Hace mucho tiempo que sospechamos que en el campo español las temporeras procedentes de la inmigración son explotadas laboralmente y en muchas ocasiones sufren acoso sexual, sin embargo, incluso para un sindicato como CCOO, con una amplia red en todo el territorio del Estado, es difícil demostrarlo. Por eso CCOO no dudo en pasar a la acción en cuanto tuvo conocimiento de que cinco mujeres marroquíes necesitaban ayuda. Su denuncia el pasado mes de septiembre ha dado pie a la operación Yawari: la Guardia Civil detuvo en septiembre a un hombre acusado de acoso sexual y ayer culminó la operación con la detención de nueve personas como presuntas autoras de cerca de una treintena de delitos contra los derechos de las trabajadoras.
En el mes de agosto, CCOO recibió varios mensajes de alarma procedentes de trabajadoras temporeras de origen magrebí que estaban en el Campo de Cartagena. Dos sindicalistas, Teresa Fuentes, secretaria general de la Federación de Servicios y Alejandra García, secretaria de la mujer de CCOO-Industria en la Región de Murcia reaccionaron con rapidez y se trasladaron con su coche a Torre Pacheco para hablar con las trabajadoras: “Lo primero que nos sorprendió es que no fuimos a sus domicilios, es decir, a las habitaciones que alquilan en casas compartidas, sino que tuvimos que hablar con ellas en nuestro coche. Luego pensamos que ese detalle ya nos daba mucha información: “estas mujeres que habían tenido el valor de pedir ayuda vivían atemorizadas entre otras muchas mujeres que están sufriendo la misma situación pero callan por miedo a perder el trabajo y quien sabe si la vida” explica Teresa Fuentes.
La situación de explotación laboral que estas trabajadoras del campo relataron en el coche a las dos sindicalistas es en sí misma un escándalo: “En el campo de Murcia una jornalera cobra por convenio alrededor de los 58 euros al día, mientras que estas mujeres trabajaban ocho horas por 13 euros. La empresa pagaba 20 euros por jornada de ocho horas a una figura que popularmente se conoce como “furgonetero”. El furgonetero es una especie de capataz que recluta a las trabajadoras y que en el caso que nos ocupa se quedaba con 7 euros en concepto de transporte. Además, este sujeto, exigía a las trabajadoras tener relaciones sexuales con él o que soportaran sus tocamientos, sus vídeos y sus comentarios soeces: “Cuando escuchamos el relato de las trabajadoras y consultamos el caso con el Gabinete Jurídico de CCOO a nivel confederal, nos dirigimos directamente a denunciar la situación al Equipo de Atención al Inmigrante de la Guardia Civil (EDATI)” señala Alejandra García.
Fuentes y García interpusieron la denuncia en nombre de CCOO y se fueron de las dependencias de la benemérita con el corazón en la garganta porque las trabajadoras se quedaban en el campo, trabajando en contacto con su agresor. La Guardia Civil empezó su investigación y recogió el testimonio de cuatro mujeres hasta dar con el agresor al que pusieron bajo vigilancia: la detención del supuesto capataz se precipitó porque estando bajo vigilancia pretendió abusar de una trabajadora.
Alejandra García, relata cómo llegan estas mujeres hasta el que sería su agresor y describe lo que es un modus operandi generalizado en el campo de Cartagena: “las mujeres llegan sin papeles, sin conocer el idioma y sin contactos. Alguien les da un teléfono para que llamen si quieren trabajar y este hombre las entrevista, las recoge con su furgoneta y las lleva a una finca. Nadie trabaja legalmente, ni el “furgonetero” ni las trabajadoras. Las empresas de trabajo temporal y las empresas agrícolas miran hacia otro lado. Cuando empiezan los abusos sexuales, las mujeres agredidas lo primero que piensan es en ocultar lo que está pasando para que no llegué la información a su familia, en sus países de origen, y encima las repudien.Sin embargo, estas mujeres, que por el aislamiento en el que viven son las víctimas perfectas, se rebelaron” concluye Alejandra García con admiración.
“Lo que nos convenció de que no era un caso aislado -explica Teresa Fuentes- fue el testimonio clarificador de una de las trabajadoras que con un dolor tremendo en su rostro dijo: esto no es un hecho puntual, aquí si eres mujer marroquí y quieres trabajar o te acuestas con alguien o no trabajas”.
Alejandra y Teresa fueron capaces de moverse rápido para que la denuncia siguiera adelante y para que las trabajadoras estuvieran a salvo: “no te puedes ni imaginar – relata Teresa- la inmensa preocupación que tuvimos cuando, una vez producida la detención, nos enteramos de que las mujeres no estaban protegidas. Afortunadamente, y a fuerza de hacer presión, se les proporcionó una casa de acogida”.
CCOO se va a personar en la causa porque se trata de un delito contra los derechos de las trabajadoras y porque es la mejor manera de seguir protegiendo a estas mujeres que, en un gesto heroico, han sido capaces de sacar a la luz una situación de explotación y de abuso que está sosteniendo la producción agraria de las grandes empresas en España. Teresa Fuentes señala que los agentes sociales, las ONGs, las administraciones públicas, la Inspección de trabajo y las fuerzas de seguridad "deberíamos coordinarnos y actuar para atajar estas situaciones sin que las mujeres tengan que exponerse tanto".
