibar! una tragedia que muestra mucha negligencia

El derrumbe del vertedero vasco evidencia que la gestión de residuos en nuestro país ni contempla la salud laboral ni la salud pública
Lun, 24/02/2020 - 11:18
BERTA CHULVI
Condiciones de trabajo

Zaldibar argitu!, ¡esclareced Zaldibar! en castellano, fue el grito más repetido por las más de 5.000 personas que el sábado 15 de febrero se manifestaron para exigir al gobierno vasco una gestión transparente de este accidente laboral que se ha convertido en la mayor crisis ambiental de Euskadi en la última década. Los hechos ocurrieron el 6 de febrero sobre las 16 horas, cuando reventaron los muros de contención del vertedero de Zaldibar - gestionado desde 2011 por la empresa Verter Recycling 2002 S.L. Más de medio millón de toneladas de residuos se desparramaron sobre la ladera del monte Montia, concretamente en los parajes conocidos como Altzola y Motatxo y llegaron a la AP-8, la autopista que une Bilbao con San Sebastián, sepultando a su paso a dos trabajadores, Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze cuyos cuerpos, 18 días más tarde, aún no han sido localizados. Joaquín, antes de ser engullido por la montaña de residuos alertó a sus compañeros con una llamada telefónica que a algunos les salvó la vida. La pérdida de vidas humanas podría haber sido mayor ya que a esa hora no había tránsito por la calzada de la AP-8 y milagrosamente nadie quedó sepultado por la ladera. 

 

escavadora

Todas las informaciones conocidas tras el accidente apuntan que la tragedia pudo haberse evitado y que estamos ante una gestión de los residuos muy deficiente. Lo que ha sacado a la luz pública el derrumbe del vertedero de residuos inertes de Zaldibar no es sólo basura. El desprendimiento de la escombrera ha servido para poner el foco mediático sobre una realidad compleja que tiene múltiples caras y ninguna de ellas satisfactoria. El primer fogonazo de luz pública apunta directamente a la gestión por parte de la propia empresa. Se ha sabido que la empresa ha sobreexplotado el vertedero y que Joaquín Beltrán, uno de los trabajadores sepultados, advirtió tres o cuatro días antes del derrumbe, que se estaban produciendo grietas en los taludes que contenían los residuos. Se llegó a poner un testigo en una de esas grietas y se pudo observar que en sólo un día la grieta había aumentado 22 centímetros. Lo sorprendente es que ante una situación como esa, los responsables de la empresa ni interrumpieron los trabajos, ni alertaron a las autoridades de lo que estaba sucediendo hasta que ya fue demasiado tarde.

Sin embargo, no estamos sólo ante un caso de negligencia empresarial, la dolorosa tragedia de Zaldibar nos está mostrando muchas más cosas. Zaldibar ha puesto en la agenda pública un submundo laboral compuesto por personas que en los vertederos lidian con recursos tóxicos totalmente desprotegidos. Ha mostrado también una gestión pública de las autorizaciones y del control de los vertederos muy deficiente que otorga a la población una sensación de protección totalmente infundada. Zaldibar ha destapado la codicia de unas empresas privadas voraces que sobreexplotan los vertederos en busca de su propio beneficio y poniendo su negocio por encima de la salud laboral y de la salud pública. El vertedero de la pequeña población vizcaína ha puesto en evidencia un entramado industrial y económico que es cómplice de esa sobreexplotación porque genera residuos a enorme velocidad y que mira hacia otro lado una vez los residuos han salido por la puerta de la fábrica. En la actualidad 700 empresas de Euskadi que llevaban sus residuos al vertedero de Zaldibar se han quedado sin patio de atrás.

