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Un trabajador contra las cuerdas. Una movilización sindical frena una actuación despótica de MC Mutual

Dom, 15/01/2012 - 12:19
KEPA GONZÁLEZ
Acción sindical

 


¿Puede una mutua suspender la prestación por baja sin el acuerdo de las autoridades sanitarias? Evidentemente no, pero eso es lo que hizo MC Mutual con José María González el pasado mes de julio. El caso de José María muestra las prácticas de dominación en el seno de una empresa que acosa sistemáticamente a sus trabajadores y cómo la actuación de la mutua acaba de apretar la tuerca al trabajador acosado. Una respuesta sindical contundente ha puesto freno a los abusos; pero la pregunta es, ¿hasta cuándo?

guantes boxeoEl crecimiento económico español convivió con un 10% de desempleo. La construcción intensiva carente de I+D+i arrastró la caída de la formación juvenil atraída por el enriquecimiento fácil en las obras. La crisis cercenó la rotación empresarial y ha provocado largos desempleos, incrementando la economía sumergida, que entidades como la Fundación de Cajas de Ahorros calcula en el 24% del PIB.

El desempleo requiere políticas públicas activas de empleo más un cambio de modelo productivo. Hasta la reconversión, las “víctimas” de los PAP precisan una protección económicosocial, que les permita continuar como ciudadanos, y los “supervivientes” que ni las condiciones de trabajo ni los derechos sufran menoscabo.

CCOO propone un gran pacto por el empleo para la salida equitativa de la crisis. En prevención de riesgos laborales no se debe bajar la guardia aun con menores índices de siniestralidad. Los “supervivientes” al PAP de las empresas conviven con factores de riesgo agravados que requieren acciones preventivas específicas sobre estas variables de la organización del trabajo susceptibles de causar daños psíquicos.

La Ley 31/1995 establece al empresario como garante de la salud de los trabajadores y trabajadoras y, como los datos del estudio de ISTAS CopSoq ponen de manifiesto, los PAP suponen un empeoramiento de las condiciones de trabajo y una mayor exposición a riesgos psicosociales. Cobra importancia establecer en el plan de prevención una identificación y evaluación de riesgos psicosociales y la consiguiente acción preventiva con los trabajadores a través de sus representantes.

En España, los riesgos psicosociales están descontrolados. Según la ENGE (Encuesta Nacional de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en las empresas), realizada por el INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo) en 2009, el 58,5% de empresas no ha realizado ni la evaluación ni la planificación de riesgos psicosociales. Es muy probable que las empresas con PAP no dispongan de dicha evaluación y requieren cumplir con tal. Resaltar que el art. 16.2.a de la Ley de Protección de Riesgos Laborales señala que “la evaluación de riesgos laborales será actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo”, de manera que ante la aplicación de un PAP se debe exigir una revisión de la evaluación de riesgos y la nueva planificación preventiva.

Las Administraciones tienen la obligación de asesorar, promocionar y sancionar ante incumplimientos en prevención. Este trabajo debe incluir la evaluación y planificación de riesgos psicosociales inicial y después de cambios sustanciales en la organización del trabajo y es fundamental para la autorización de un ERE. Mención específica requiere el Plan de Acompañamiento Social, obligatorio para las empresas de más de 50 trabajadores con procesos de despidos colectivos, según la Ley 35/2010 y el RD 801/2011. El objetivo es definir las medidas adoptadas por la empresa para evitar los efectos de dichos procesos. No aparece explícito el deber de evaluar y prevenir los riesgos psicosociales, tema que sí se recoge en la LPRL. Es preciso que la representación legal de los trabajadores en la empresa y la Administración exijan que en el Plan de Acompañamiento Social, básico para la aceptación o no del ERE, se contemplen las acciones en prevención de riesgos para “víctimas” y “supervivientes”.

CCOO propone crear un programa específico de control de la Inspección de Trabajo para empresas con ERE a través del Plan de Acompañamiento Social, así como en las que tengan procesos de reducción de plantillas de un 5% o más por no renovación de contratos o despidos individuales.

* Kepa González es secretario de Salud Laboral de la Federación de Industria de CCOO de Euskadi.