La investigación continua: más agresores en las ETT
Desde el principio, CCOO y la Guardia Civil sospecharon que el detenido debía de actuar en complicidad con alguien de las empresas de trabajo temporal. La Guardia Civil continuó su investigación y ayer detuvo a ocho personas más, nueve en total, a los que se les atribuyen una treintena de delitos contra los derechos de los trabajadores y trabajadoras. A tres de los detenidos, un “furgonetero” y dos trabajadores de ETT, se les atribuye también la presunta autoría de 25 delitos de acoso, abuso y agresión sexual.
En el curso de la operación Yawari, los investigadores averiguaron que dos individuos, relacionados con dos empresas de trabajo temporal, podían haber mantenido el mismo tipo de relación con varias de las empleadas, aprovechando su situación de vulnerabilidad para conseguirles trabajo fuera de la legalidad. Los detalles sobre la forma de actuar de estos sospechosos, permitieron constatar que coincidían en el modus operandi empleado por el primer detenido, sometiendo a las víctimas a una situación de indefensión, llegando uno de ellos a agredir sexualmente a una de ellas; y el segundo a acosar sexualmente a otra de las mujeres.Una vez obtenidos los indicios necesarios, la Guardia Civil los ha detenido en Roldán-Torre Pacheco y en San Javier como presuntos autores de sendos delitos contra los derechos de los trabajadoras, de agresión sexual y de acoso sexual.
La investigación continuó para desenmascarar la supuesta trama delictiva hasta identificar a seis capataces agrícolas que, al parecer, contactaron con estos primeros detenidos para solicitarles mano de obra barata.
Las condiciones de trabajo en el campo: el caldo de cultivo
Teresa Fuentes señala se señala que la patronal es cómplice de estas prácticas: “En la mesa de contratación en origen, a la que yo asisto en representación de CCOO, se solicitaba a principio de temporada la contratación de un contingente de personas en origen y yo pregunté por qué se quería contratar en origen si hay 7.500 personas en paro en el sector agrícola en Murcia, de los que 2.500 son personas procedentes de la inmigración. No me respondieron. La única explicación que encuentro es que la patronal sabe que las personas nada más llegar no disponen de recursos ni de contactos para negarse a las condiciones de explotación que alguien, en nombre de una empresa que no conocen, les va a ofrecer”.
José Ibarra, secretario de CCOO en la comarca de El Campo de Cartagena, donde han sucedido estos hechos, es muy claro: “el boom de la agricultura de regadío en nuestra región se sustenta en estas situaciones de explotación que vulneran los derechos de los trabajadores y trabajadoras y los derechos humanos. La cadena de subcontratación es infinita y la economía sumergida imposible de cuantificar. Tenemos 60 inspectores de trabajo para toda la región que sólo actúan en horario funcionarial. Todo lo que no cae dentro de ese horario queda fuera de radar. Algunas cifras ilustran la precariedad muy claramente: tenemos 500.000 contratos temporales al año en el sector agrario y aproximadamente 90.000 trabajadores. Lo que quiere decir que cada trabajador sale a una media de 6 contratos temporales al año. No existe el trabajo fijo y la máxima aspiración de la gente es ser fijo discontinuo. Además nos encontramos con una dificultad extrema para actuar sindicalmente porque desde los años 80 en el campo de Murcia hay 13 convenios colectivos, casi uno por cada producto. Así consiguieron desarticular la acción sindical todas las patronales agrarias de la región de Murcia (PROEXPORT, COAG, ASAJA, APOEXPA, la Asociación de Empresarios Hortofrutícolas).Las patronales utilizantodas las maniobras posibles para no firmar los convenios. Sólo hemos conseguido firmar el Convenio del Manipulado de Agrios con una subida salarial de 9% en cinco años porque se trata de una patronal más razonable. Por fortuna, en estos momentos, gracias al impulso del gobierno con la aprobación del nuevo Salario Mínimo, mientras ellos ofrecen congelación salarial para 2020, se van a ver obligados a subir un 5,6% los salarios.
"¿Y ahora qué? Ahora que sabemos lo que pasa, ¿qué podemos hacer?" se pregunta Alejandra García, secretaria de la Mujer en CCOO-Industria en Murcia y nos cuenta sus planes: "La secretaría de Igualdad de CCOO- Murcia está trabajando con nosotras en el desarrollo de un itinerario y protocolo de actuación ante los posibles casos de acoso sexual que transmita con claridad a todas estas trabajadoras que pueden acudir a CCOO. Hemos de estar ahí y hemos de llegar a estas poblaciones. Por fortuna estas mujeres llegaron hasta CCOO, pero sabemos que hay muchas más que no llegan por miedo o por desconocimiento”. Además de esta iniciativa para tener un protocolo de actuación antes estas situaciones, Fuentes, García e Ibarra tienen claro que hace falta una iniciativa política para acabar con la explotación laboral en el campo que junto con una cultura racista y machista es el caldo de cultivo de las agresiones sexuales.
Ante hechos tan graves como los sucedidos en el Campo de Cartagena, José María López, secretario de Salud Laboral de CCOO-Murcia remarca la importancia de profundizar en el análisis de las condiciones de trabajo y de los riesgos laborales con una perspectiva de género: “Estamos ante un sector en el que las condiciones laborales son lesivas para la salud de las personas que vienen a esta tierra a encontrar un futuro y que además sostienen una actividad básica como es la agricultura. Sin embargo, una perspectiva de género en el análisis de los riesgos laborales es urgente: las mujeres suman a todas en todas las exposiciones a riesgos laborales la discriminación y las agresiones que sufren por el mero hecho de ser mujeres”.
