El amianto existe en los centros educativos. Es una evidencia que nadie niega, pero pocas administraciones educativas abordan. Frente a ello, desde la Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente de la Federación de Enseñanza de CCOO (FE-CCOO) puso en marcha hace dos años una campaña para sacar a la luz todos los riesgos relacionados con sustancias químicas y cancerígenos en el ámbito educativo. El amianto no es el único químico tóxico presente en las escuelas pero es el caso más claro y evidente, a la par que el más conocido y que ha generado una mayor respuesta social.
Prácticamente todas las semanas aparecen noticias en prensa nacional, pero sobre todo en los medios locales y regionales, de centros en los que se ha detectado la presencia de amianto. En ese momento observamos cómo la comunidad educativa en su conjunto (AMPA, profesores, alumnos y sindicatos como CCOO) se moviliza para solucionar este problema y exigir a las distintas administraciones una actuación preventiva decidida, pero la respuesta es muy variada.
Por ejemplo, en el País Valencià, tras las múltiples acciones de la FECCOO PV, y en especial la repercusión de la campaña “Fibrocement? No, gràcies” se ha aprobado una ley específica al respecto que obliga a la retirada de todo el amianto detectado en los centros. Así mismo la Administración autonómica realizó un censo para conocer su ubicación y grado de deterioro, plan que se está llevando a cabo a buen ritmo en el caso de Valencia y más lentamente en Alicante. En Castellón no hay amianto instalado en los centros educativos. Otro caso muy significativo es el de Euskadi donde se detectó la presencia de amianto en las pizarras de diversos centros educativos. La lucha del sindicato consiguió un plan de retirada de las pizarras afectadas. En el extremo opuesto se encuentra la respuesta de Castilla La Mancha: tras las reiteradas denuncias de la Federación de Enseñanza de CCOO por la presencia de amianto instalado, que en algunos casos se encuentra muy deteriorado, la respuesta de la Administración autonómica ha sido poco satisfactoria e insuficiente, llegando a plantearse en algún caso que “o se deja el amianto o se cierra el centro”.
Cuando desde Comisiones Obreras denunciamos el riesgo que supone la exposición a Amianto, lo hacemos pensando en la salud y el bienestar de los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza pero también lo hacemos pensando en los niños y niñas, esos alumnos y alumnas expuestos a esas mismas sustancia y que podrían verse afectados por ellas en el futuro. Recordemos que un cáncer originado por las fibras del amianto puede tardar décadas en manifestarse y que no hay un límite seguro, puesto que una sola fibra puede ocasionar un carcinoma.
La campaña que hemos puesto en marcha persigue varios objetivos. En primer lugar concienciar a los trabajadores de la enseñanza del riesgo, y para ello hemos impartido charlas y jornadas de concienciación en distintas comunidades autónomas como Aragón, Castilla la Mancha, Valencia, Madrid, Asturias y Rioja. También hemos realizado ruedas de prensa ampliamente recogidas por los medios locales y autonómicos en las que exigíamos la realización de unos censos del amianto instalado, su situación y una campaña de desamiantado en el menor plazo de tiempo. En algunos casos también denunciamos la desidia o la mala fe de algunas consejerías de educación que anteponen su equilibrio presupuestario o campañas publicitarias de autobombo a la salud de las personas. Así mismo, realizamos un estudio para ver cuál es la exposición a químicos en general de los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza, porque no sólo hablamos de amianto, hemos detectado que se hay también trabajadores y trabajadoras expuestas a bencenos, radón, químicos de peluquería y automoción, etc.
* Encarnación Pizarro es secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de FECCOO y Rafael Páez es adjunto a la Secretaría
