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Una sentencia muestra como se utiliza la prevención contra los trabajadores

Un juzgado de Barcelona constata que Quirón Prevención presionó a una médica para cambiar un informe con el que un trabajador fue despedido por ineptitud sobrevenida.
CCOO demandó a la empresa por la utilización de los reconocimientos médicos para un fin distinto de la prevención.
Lun, 29/07/2019 - 16:56
BERTA CHULVI
Acción sindical

La sentencia dictada el pasado 27 de junio por el Juzgado Social número 33 de Barcelona es una radiografía perfecta de cómo un servicio de prevención, en este caso Quirón Prevención S.L, pervierte su función en defensa de la salud y se pliega a los intereses de sus clientes. Una médica de esta empresa admitió ante el juez que había cambiado su informe médico de “no apto temporal” a “no apto definitivo” por presiones de la dirección de Quirón. Un informe con el que el trabajador fue despedido. El juez condenó a la empresa a readmitir al trabajador y a pagar 50.000 euros de multa por vulneración de los derechos fundamentales: el trabajador era un delegado sindical de CCOO y la empresa utilizó el “nuevo” informe médico tres días después de que fuera reelegido como representante de los trabajadores. El acoso al delegado sindical no se ha detenido tras la sentencia: el día de su reincorporación, el pasado 19 de julio, la empresa le abrió un expediente disciplinario.

derechos pisoteados

No es la primera vez que la vigilancia de la salud se utiliza para despedir a un trabajador bajo el paraguas de una ineptitud sobrevenida, pero sí es la primera vez que una sentencia constata que una empresa presionó a un servicio de prevención y que el servicio de prevención se dejó presionar en algo tan decisivo como un informe médico sobre la aptitud o no de un trabajador. La historia es compleja y larga, pero  muestra claramente dónde están los fallos del sistema y cómo están de desprotegidos los trabajadores y trabajadoras, si se pervierte el sentido original de la vigilancia de la salud. En este caso nadie es cualquiera: el servicio de prevención es el más grande del sector, Quirón Prevención y el trabajador es un delegado sindical de CCOO. El conflicto entre trabajador y empresa tienen un origen inconfundible: la defensa de los derechos de los trabajadores

Un delegado sindical perseverante

El delegado sindical despedido injustamente no lo tenía fácil para defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras de su empresa. La firma en la que él está contratado como conductor, AUTOCARES MEG BUS S.L. forma parte de lo que el magistrado del juzgado social número 33 de Barcelona ha denominado un “grupo patológico de empresas”: CINTOI BUS S.L, MON SERVEI PLANIFICACIÓ S.L e HISPANO PANTORRINA S.L. Cada empresa desarrolla una fase del servicio de transporte de viajeros pero todas tienen la misma dirección empresarial. MEG BUS se encarga de los servicios particulares y CINTOI de las líneas regulares que unen distintas poblaciones del área metropolitana de Barcelona. Con esta estrategia, el propietario de la empresa consigue dividir a los trabajadores y trabajadoras de forma que los que están en oficinas y dan las órdenes pertenecen a una empresa (MON SERVEI PLANIFICACIÓ S.L) y los conductores que conducen los autobuses a otras dos (AUTOCARES MEG BUS S.L y CINTOI BUS S.L). Se trata de una ingeniería empresarial que complica mucho la tarea de los representantes de los trabajadores. Por ejemplo, unos días antes de las elecciones sindicales, para evitar que el representante de CCOO en AUTOCARES MEG BUS S.L saliera elegido, el empresario cambió a cinco compañeros del delegado en cuestión a la empresa CINTOI BUS S.L. Esa no fue su única estrategia para evitar que el delegado de CCOO saliera reelegido. Además, el empresario intentó que otro trabajador de una plantilla de 27 personas se presentara como independiente. No lo consiguió porque la UGT interpuso un recurso al haber presentado tarde la candidatura y la Inspección de Trabajo aceptó la demanda sindical. Al final sólo CCOO y UGT concurrieron a las elecciones y fue CCOO quién obtuvo más votos.   