Zaldibar nos ha mostrado también una sociedad que mayoritariamente ignora estos problemas hasta que literalmente le cae la basura encima y descubre con impotencia cómo, de repente, se contamina el aire que respira. Un aire contaminado que han estado respirando esos trabajadores hoy desaparecidos, y sus compañeros, en este y en otros vertederos del Estado español, en cada una de sus jornadas laborales. Un aire que han respirado - durante 10 horas sin ninguna protección- los equipos de rescate que acudieron a tratar de salvar las vidas de Joaquín y Alberto y a despejar la autopista que vertebra Euskadi. Un aire que aún hoy respira, la ciudadanía, pero especialmente los trabajadores y trabajadoras de los municipios de Zaldibar y Ermua que realizan trabajos en el exterior:  trabajadores de correos, brigadas de obras municipales, trabajadores de la construcción y un largo etcétera de actividades al aire libre para quienes las autoridades vascas no ha emitido ninguna instrucción específica, ni siquiera en los momentos de mayor alarma social cuando se recomienda cerrar las ventanas de las viviendas y no hacer ejercicio físico en el exterior.

Así lo explica Alfonso Ríos, secretario de Salud Laboral de CCOO-Euskadi que el pasado jueves se reunió en Ermua con los trabajadores de la comarca del Duranguesado para tratar de coordinar una estrategia conjunta: “Desde CCOO-Euskadi, nuestra prioridad es proteger a las personas trabajadoras y hemos denunciado que las autoridades, en sus comunicaciones, han minimizado los efectos del amianto generando confusión a tratarlo como algo distinto al fibrocemento. Además de esa denuncia pública, estamos trabajando a pie de obra, comunicándonos por escrito con los servicios de prevención, en aquellas empresas en las que tenemos representación sindical,  para exigirles que nos indiquen, a la mayor brevedad, qué medidas preventivas se están adoptando para proteger a aquellas personas cuya alta carga de trabajo y actividad física conlleva mayor frecuencia respiratoria, y por tanto mayor inhalación de los contaminantes que puedan existir en el ambiente. Con ello queremos obligar a que cada servicio de prevención y cada empresa asuma su obligación de protección porque es la única manera de llegar realmente a toda la población trabajadora”.

Como recuerda CCOO-Euskadi en su escrito a los servicios de prevención, el artículo 16.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales señala que las evaluaciones de riesgos tendrán que ser actualizadas cuando cambien las condiciones de trabajo y que la empresa tiene la obligación de planificar la actividad preventiva para que cualquier posible contaminación en el medio ambiente de trabajo, no dañe la salud de la plantilla. 

“En estos momentos -señala Alfonso Ríos- además de compartir el dolor de las familias de los dos desaparecidos y exigir una actuación eficiente en el rescate de las víctimas tenemos tres prioridades: que se pongan las medidas preventivas para proteger a todos los trabajadores y trabajadoras frente a una posible existencia de amianto y otras sustancias tóxicas en el ambiente de trabajo que se han liberado con el desprendimiento y los incendios en el vertedero de Zaldibar, exigir a OSALAN que incluya a todos los trabajadores y trabajadoras que estuvieron trabajando en la zona del derrumbe en plan de la vigilancia de la salud del amianto para que ésta se extienda más allá de la jubilación y para que los servicios de prevención cumplan con su obligación de llevar a cabo la vigilancia de la salud de estos trabajadores.  Finalmente, exigimos al gobierno vasco transparencia en el manejo de la información y un replanteamiento global de nuestra política en la gestión de residuos que no sólo pone en peligro a la población trabajadora que está en la primera línea de fuego sino también a toda la ciudadanía”. “Con Zaldibar han saltado todas las alarmas y ahora hay que ir al fondo de los problemas para encontrar soluciones” concluye Alfonso Ríos.

Primera alarma: amianto y equipos de rescate

En el desprendimiento se desparramaron medio millón de toneladas de residuos no urbanos, es decir, materiales de construcción, restos siderúrgicos, lodos. etc. Entre estos residuos, diez horas después del accidente, cuando los equipos de rescate trabajaban a mano con pico, pala y perros, se descubrió que había amianto. En ese momento se detuvieron los trabajos que realizaba la empresa encargada del mantenimiento de la carretera y los bomberos de la Diputación de Vizcaya. En el caso de los trabajadores de mantenimiento de la carretera la paralización duró sólo tres horas. El tiempo necesario para proporcionar a estos trabajadores los equipamientos de protección individual (EPIS) adecuados. Se sabe que a estos trabajadores se les indicó que se pusieran los EPIS sobre los uniformes que estaban usando en ese momento y podrían estar ya contaminadas por la exposición a amianto. Los bomberos de Iurreta, Eibar y Oñati que acudieron al siniestro han manifestado que tenían ropa protectora contra el amianto en el camión, pero no les advirtieron de su existencia.

