Gobierno de españa - ministerio de trabajo migraciones y seguridad socail

Con ligeros incrementos del PIB, los accidentes laborales van en aumento

Mié, 15/10/2014 - 12:20
PEDRO

PEDRO J. LINARES*
El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en el editorial de su revista número 53, fechada en 2009, afirmaba que: “En ausencia de mecanismos correctores suficientemente potentes, cuando el crecimiento es importante, el índice de incidencia tiende a aumentar; cuando el crecimiento es débil, tiende a disminuir”. Y se añadía que: “Si la siniestralidad desciende mucho cuando se reduce la actividad económica, ello indica que, probablemente, nuestro sistema preventivo nacional no es todavía todo lo potente que sería de desear y, en consecuencia, cuando se supere la crisis y vuelva el crecimiento económico, podríamos enfrentarnos a importantes aumentos de la siniestralidad”. La evolución de los datos de siniestralidad laboral en los primeros años de la crisis se ha ido ajustando de manera casi perfecta a esta teoría.

Entre 2008 y 2013, las tasas anuales de variación del PIB español mostraban signo negativo, se destruía empleo de manera masiva y, en paralelo, se profundizaba la tendencia de reducción de accidentes de trabajo iniciada años antes. Entre 2008 y 2013, el conjunto de accidentes disminuyó casi un 50%, al igual que los siniestros mortales. Los índices de incidencia, el indicador que nos permite valorar la evolución de la siniestralidad independientemente del volumen de población empleada, lo hacía de manera similar.

No solo la destrucción de empleo en los sectores con más riesgos de seguridad, fundamentalmente la construcción, estaban detrás de este fenómeno. Todavía se notaban los efectos del impulso legislativo que tuvo la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en 1995 y, sobre todo, la aplicación desde las Administraciones públicas de políticas activas de salud laboral que permitieron a los agentes sociales desarrollar estrategias de intervención y facilitar en las empresas la organización de la actividad preventiva.

Sin embargo, según avanzaban los años de crisis, nuestras secciones sindicales iban dando la voz de alarma; la prevención de riesgos laborales no solo iba desapareciendo de las prioridades en las políticas de inversión de las empresas, sino que era de las primeras partidas que veían reducido su volumen en unos tiempos en los que el mantenimiento del empleo era la principal preocupación. Si a esto se le unían los recortes en los presupuestos de los gobiernos autonómicos y central en políticas de promoción de la salud y la seguridad en el trabajo, el caldo de cultivo estaba preparado para un repunte de la siniestralidad laboral. Y así lo venimos advirtiendo los sindicatos en los últimos tiempos.

Desgraciadamente, los datos han venido a darnos la razón. Primero con una ralentización en los ritmos de descenso de la siniestralidad, después con repuntes en los índices de incidencia en algunos sectores o comunidades autónomas, hasta que finalmente en 2013, a pesar de que el PIB continuó en tasas negativas, se produce un aumento en dichos índices para el conjunto del Estado, tanto para el total de accidentes como para los mortales. Las líneas de tendencia de crecimiento económico y de siniestralidad muestran un primer signo de desacoplamiento, lo cual indica la debilidad del sistema preventivo español.

Los dos primeros trimestres de 2014 ofrecen tasas positivas del PIB y, como se temía el INSHT, esto afecta al repunte de la siniestralidad que pasa a extenderse a prácticamente todos los niveles de desagregación en los primeros seis meses del año. Los incrementos se manifiestan de forma generalizada, ya sea tanto en términos absolutos como en relativos, en jornada de trabajo o in itínere. Se han producido 10.000 accidentes más en jornada de trabajo que en el mismo periodo de 2013, lo que supone un aumento del 5,1%, y su índice de incidencia acusa un incremento del 3,9%. Lo mismo sucede en los accidentes mortales: han fallecido un 3,7% más de trabajadores y el índice de incidencia aumenta un 1,7%. El aumento de accidentes afecta a todos los sectores de la producción económica, destacando los incrementos de accidentes mortales en los sectores agrario (un escandaloso 54,2%), industria (35,3%) y construcción (6,9%). Solo se aprecia descenso de los fallecimientos en el sector de servicios (-15,9%).

