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Bonificar la prevención, penalizar el riesgo.

Jue, 15/04/1999 - 12:19

Debate

Incentivar económicamente la prevención es una de las medidas posibles para conseguir la implicación de las empresas y como tal está contemplada en el Plan de acción contra la siniestralidad. La propuesta tiene sus ventajas pero no deja de tener inconvenientes.

Aunque en nuestra actual normativa la prevención de riesgos laborales y la seguridad social se rigen cada una por normas propias, se mantienen algunos puntos de contacto. Así, se otorga un papel destacado en la organización de la actividad preventiva a las Mutuas, entidades colaboradoras del sistema público de seguridad social. Por otra parte, la cotización obligatoria de las primas por accidente de trabajo y enfermedad profesional varía según un baremo de riesgos por actividad. Y por supuesto, las propias prestaciones de la seguridad social derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional. Entre estos tres elementos (prevención, cotización y prestaciones) existen diversos mecanismos de interrelación.

Prevención y prestaciones: recargos y carencias

El primer tipo de estos mecanismos es el que relaciona la actividad preventiva con las prestaciones mediante la responsabilización del empresario infractor del pago de esas prestaciones. Es el llamado recargo de prestaciones, previsto en la Ley General de Seguridad Social, que puede llegar a afectar hasta un 50 por 100 de las mismas. Incluso es posible que el empresario tenga que asumir íntegramente el coste de las prestaciones en el que caso de que haya desobedecido una orden de paralización.

Otra posibilidad es el establecimiento de un período de carencia a cargo directo del empresario. Esta es la fórmula, ya aplicada en España para la enfermedad común, según la cual los primeros quince días de baja son a cargo de la empresa. Una fórmula similar se aplica ya actualmente a las prestaciones por accidentes y enfermedades profesionales en países como Suecia (2 semanas), Gran Bretaña (28 semanas) y Holanda (52 semanas).

Prevención y cotización: bonus-malus

Hay un segundo tipo de mecanismos, los que interrelacionan la actividad preventiva con la cotización. Se trata de la posibilidad de que la cotización de las primas por accidente y enfermedad profesionales varíe en la aplicación de los tipos, y así disminuyan (bonus) o aumenten (malus) según la actividad preventiva desarrollada por el empresario o el gasto acumulado en prestaciones por accidente o enfermedad en los últimos períodos.

La primera modalidad de bonus-malus sería relacionar el cumplimiento de la normativa de prevención con la cotización. Este mecanismo ya se preveía en el artículo 72 de la Ley General de la Seguridad Social y ha sido transcrito en el artículo 108 del actual Texto Refundido. Conforme al mismo las primas podrían reducirse hasta un 10 por 100 para aquellas empresas 'que se distingan en el empleo de medios eficaces de prevención' y pueden aumentarse hasta un 20 por 100 para las 'que incumplan las obligaciones en materia de seguridad e higiene en el trabajo'. Se trata de una bonificación o un recargo en función del buen o mal comportamiento del empresario en materia de prevención, en cuya aplicación debe intervenir la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Eficacia del bonus-malus

La primera condición para utilizar este instrumento de manera eficaz es generalizarlo a todas las empresas, superando el carácter excepcional y puntual que ha tenido alguna vez en el pasado, y establecer criterios claros y públicos para su aplicación. Por otro lado, entiendo que una aplicación adecuada de este mecanismo sería la solución más acorde para incentivar la organización preventiva en las empresas. La punición debería aplicarse no a incumplimientos puntuales, que ya son objeto de sanción administrativa, sino a aquellas empresas cuyas condiciones de trabajo suponen una permanente contradicción con la normativa de prevención de riesgos laborales. Sería además un instrumento más efectivo, ya que la recaudación se realizaría mes a mes a través de la Tesorería General de la Seguridad Social, a diferencia de las multas cuyo largo procedimiento conduce casi siempre en la práctica a su reducción cuando no a su indebida condonación. El máximo inconveniente que a mi juicio presenta este sistema se refiere a que la imputación de los recargos o bonificaciones se haría sobre las cuotas individuales de los trabajadores en nómina de cada empresa, cuando en la práctica abunda más el supuesto de empresas contratistas cuya responsabilidad en materia de prevención se extiende a los trabajadores de las empresas subcontratadas o a los de ETT. La aplicación del bonus-malus a estas empresas que usan, o incluso a veces abusan, de la subcontratación no parece muy efectivo al disponer éstas de menos personal en nómina que aquél sobre el que se extiende su responsabilidad legal. Habría que idear mecanismos legales que minimizaran este inconveniente.

Cotización y prestaciones

Hay otra forma de aplicar el bonus-malus y es la referida a la relación entre cotización y prestaciones. A mayor gasto por bajas de accidente o enfermedad profesional, recargo en las cotizaciones. A menor gasto en prestaciones, reducción de las primas.

Esta es la fórmula que se ha aplicado en países como Alemania, Finlandia, Luxemburgo, Francia e Italia, a través de entidades similares a las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales españolas. Se emplea según criterios distintos que varían desde una estimación de los gastos por cada sector o región hasta la estimación individual por cada empresa en función de la media de siniestralidad del año anterior o la presentación por el empresario de planes de prevención. En todo caso, el balance realizado por las instituciones de estos países en torno a la aplicación del bonus-malus es positivo. El sistema favorece la acción activa de las mutuas para incentivar o castigar a las empresas en función de los resultados de su gestión preventiva. Las mutuas alemanas estiman que las empresas de este país se hubieran visto abocadas a triplicar sus cuotas de no haber logrado la reducción sustancial de su tasa de siniestralidad desde los años 60 en que por primera vez comenzó a aplicarse este sistema.

El principal inconveniente sería la dificultad para controlar la causalidad de las bajas, ya que muchas de ellas podrían ser desviadas indebidamente hacia la consideración de enfermedad común o accidente no laboral con el fin de que las empresas no vean aumentadas sus primas.

Manuel Velázquez
Vicepresidente de UPIT
(Unión Progresista de Inspectores de Trabajo)