Por las informaciones aparecidas en la prensa se sabe que la diputación Foral de Vizcaya envió a 45 trabajadores y maquinaria pesada para retirar cuanto antes el material que invadió la autopista. En el operativo intervinieron varias empresas. Bycam, constructora perteneciente al grupo Moyúa, movilizó tres de las seis retroexcavadoras empleadas en la madrugada del 7 de febrero. Además, se utilizó una pala cargadora, doce camiones bañeras y otros cinco dumpers de tres ejes. También se desplazó un tráiler con pinza para retirar el arbolado, se instaló una torre de iluminación, intervinieron barredoras, máquinas baldeadoras para limpiar la carretera y un equipo de tala y retirada de arbolado integrado por seis profesionales.

Todos ellos estuvieron potencialmente expuestos a fibras de amianto sin ninguna prevención al menos durante diez horas. Lo confirmó, diez días después del desprendimiento, el consejero vasco de Medio Ambiente. Iñaki Arriola informó que el vertedero de Zaldibar almacena según los datos oficiales, 16.148 toneladas de amianto (unos 1.468 camiones de tamaño medio) colocados "por encima" del vertedero los más recientes, y en estratos profundos y cerca de la zona de rotura los primeros lotes que recibió en 2012. Aquel año acogió ya 337 toneladas de amianto. En 2019, recibió 4.258 toneladas de material cancerígeno.

¿Cumplía la empresa con los requisitos que la ley exige a los vertederos de residuos no peligrosos que almacenan amianto? Por la forma en la que se han encontrado los residuos de amianto en el derrumbe todo apunta a que no se cumplió la normativa, aunque este es un aspecto que deberá dilucidar el Juzgado de Instrucción 1 de Durango (Vizcaya) que ha abierto investigaciones por un presunto delito contra la salud de los trabajadores y contra el medio ambiente. El gobierno vasco también ha abierto un expediente sancionador a la empresa.

Las dudas sobre si los vertederos actúan correctamente en la recepción del amianto no se ciernen sólo sobre Zaldibar sino sobre todas las instalaciones del Estado español. La ley permite a los vertederos de residuos no peligrosos albergar residuos peligrosos como el amianto, pero en celdas estancas, señalizadas y debidamente separadas del resto. Concretamente el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, modificado en  2013, que regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, establece las siguientes condiciones para el manipulado de amianto en vertederos de residuos no peligrosos:

  • Los residuos que se almacenen con el amianto no deberán contener sustancias peligrosas distintas del amianto aglomerado, incluidas las fibras aglomeradas mediante un aglutinante o envasadas en plástico o sistemas similares que garanticen la imposibilidad de emisión de fibras durante su manipulación.
  • En la celda en que se deposite material de construcción que contenga amianto y otros residuos de amianto no se depositarán otro tipo de residuos, y la celda será suficientemente estanca.
  • La manipulación de los residuos de amianto que lleguen al vertedero envasados se realizará de forma que no se produzca la rotura ni del contenido ni del continente del embalaje.
  • Para evitar la dispersión de fibras, la zona de depósito se cubrirá diariamente y antes de cada operación de compactado con material adecuado que no contenga elementos angulosos que puedan producir daños por punzonamiento y, si el residuo no está envasado, se regará periódicamente. 
  • Para evitar la dispersión de fibras se colocará sobre el vertedero o la celda una cubierta superior final de material adecuado que no contenga elementos angulosos que puedan producir daños por punzonamiento.
  • En el vertedero o la celda no se efectuará ninguna obra que pudiera provocar la liberación de fibras (por ejemplo, la perforación de agujeros). 
  • Una vez clausurado el vertedero o la celda, la entidad explotadora del vertedero conservará un plano con la ubicación, en planta y en alzado, de los residuos de amianto, información que deberá ser remitida al órgano ambiental competente de la comunidad autónoma.