Sin embargo, la realidad probablemente sea más grave de lo que muestran todos estos datos. La precariedad, el deterioro en las relaciones laborales en las empresas y el miedo a perder el empleo que han ido extendiendo las sucesivas reformas laborales aprobadas por los diferentes gobiernos están llevando a muchos trabajadores a renunciar a sus derechos. A pesar del incremento generalizado de la siniestralidad, desde hace meses los accidentes graves no crecen o se reducen, lo que solo se puede explicar porque algunos sean notificados como leves. Y mucho nos tememos que una gran cantidad de accidentes leves ni siquiera son notificados por las empresas.

Hay más elementos que pueden afectar a medio plazo a las estadísticas de siniestralidad laboral y el principal de ellos es el cambio que supone para el mercado de trabajo la extensión de la contratación a tiempo parcial que ya alcanza a más del 16% del conjunto de la población ocupada (un 26% de las mujeres). Sabemos que la relación entre precariedad y siniestralidad es directa y que el aumento de los contratos a tiempo parcial solo tendrá consecuencias negativas para la seguridad en el trabajo, pero para saber si estos efectos tienen una traslación a los datos estadísticos no podemos seguir utilizando los indicadores a los que recurrimos habitualmente para medir la siniestralidad relativa, los índices de incidencia. Estos indican el número de accidentes que se materializan por cada 100.000 trabajadores en activo, independientemente del número de horas que trabaje cada uno de ellos. Si la exposición al riesgo de sufrir un accidente depende de la duración de la jornada, deberemos utilizar un indicador que tenga en cuenta el tiempo de trabajo en su denominador y no es otro que el índice de frecuencia: número de accidentes en jornada por millón de horas trabajadas.

La evolución de los índices de frecuencia se puede consultar en los datos de siniestralidad del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y para el periodo de la crisis económica muestran de momento una evolución paralela al resto de indicadores. Aunque en las estadísticas de Contabilidad Nacional de España se aprecie un importante descenso del número anual de horas trabajadas durante el periodo 2008-2013 (por mucho que se empeñen el Gobierno y sus voceros, el escaso empleo existente se está repartiendo, no está creciendo) es cierto que lo hizo en bastante menor medida que la siniestralidad, lo que conlleva descensos en los índices de frecuencia. Pero en 2013 ya aparecen ligeras variaciones positivas de estos índices, tanto para el total de accidentes como para los mortales.

Y lo hacen en la mayor parte de las comunidades autónomas, lo que puede dar una mayor consistencia a un probable cambio de tendencia. Es cierto que es demasiado pronto para establecer conclusiones rigurosas y que habrá que esperar a los datos de 2014 y años posteriores, pero en CCOO creemos que se trata de un dato que no hay que perder de vista y sobre el que habrá que hacer un constante seguimiento, porque si no se produce una reducción de los accidentes y el número de horas trabajadas continúa descendiendo, y mucho nos tememos sea así, la siniestralidad relativa expresada en índices de frecuencia puede dispararse. Las trabajadoras y los trabajadores de este país trabajarán menos horas y con un mayor riesgo de sufrir un accidente.

El análisis de los últimos datos de siniestralidad dibuja un panorama más preocupante del que sospechaba en 2009 el INSHT (y hay que tener en cuenta que estamos obviando el impacto de la enfermedad laboral, eterna asignatura pendiente de la salud laboral española). Los índices de incidencia y los de frecuencia han repuntado adelantándose a un crecimiento de la economía débil y puesto en entredicho por los expertos y todo apunta a que la fragilidad del sistema preventivo es mayor de la que se consideraba antes del inicio de la crisis. La sociedad española no puede permitirse el lujo de esperar a que los datos estadísticos confirmen estas tendencias cuando la vida de los trabajadores está en juego. Los poderes públicos tienen la obligación de velar por la salud y tienen que empezar a tomar medidas para que la prevención no sea la principal víctima de la crisis.

*Pedro J. Linares es secretario Confederal de Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO.