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Como TUPAs se conoce a los agentes sindicales que actúan en el ámbito territorial o sectorial superando las fronteras de la empresa y permitiendo a los sindicatos llegar a las personas que trabajan en organizaciones donde la representación sindical es inexistente o muy débil. TUPAs es el acrónimo en inglés de “Trade Unions Preventive Agents”. Los TUPAs llevan tiempo implantados en distintos países, actuando de múltiples formas, pero han empezado a tener una nueva vida cuando un proyecto de ámbito europeo les ha puesto nombre: esta vieja reivindicación sindical se muestra capaz de llegar a los trabajadores y trabajadoras más vulnerables.

En Euskadi, pero probablemente esté pasando también en otros territorios del Estado, estamos observando que ante las demandas de los enfermos del amianto o familiares, la Inspección de Trabajo utiliza habitualmente justificaciones favorables a las empresas. Argumentos como “no se conocían los riesgos de la fibra cancerígena” o “no había legislación preventiva específica” Excusas institucionales y mentiras empresariales muy extendidas que tiene el objetivo de exculpar a los responsables de tanto sufrimiento.

La estatura, el aspecto físico, la complexión o la forma de vestir de una persona nada tiene que ver con el desempeño de su trabajo y cuando se convierte en un condicionante para acceder a un empleo, estamos ante una más que denunciable discriminación corporal. Esta es una forma de discriminación terriblemente injusta y denigrante para la dignidad de las personas trabajadoras que afecta especialmente a las mujeres. Desde CCOO hemos constatado que en determinados sectores, justamente aquellos en los que se da menor presencia sindical y que tienen convenios laborales más débiles, el aspecto físico juega un papel determinante a la hora de seleccionar a una persona para un puesto de trabajo, o a la hora de mantenerlo. Con el fin de hacer una radiografía real de la situación y desarrollar propuestas de intervención sindical, en febrero de 2019 comenzamos a trabajar en un proyecto en colaboración con investigadores de la Universidad de Granada, y en especial con el profesor Jose luís Moreno Pestaña, autor del ensayo “La cara oscura del capital erótico”, para elaborar la primera guía sobre discriminación laboral por el aspecto físico.

En 2019, el Instituto Nacional de la Seguridad Social establece junto con la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) y con la participación preferente de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) una segunda edición de la guía SEGO, donde se actualizan los criterios para el acceso a la prestación por riesgo para el embarazo y se posponen las semanas a partir de las que la trabajadora no puede estar expuesta a los riesgos, principalmente en la exposición a factores ergonómicos.

Hay profesiones, como la enseñanza, en las que creemos que los riesgos laborales son inexistentes o en todo caso poco significativos. Nada más lejos de la realidad. En la enseñanza, además de la exposición a riesgos psicosociales existe también un grave problema de exposición a agentes químicos. Existe amianto y existe riesgo pero algunas administraciones educativas miran hacia otro lado.

Al Gabinete de Saúde Laboral de CCOO de Galicia llegan, continuamente, casos en los que las condiciones de trabajo ponen en riesgo a la trabajadora embarazada y al feto. Esta situación se produce porque las mutuas retrasan, sistemáticamente, la suspensión del contrato con el único criterio de ahorrar las prestaciones y en contra de lo que aconsejan los Servicios de Prevención y el Sistema de Salud.

Investigadores de la Facultad de Ciencias Urbanas y Ambientales de la Universidad de Pekín y de la Universidad de Estocolmo estudiaron cómo se adsorben y metabolizan las sustancias químicas utilizando un modelo in vitro de tejido de la epidermis humana reconstruida llamado EpiDerm y un ensayo en humanos. Ellos sugieren que su estudio es el primero en evaluar cómo se descompone el BPS en la piel. Para ello compararon la absorción percutánea y la biotransformación de BPS y BPA in vitro y en un ensayo controlado en humanos. Tanto los estudios in vitro como en humanos sugieren una menor absorción de BPS en la piel en comparación con el BPA. Sin embargo, los resultados también sugieren que, una vez absorbida, la BPS no se metaboliza tan fácilmente como el BPA.

El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social acaba de hacer publicar la “Guía básica y general de vigilancia de la salud para la prevención de riesgos laborales”. Se trata de un documento al que se comprometió el gobierno con el Real Decreto 843/2011. Ha sido elaborada en el seno de la Ponencia de Salud Laboral de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y ha superado el trámite de información a la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

El estudio muestra que un mejor ambiente de trabajo psicosocial está asociado con prácticas de participación directa entre los trabajadores de los grupos ocupacionales de nivel inferior y entre las mujeres. Las prácticas de participación directa parecen ser componentes válidos de las intervenciones preventivas en el lugar de trabajo y pueden ayudar a reducir las desigualdades en materia de salud ocupacional.

En 2003, respondiendo a una encuesta de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud, Metro Madrid realizó un exhaustivo inventario de los lugares en los que había amianto pero lo ocultó a los trabajadores y a sus representantes legales hasta finales de 2017. Ya hay dos fallecidos y cuatro trabajadores a los que se les ha reconocido una enfermedad profesional. Sin embargo, la empresa sigue instalada en el negacionismo: aún no se ha inscrito en el Registro de Empresas con Riesgo por Amianto de Madrid. Lo hechos apuntan que los máximos responsables políticos tenían conocimiento de la presencia de amianto desde 1992. Además, en 2011, vendieron trenes que contenían piezas con amianto a la ciudad de Buenos Aires, a pesar de que la ley prohibía ya en esa fecha comercializar productos con este material tóxico.