¿Qué va a pasar con esos trabajadores que durante las diez primeras horas de rescate estuvieron expuestos a amianto? El Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laboral, OSALAN, anunció en un primer momento que a todas las personas que intervinieron en las labores de rescate se les aplicará el protocolo de vigilancia de la salud que el Instituto dispone para los trabajadores y trabajadoras que hayan podido estar expuestos a amianto, pero unos días más tarde un periódico regional de gran tirada, el Correo Vasco, ha publicado una información que contradice este primer anuncio. Una información de prensa que OSALAN, hasta este momento, no ha desmentido oficialmente.

Segunda alarma: incendios y emisiones tóxicas

El amianto no es más que un 0,57 por ciento de los 2,8 millones de toneladas de residuos que albergaba el vertedero de Zaldibar. La existencia de más sustancias tóxicas en el vertedero sale a la luz pública a raíz de los incendios que se declaran en la parte alta del vertedero siniestrado que provocan emisiones tóxicas que afectan a los municipios vecinos.

La versión oficial es que el origen de estos incendios es el gas metano que se produce en la fermentación materia orgánica del vertedero. Los incendios han estado activos más de dos semanas y se han reactivado en varias ocasiones. Fueron los primeros análisis de calidad del aire realizados tras los incendios (las muestras se obtuvieron el 9 de febrero y los resultados llegaron el 14) los que disparan las alarmas de salud pública: los análisis detectan dioxinas y furanos en el aire en proporciones entre 40 y 50 veces superiores a los normales. Esto es 700 centigramos de dioxinas y furanos por metro cúbico. En ese momento se recomienda a los vecinos de los cercanos municipios de Zaldibar, Ermua y Eibar que cierren las ventanas y no hagan deporte. Ninguna recomendación se hizo para los trabajadores y trabajadoras que desempeñan su actividad al aire libre muchas veces con un importante esfuerzo físico.

Dos días después de esta recomendación que generó alarma en la ciudadanía, responsables del Laboratorio de Salud Pública del Departamento Vasco de Salud y del Servicio de Aire del Departamento de Medio Ambiente aseguran que la exposición a furanos y dioxinas no tiene afección a la salud “a corto ni a largo plazo”. Sin embargo, dos días más tarde, el 18 de febrero, a través de una circular interna, la universidad pública vasca da a conocer las recomendaciones emitidas desde el servicio de Prevención de la UPV para sus trabajadores y trabajadoras y pide a las trabajadoras de la Escuela de Ingeniería de Eibar que no acudan al centro si están embarazadas o si están en periodo de lactancia.

Dos unidades móviles del departamento de Medio Ambiente del Ejecutivo se han instalado en Ermua y Eibar para realizar mediciones de la calidad del aire pero no han sido facilitados nuevas mediciones. La Consejería de Medio Ambiente del País Vasco informa casi diariamente en su web de la situación pero se ha limitado a hablar de “reducción significativa de dioxinas y furanos en el aire de la zona respecto a las que originaron las recomendaciones dadas el pasado día 14 de febrero” sin dar nuevos datos.

