Gobierno de españa - ministerio de trabajo migraciones y seguridad socail

En AZSA falló estrepitosamente la prevención

Lun, 15/07/2013 - 12:20
MARÍA JOSÉ LÓPEZ JACOB
Condiciones de trabajo

La Inspección de Trabajo ha decidido plantear una sanción de medio millón de euros a Asturiana de Zinc (AZSA) por el accidente que provocó la intoxicación por mercurio a 50 trabajadores de la subcontrata Ingeniería y Montajes del Norte (IMSA) mientras hacían trabajos para sustituir los tubos de refrigeración de la planta de Asturiana 4. La propuesta de la Inspección de Trabajo también incluye una sanción a IMSA de 160.000 euros y la obligación de pagar un recargo del 50% a los afectados desde su baja laboral hasta el día en que recibieron el alta.

Sobre este caso de esta masiva exposición a mercurio hay ya informes del Instituto Asturiano de Salud Laboral y de la mutua Fremap, que ponen de manifiesto importantes deficiencias preventivas relativas a la gestión del riesgo por exposición a tóxicos. Básicamente señalan sin equívocos la “subvaloración del riesgo de exposición al mercurio” y la “inadecuación de las medidas de prevención”.

La revisión de la documentación y los informes realizados –aún no están todos– corrobora esta conclusión: ni la evaluación de riesgos incluía claramente el riesgo de exposición al mercurio (ni otros tóxicos), ni las acciones preventivas al respecto se plantean o ejecutan adecuadamente. Por ejemplo, la formación preventiva que recibieron los trabajadores de la contrata más afectada fue dada por buena, aunque el propio personal de AZSA comprobó, durante las tareas peligrosas, que ni siquiera conocían que los dos tipos de EPI para la protección respiratoria propuestos servían para dos tipos de contaminantes distintos. Los trabajadores de la subcontrata tampoco sabían que, previamente a las operaciones durante las que ocurrieron las exposiciones, habían existido fugas y problemas con los filtros. A pesar de la gran cantidad de humo visible al abrir el recinto donde ocurrió la mayor exposición, no se midió la presencia de contaminantes sospechosos antes de permitir la entrada en él. Y tampoco se realizó el control biológico necesario (medición de exposición a contaminantes en sangre o/y orina) durante el periodo de exposición, sino solo una vez terminados los trabajos, por lo que no sirvió para lo que tienen que servir, que es prevenir precisamente estas situaciones de riesgo. Hay otros detalles, como el estado de los vestuarios, la deficiente gestión de la ropa de trabajo o la vigilancia de las medidas higiénicas, que denotan falta de cuidado en la gestión de la exposición al riesgo químico.

La ausencia de acciones preventivas no se puede justificar por desconocimiento. Existe información y literatura científica de similares accidentes previos, como el ocurrido en Japón en 1993, que se produjo precisamente realizando las mismas tareas que se realizaban en AZSA y que fue publicado en revistas científicas muy conocidas. Hay también múltiples estudios sobre contaminación del entorno y efectos en la salud de las poblaciones cercanas a la industria de zinc, quizás el más conocido es el desarrollado en Bélgica entre 1985 y 1988, conocido como “Estudio Cadmibel“.

En definitiva, es de todos conocido que el mercurio es uno de los elementos químicos más preocupantes tanto desde el punto de vista de la salud laboral como medioambiental; se trata de una sustancia tóxica para la que existe estricta normativa, por sus importantes efectos negativos. Estos efectos en la salud de las personas expuestas pueden ser tanto agudos como a largo plazo y dañan de manera persistente el medio ambiente. Dado que este riesgo es perfectamente conocido, debía haber estado estrictamente controlado. El conocimiento profesional experto acumulado debería haber constituido un punto de partida suficiente para organizar la prevención sin dar lugar a los fallos identificados.

Quedan muchas dudas por resolver

La inadecuada gestión del riesgo por exposición al mercurio abre interrogantes sobre la adecuación de la gestión preventiva respecto al plomo, o al cadmio, un conocido cancerígeno presente en el proceso. Según las memorias de la empresa que hemos podido revisar, se hacen controles biológicos al respecto que indican exposición en los propios empleados. Pero poco se sabe de cómo se están vigilando los efectos en la salud –estas sustancias se acumulan, tienen una larga vida en el interior del cuerpo y pueden producir daño renal y neurológico a largo plazo, además de otras alteraciones– que los trabajadores afectados pueden estar padeciendo o de qué manera los trabajadores de las contratas que han estado expuestos están protegidos al respecto. La información disponible se ciñe al caso de los trabajadores de la contrata IMSA, aunque otras muchas empresas participaron en los trabajos que dieron lugar al problema. Se necesita saber lo que ha pasado con estos trabajadores, muchos de los cuales no continúan con la relación laboral que tenían durante la exposición: ¿cómo les están atendiendo?, ¿quién vigila y cómo su salud?, ¿cómo se ha gestionado esta cuestión?, ¿están adecuadamente protegidos conforme a la legalidad vigente?

A este respecto, en los informes revisados se observa una continua confusión entre el control biológico de exposición (medir el contaminante en muestras de sangre u orina, generalmente) y la vigilancia de la salud (realizar pruebas para identificar daños en la salud –lo más precozmente posible– relacionados con la exposición). El primero es un complemento de la vigilancia del medio ambiente de trabajo, es decir, de la exposición laboral. La vigilancia de la salud debería incluir pruebas para detectar los posibles daños generados por la exposición (pruebas neurológicas, de función renal) a corto y largo plazo.

Por fin, un muy reciente escrito de la Consejería de Sanidad de Asturias aporta información sobre la inclusión de un grupo de trabajadores afectados (seleccionados según sus niveles de mercurio total, aunque sin aclarar el momento de la toma de muestra en relación con la exposición, y por qué no se ha medido mercurio inorgánico) en un programa de vigilancia de la salud a largo plazo y aclara las pruebas diagnósticas que se han desarrollado (neurológicas, función renal, etc.), señalando que en los 50 trabajadores de IMSA no se ha encontrado ninguna alteración grave de la salud. Este informe concluye sobre la gravedad del accidente, la necesidad de vigilancia de la salud a largo plazo y también recomienda que AZSA adopte un sistema preventivo adecuado.

La presión sindical

La actuación de CCOO en este accidente ha sido clave para que la empresa principal no eluda sus responsabilidades. Como explica José Antonio Iglesias, responsable de Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO de Asturias, “CCOO se ha personado en la causa penal contra la empresa por los graves daños sufridos por los trabajadores. Mucho nos tememos que la exposición a mercurio, que se intensifica en el momento del accidente, no es una situación puntual, sino una constante en el tiempo. Es lamentable el silencio y la falta de colaboración de la empresa que se ha resistido, incluso, a responder a los requerimientos de la Inspección de Trabajo”.

José María Antuña, responsable de Salud Laboral y Medio Ambiente de la Federación de Industria de CCOO, exige a la empresa, al servicio de prevención ajeno y al sindicato independiente que es mayoritario en AZSA mucha más responsabilidad: “Están jugando con la salud de las personas y tiene que haber un protocolo de vigilancia de la salud para la empresa principal y para las subcontratas. En CCOO tenemos recursos técnicos para ello, pero de momento estos tres actores solo hacen que tirar balones fuera y tendrán que asumir las consecuencias porque en nuestra organización no vamos a permitir que se ponga en peligro las vidas de los trabajadores”.