El delegado de CCOO cuenta con el apoyo de la plantilla porque en todo momento ha trabajado para defender los derechos de los trabajadores en materia de jornadas, organización del trabajo, descansos etc.  La situación de conflictividad en la empresa y la sobrecarga de trabajo es fácil de explicar: “Nuestra labor básica es conducir, aunque hay mucha tarea administrativa que hemos de hacer: vender billetes, vender bonos, controlar que paguen todos los que suben, contar cuántos suben, etc. Con los horarios y rutas que tenemos es casi imposible hacer todo ese trabajo administrativo y llegar a tiempo. A veces para llegar a tiempo a una parada hay que hacer milagros. En esta situación hay trabajadores que han sido sancionados por llegar un minuto tarde a una parada. Depende de quién seas, si te tiene manía el jefe o no, ese minuto tarde es un expediente con sanción o sólo una amonestación. Por ejemplo, la pasada semana un trabajador, bajo la presión de llegar a tiempo, rompió un retrovisor mientras estaba maniobrando, un accidente que entra dentro de lo posible tal y como está el tráfico en nuestra zona y con los tiempos que manejamos. Ante ese incidente, la empresa le ha sancionado con dos días de suspensión de empleo y sueldo sin preaviso. Es decir, ni siquiera se ha abierto un expediente donde el conductor pueda explicarse y la representación legal de los trabajadores presentar sus objeciones. La sanción se ha aplicado directamente. El trabajador ha presentado una denuncia a la Inspección de Trabajo, pero la sanción ya está aplicada”, explica el delegado sindical.

Vigilancia de la salud tras una baja larga

El acoso al delegado sindical por parte de la empresa se produce en el momento en el que se reincorpora tras una baja larga. El episodio que desencadena la baja es un cólico nefrítico. El trabajador empieza a notar los primeros dolores del cólico mientras estaba conduciendo, pero aguanta hasta acabar el turno porque sabe de la dificultad de ser sustituido en ese momento. En cuanto llega al descanso reglamentario de 45 minutos llama al empresario para decirle que se va al hospital porque tiene un dolor muy agudo y la respuesta que obtiene es “si, ves y date prisa no vayas a llegar tarde a la próxima salida”. El trabajador se aplicó el calmante y volvió a su turno pero al día siguiente ya no pudo volver a trabajar: el cólico nefrítico destapó una lumbalgia grave con lesiones en un par de vértebras que le mantiene de baja cerca de un año.  Cuando tras un laborioso proceso de rehabilitación, el trabajador recibe el alta y se incorpora a su puesto de trabajo se solicita un informe del servicio de prevención, ya que por ley es obligatorio que el servicio de prevención emita un informe previo a la reincorporación cuando se trata de una baja larga. La médica del Servicio de Prevención hace en primer lugar un informe que le considera “apto” y en segundo lugar un informe de “no apto temporal” porque el trabajador le informa de que está tomando una medicación fuerte que puede afectar a la conducción. La médica propone un cambio de puesto temporal mientras el trabajador reduce esa medicación ya que el médico de cabecera desaconseja quitarla de golpe.

La reacción de la empresa es una bronca al trabajador por haber acudido al servicio de prevención y una medida que bien podríamos calificar como “mobbing”: “Me sientan de pasajero sin funciones durante 20 días. Voy en un coche sin ninguna función como si fuera un pasajero y no un trabajador” explica el delegado.  Tras 20 días en esa situación, la empresa le propone un despido improcedente pero finalmente no lo ejecuta: “El empresario, al darse cuenta de que la indemnización por despido improcedente son 27.000 euros se tira para atrás. En ese momento se celebran las elecciones sindicales y vuelvo a salir elegido. Algo que para la empresa resulta inaceptable”, explica el trabajador.

Tras su elección como delegado sindical, el trabajador es llamado por la empresa y se le comunica que va a ser despedido por ineptitud sobrevenida: “Cuando me entregan el despido objetivo y la indemnización de 17.000 euros, me indican que el Servicio de Prevención ha emitido un nuevo informe que me califica como no apto de manera permanente. Un informe que yo desconozco, que a mí nadie me ha entregado y que, de hecho, nunca he visto. Para sacarme de la empresa de inmediato también me pagan los 15 días de preaviso que no han cumplido”. 

La médica, presionada, ha modificado el informe de salud

La sentencia relata con total claridad el cambio de criterio de Quirón Prevención S.L respondiendo a las presiones de su cliente y conculcando los derechos del trabajador: “sin que se produjera ningún cambio sustancial en la medicación que tomaba el trabajador, cuestión que dio lugar al dictamen de no apto temporal formulado por Quirón Prevención S.L, la misma médica que había emitido el anterior diagnóstico, ocho días más tarde emite un nuevo informe médico calificando al trabajador como “no apto para el desempeño del puesto de trabajo” añadiendo algunas consideraciones como que el trabajador “no debe conducir”. Este repentino cambio de criterio y de diagnóstico se produce por una decisión directa de la dirección de la empresa de prevención de riesgos sin que el actor pasara ningún otro reconocimiento médico”.