Con la denominación de furanos y dioxinas se conocen las mezclas de dibenzofuranos policlorados y dibenzodioxinas policloradas que  se generan en procesos de incineración de residuos que contienen compuestos químicos aromáticos y cloro presentes en los plásticos. Los dibenzofuranos policlorados son sustancias incluidas en la Lista negra de ISTAS-CCOO por ser contaminantes orgánicos persistentes, disruptoras endocrinas, tóxicas, persistentes y bioacumulativas. Sus características se pueden consultar gratuitamente en la base  de datos RISCTOX . RISCTOX es una base de datos sobre sustancias peligrosas elaborada por ISTAS-CCOO que ofrece información clara, organizada y sucinta sobre los riesgos para la salud y el medio ambiente de más de 100.000 sustancias químicas que pueden estar presentes en los productos que se manejan o generan en las empresa. Las dibenzodioxinas policloradas  son también sustancias incluidas en la Lista negra de ISTAS-CCOO por disruptora endocrina, como viene reflejado en RISCTOX. Y la mezcla de ambas también está incluida en la dicha lista como disruptora endocrina.  La resina de furano es una suntancia clasificada por la Agencia Internacional del Cáncer (IARC) en el grupo 2B, es decir como “posiblemente carcinógena en humanos”Aunque, por ejemplo, tanto la resina de furano como estas mezclas están consideradas como sustancia cancerígenas en el Estado de California.

¿Cómo actuar si no se sabe qué se depositó en Zaldibar?

En teoría, la autoridad ambiental del País Vasco debería conocer al dedillo qué se ha depositado en el vertedero de Zaldibar, pues tal y como puede leerse en la concesión de la autorización ambiental que recibió dicho vertedero, más de medio centenar de páginas publicadas en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) del 13 de marzo de 2007: “mensualmente Verter Recycling 2002, S.L. deberá remitir al órgano ambiental en formato electrónico un resumen de los residuos vertidos o enviados a valorizador de residuos autorizado con indicación de: clasificación del residuo según la Lista Europea de Residuos, cantidad de residuo (en toneladas), productor del residuo y gestor de residuos de destino”.

Sin embargo, la confusión respecto a los que se ha depositado en el vertedero de Zaldibar es total y el gobierno vasco sólo ha facilitado la cifra de las toneladas de amianto acumuladas. Mientras la mayoría de informaciones describen Zaldibar como un vertedero de residuos inertes procedentes de la construcción y de la industria, en el último Informe de la Inspección Ambiental al que ha tenido acceso esta revista, la clasificación de las instalaciones de Verter Recycling 2002 S.L, es la del grupo 5.5, descrito como “vertedero de todo tipo de residuos, excepto inertes, con capacidad de 10 toneladas al día” siguiendo la clasificación que establece el RD 815/2013.

En la autorización ambiental que recibe Verter Recycling 2002 S.L, publicada en el BOPV que hemos mencionado, la instalación recibe la calificación de vertedero de residuos no peligrosos y en el amplio listado de residuos que se anexa a dicha declaración sí aparecen junto a distintos residuos inertes, los residuos de la agricultura, horticultura, acuicultura, silvicultura, caza y pesca y los residuos de preparación y elaboración de alimentos.

Poco a poco vamos conociendo información que apunta una gestión muy deficiente del vertedero en cuanto a las sustancias tóxicas. Que Zaldibar albergó residuos peligrosos lo atestigua una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 29 junio de 2016 que sitúa en las instalaciones de Verter Recycling 2002 S.L residuos con una concentración elevada de bifenilos policlorados, los conocidos como PCBs, unas sustancias prohibidas desde 1986 por su alto poder cancerígeno y sus nocivos efectos sobre el medio ambiente. Estos residuos debían haber sido enviados, por la constructora condenada en esta causa,  al Centro de Tratamiento de Residuos Industriales de Galicia ubicado en As Somozas (Coruña) pero acabaron en Zaldibar.

La organización ecologista Ekologistak Martxan ha alertado de la posibilidad de que entre los residuos industriales que se almacenaban en el vertedero de Zaldibar haya restos de lindano, material considerado altamente tóxico. En una comunicación de esta organización se señala que "el olor a lindano es notable" en la zona por lo que tiene "fundadas sospechas de la existencia" de esa sustancia entre los depósitos de la escombrera y atribuye a la presencia de esta sustancia la imposibilidad de apagar el fuego que se ha originado en la parte alta del vertedero. El lindano es un pesticida altamente tóxico prohibido en toda Europa desde 2008 y que según un informe emitido por la Unión Europea se encontraría especialmente concentrado en determinadas áreas del territorio español como  O Porriño y Sabiñánigo, Barakaldo,  Asua y otras zonas de Vizcaya. La IARC incluyó en 2015 este compuesto entre el grupo 1 de los cancerígenos, el más peligroso para los humanos. La sustancia, como se desprende de la base de datos RISCTOX, es un contaminante orgánico persistente, disruptora endocrina, neurotóxica, tóxica para la reproducción, tóxica, persistente y bioacumulativa, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

Negocio a costa de la salud y el medio ambiente

Todo apunta a que la sobreexplotación del vertedero de Zaldibar es un aspecto clave en la tragedia. El vertedero de Zaldibar recibía residuos tan rápida y abundantemente que su vaso de escombros estaba a punto de agotar su vida útil 27 años antes de tiempo. El vertedero funciona desde 2011 y en nueve años ha acumulado la cantidad de residuos prevista para casi 35 años. Las causas del derrumbe es algo que los técnicos están estudiando pero podría tener que ver con esta sobreexplotación. Julen Rekondo, un especialista medioambiental que fue Premio Nacional de Medio Ambiente en 1998, ha explicado en distintos medios de comunicación que “este ritmo acelerado pudo provocar que no se compactaran bien los residuos y se produjese el deslizamiento”. El primer año el vertedero de Zaldibar recibió 180.000 toneladas de residuos y en los dos últimos recibió 500.000.  Verter Recycling 2002 S.L aceptó depósitos a mucha mayor velocidad de la inicialmente prevista.

¿Al Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco no le alarmó ese ritmo de trabajo? Parece ser que sí, pero las alarmas no fueron suficientes o fallaron los controles administrativos. Algo pasó entre 2016, cuando el vertedero fue considerado por el Gobierno Vasco como el segundo mejor de Euskadi y el 10 de junio de 2019, cuando la Inspección Ambiental gira visita a las instalaciones y detectó 23 "desviaciones". Los representantes del gobierno vasco han insistido en que "ninguna de ellas era grave", ni relacionada en principio con el siniestro pero en el acta de la inspección ambiental de 4 de noviembre a la que he tenido acceso esta revista, el vertedero es calificado en el grado más bajo en cuanto al grado de cumplimiento de la autorización ambiental integrada y se manifiesta que se han detectado incumplimientos en cuatro capítulos: licencias y autorizaciones, protección del agua, residuos y condiciones específicas de los vertederos. Entre las acciones a ejecutar que se recogen en dicha acta de inspección está el “requerimiento de presentar en 30 días documentación acreditativa de que se han corregido las desviaciones señaladas o en su defecto se han implantado acciones para su pronta corrección”, “la comprobación de la corrección de uno varios incumplimientos” y “la propuesta de revisión de oficio de la Autorización Ambiental Integrada”.

Los familiares de Joaquín Beltrán han manifestado a diferentes medios de comunicación que el trabajador informó a Verter Recycling 2002 S.L de la existencia de las grietas y de hecho se ha difundido también que el vertedero contrató a topógrafos dos días antes del derrumbe para evaluar el estado de las estructuras. Joaquín Beltrán residía en Zalla, era el propietario de una pequeña empresa de excavaciones que lleva su nombre y en la que trabajaban también su hijo y su sobrino que se salvaron del accidente, junto con otros trabjadores, por una llamada suya. Desarrollaban toda su actividad en el vertedero de Zaldibar, con siete empleados propios y tres del vertedero. En Zalla existe un fuerte movimiento ciudadano de oposición a un vertedero existente en dicha localidad y ha sido el ex-alcalde la localidad y portavoz de la plataforma Zalla Bai, Javier Portillo, quien ha relatado a los medios de comunicación que el accidente se podía haber evitado porque uno de los testigos que se instalaron en la grieta aparecida había mostrado un incremento de la misma de 22 centímetros en sólo un día. El otro trabajador desaparecido, empleado de Verter Recycling S.L es Alberto Sololuze, de 62 años nacido en Eibar y afincado en Markina. Durante 25 años trabajó en las concesionarias de la Ford y en la Peugeot, en Eibar, y pensaba acabar su vida laboral en el vertedero de Zaldibar. La avalancha le sorprendió al parecer en la báscula del vertedero pues era el encargado de las pesadas.