El testimonio de la doctora fue clave en el juicio según explica Francesca Fuentes, la abogada de los servicios jurídicos de CCOO-Cataluña que ha llevado el caso: “Hay tres informes médicos del trabajador, el primero en el que se considera que es apto, el segundo en el que la médica aconseja la no conducción porque estaba tomando una medicación y propone un cambio de puesto hasta que deje de tomar dicha medicación y el tercero en el que califica al trabajador de no apto de forma indefinida. En el juicio le pregunté a la médica si había vuelto a visitar al trabajador antes de ese tercer informe y me dijo que no. Entonces le pregunté cómo era posible que hubiera cambiado ese diagnóstico sin visitar al trabajador y sin que hubiera registrado ningún cambio en el estado de este. Es entonces cuando la doctora dice que la dirección de la empresa le había llamado para pedirle que cambiara el informe diciéndole que tenía que cambiar el criterio. Yo le pregunte ¿me está diciendo que usted, sin visitar al paciente, recibe una llamada de sus superiores diciendo que ha de cambiar el informe y eso es lo que hizo? La respuesta de la médica fue sí”.

Francesca Fuentes expresa que no es la primera vez que a los servicios jurídicos de CCOO llega un trabajador con dos informes contradictorios y consecutivos y sin haber sido visitado una segunda vez, aunque sí es la primera vez que una sentencia saca a la luz estas malas praxis de los Servicios de Prevención de una forma tan contundente. En el juicio, en su defensa, la médica alegó que al final del informe, en letra pequeña, había puesto “revisable”. La abogada de CCOO considera que la testigo decidió decir la verdad: “hay muchos testigos que en los juicios mienten, pero su obligación es decir la verdad y esta médica es lo que hizo. Contó la verdadera historia de ese cambio de criterio”.

Mónica Pérez, responsable de Salud Laboral de la Federación de Servicios de CCOO-Cataluña, que a partir de septiembre será la responsable de Salud Laboral de CCOO en este territorio, denuncia que en este caso se da una situación doblemente grave: “se están instrumentalizando a unos trabajadores para vulnerar los derechos de otros. Aquí tenemos a una médica que sufre las presiones de su empresa para actuar contra su deontología profesional y a un trabajador despedido porque la vigilancia de la salud se pliega a los intereses de la empresa. Ninguna de las dos situaciones es admisible”.

Ante este caso, la Federación de Servicios de la CCOO a nivel estatal ha sido clara: “CCOO tiene más de 15.000 trabajadores y trabajadoras afiliadas que trabajan en los servicios de prevención y en las mutuas. Este tipo de prácticas resultan deleznables y debieran tener una respuesta sancionadora grave por parte de las Administraciones Públicas competentes. Es preciso recordar que, de acuerdo con lo previsto en nuestra Constitución, es un deber de la Administración velar por una adecuada seguridad y salud en el trabajo, y por consiguiente, en esta materia, el criterio deontológico y profesional nunca debe quedar supeditado a criterios comerciales” concluye un comunicado de la Federación de Servicios de CCOO.

Readmisión y multa de 50.000 euros

En la sentencia, el magistrado declara nulo el despido porque considera probado que el motivo alegado para despedir al trabajador no sólo es falso, si no que ha estado previamente manipulado para conseguir una finalidad fraudulenta. Además, considera que el trabajador está siendo perseguido por la empresa por su actividad sindical y por ello condena al grupo de empresas a una indemnización de 50.000 euros por vulneración de los derechos fundamentales entre los que se encuentra del derecho a la representación y la libertad sindical. También condena a la empresa a pagar los salarios de tramitación, es decir, los que el trabajador ha dejado de percibir como salario todo el tiempo que ha estado despedido.

El magistrado estima correcta la indemnización de 50.000 euros que solicitaba la demanda interpuesta por CCOO porque considera que “el comportamiento empresarial ha sido especialmente enrevesado, implicando necesariamente a una tercera empresa, forzando la voluntad y el prestigio profesional de una médica y que todas estas acciones han estado dirigidas a impedir que el trabajador ejerza la representación de los trabajadores, vulnerando el derecho del conjunto de la plantilla a elegir libremente a sus representantes y trasladando, con este despido, un toque de atención o un aviso a navegantes a otros representantes sindicales”.  La empresa ha anunciado que recurrirá la sentencia y los servicios jurídicos de CCOO-Cataluña estudian si denunciarán a Quirón Prevención.