¿Qué más podemos hacer?

Juan Luís España, secretario de Salud Laboral de la Federación de la Construcción y Servicios de CCOO-Euskadi plantea una reflexión de fondo sobre la dificultad de actuar sindicalmente frente a este problema: “tenemos un problema de representación sindical en este tipo de empresas que gestionan los vertederos y las plantas de reciclaje que en muchos casos son UTES, formadas por constructoras o empresas industriales, que tienen ciclos de vida muy cortos. Dos factores que dificultan la penetración sindical con las fórmulas tradicionales. Es evidente que esos trabajadores están expuestos a riesgos de todo tipo, entre los cuales están los problemas de seguridad que hemos visto en este accidente pero también el riesgo químico, no sólo por contacto con amianto, sino también con otras sustancias tóxicas como hemos visto en el vertedero de Zaldibar”.

“En una empresa con representación sindical -explica Juan Luís España- todo hubiera sido distinto porque cualquier delegado de prevención tiene la potestad de parar la actividad cuando hay peligro para la salud de los trabajadores y acudir a la Inspección de trabajo. En este sector abunda la subcontratación, los falsos autónomos y hasta la cesión de trabajadores de quienes generan los residuos. Por otro lado, la administración quiere que se cumpla la normativa laboral y ambiental pero no genera un proceso en el que esté suficientemente presente el control público. La administración cruza los dedos y mira hacia otro lado para que no ocurra un desastre, porque para ellos la decisión de clausurar un vertedero es difícil de tomar dadas las consecuencias que acarrea. Para actuar en el fondo del problema hemos de implicar a la industria y a todos aquellos agentes que están en el origen de los residuos”.

Las consecuencias que acarrea un cierre de un vertedero como el de Zaldibar las explica muy bien, Mercedes Benito, responsable de Salud Laboral en la Federación de Industria de CCOO-Euskadi: “Estamos ante un problema de fondo. En estos momentos hay 700 empresas que se dirigen al gobierno vasco para preguntarle qué hacer con los residuos que estaban destinados al vertedero de Zaldibar. Es necesario plantearse cómo se originan los residuos en nuestras industrias. La necesidad de convertir nuestra industria al paradigma de la economía circular donde se gestionan los residuos en origen es urgente. Si los vertederos están sobreexplotados y las plantillas son escasas y precarizadas, que a nadie le sorprenda que sucedan tragedias como la de Zaldibar”.

El problema ha estallado en el País Vasco pero la situación es similar en el resto del Estado. En Murcia, en León, en Madrid, ha habido recientemente problemas que tienen como protagonistas un vertedero de residuos o una planta de reciclaje y la preocupación es creciente. Lo explica María Fernández, secretaria de Organización y Finanzas de la Federación de Construcción y Servicios de CCOO-Murcia: “La gestión del vertedero de Zaldibar no es muy diferente a lo que sucede en otros territorios y nos cuesta muchísimo intervenir en esos espacios. Nosotros estamos atendiendo a trabajadores del sector que vienen individualmente y pertenecen a empresas que no llegan a los seis trabajadores. Muchas veces es la ciudadanía la primera que se alarma. Por ejemplo, este verano se produjo un incendio en el vertedero La Puerta, entre Calasparra y Cehegín, que provocó protestas de los vecinos por las emisiones tóxicas que les produjeron picores en los ojos y en la garganta. En esas instalaciones hay trabajadores que están a diario a esos tóxicos en mayor o menor medida”. La situación es compleja, en Zaldibar ha saltado por los aires, como pasó en Seseña, con el incendio de un depósito de neumáticos en mayo de 2016. Las actuaciones coordinadas de salud laboral, salud pública y medio ambiente son una necesidad urgente.