La empresa continúa con su persecución

La claridad de la sentencia no ha servido para que el empresario cambie su actitud y la persecución del trabajador continua. El mismo día que el delegado se reincorpora a su trabajo se encuentra con la apertura de un expediente disciplinario por salir 20 minutos tarde las cocheras: “Yo debía empezar mi jornada a las 15 horas y 15 minutos – explica el trabajador - y llegué como 10 minutos antes de las 15.00 para presentar un escrito en defensa de otro trabajador al que habían sancionado por romper un retrovisor. Cuando llegué a cocheras para hacerme cargo de mi vehículo me encuentro que entre la documentación que me habían proporcionado para que hiciese el servicio no figuraba mi número de conductor, un número que necesito para poder activar el sistema de cobro de los billetes. Tampoco me habían entregado una tarjeta que me permite probar la expendedora de billetes. Me dirigí a las oficinas para pedir que se me proporcionasen ambas cosas y esas gestiones son las que provocan que saliese de la cochera con 20 minutos de retraso. Es decir, no es mi falta sino las deficiencias de gestión de la empresa las responsables del retraso”. Cuatro días después el trabajador recibe una carta de la empresa en la que se le indica que a pesar de que su conducta -el retraso en la salida- es una falta leve, por producirse el día de su reincorporación tras el despido y por ser él un representante de los trabajadores, la empresa procede a abrirle un expediente y le impone una sanción de dos días sin empleo y sueldo. El trabajador denunciará esta nueva discriminación ante la Inspección de Trabajo pero muestra desolado y la persecución empieza a hacer mella: "Es la primera vez que me sancionan en 56 años trabajando y 11 en esta empresa" explica con impotencia.

El Comité de Empresa ya no se fía de Quirón

Tanto el trabajador despedido como el conjunto de la plantilla de MEG BUS S.L, sufre una grave exposición a riesgos psicosociales: actitudes autoritarias, desprecios, sobrecarga de trabajo, agresiones por parte de los usuarios cuando hacen servicios nocturnos, etc. Lo explica, Marian Rodríguez, la responsable de Salud Laboral de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO-Cataluña que está asistiendo a las reuniones del Comité para apoyar a los trabajadores: “La situación en la empresa en lo que hace a la exposición a riesgos psicosociales es muy grave, a las actitudes despóticas y la sobrecarga de trabajo hay que añadir dos episodios recientes de agresiones a dos conductores por parte de los usuarios. La empresa cubre una ruta nocturna por la zona de discotecas y los autobuses no están equipados para la protección del conductor. Justamente en el último Comité de Seguridad y Salud, Quirón Prevención debía presentar la evaluación de riesgos psicosociales que nosotros habíamos solicitado pero nos hemos negado a trabajar sus resultados y hemos recusado al Servicio de Prevención. A la vista de la sentencia no nos fiamos de Quirón prevención. Si Quirón prevención se ha prestado a manipular un informe médico ¿quién nos asegura que no ha manipulado también la evaluación de riesgos psicosociales? Si es capaz de obligar a una médica a cambiar un informe de salud, imagínate que puede hacer con una técnica de prevención en una evaluación de riesgos”, explica Marian Rodríguez.

Mónica Pérez, señala la eficacia de los servicios jurídicos de CCOO-Cataluña en este caso: “hay que felicitar a las abogadas de Comisiones y a la Federación de Servicios a la Ciudadanía que está acompañando a los trabajadores de la empresa en todo momento. Respecto a la actuación de Quirón Prevención, debemos ser implacables con la empresa y defender los derechos de sus trabajadores y trabajadoras. La mercantilización de la prevención en España y la ausencia de una participación efectiva y vinculante de las plantillas en la elección del servicio de prevención o de la mutua, son causa directa de este tipo de prácticas en sectores donde la competencia resulta feroz y el nivel de control por parte de las autoridades laborales manifiestamente mejorable”, concluye Pérez.

La batalla sindical y jurídica continúa y la situación de los trabajadores en este grupo de empresas no ha mejorado. En estos momentos lo que más preocupa a los delegados y al sindicato son las últimas agresiones sufridas por los conductores por parte de usuarios bebidos que utilizan el servicio nocturno en la comarca del El Garraf, una zona próxima a Barcelona y a Sitges donde la empresa gestiona la líneas regulares: “O la empresa pone medidas preventivas cautelares ya o tendremos que denunciar a la Inspección de Trabajo” explica Marian Rodríguez. .