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Paralizar la seguridad por razones de seguridad

Dom, 15/07/2007 - 12:19
Mª TERESA MOLINA
Acción sindical

Una serie de actos vandálicos contra el mobiliario urbano de la urbanización Averroes en Melilla, provocan que la Administración Local encomiende a los vigilantes de sus servicios generales un trabajo en dicha urbanización. Se establecen tres turnos para intentar que su presencia sirva para restablecer el orden. En ningún momento los vigilantes se niegan a hacer ese servicio, cumpliendo con las órdenes dadas por sus superiores. Pero la cosa se complica.

 

Imagen eliminada.

Una vez allí los vigilantes, que son personal laboral de la Administración pública a los que se les adjudica tareas de vigilancia, se encuentran con un grupo de jóvenes que se dedican a insultarlos y a arrojarles piedras. Los agentes realizan diferentes partes informativos de lo sucedido y el delegado de prevención de Comisiones Obreras los traslada a la Jefatura, advirtiendo que la integridad de los compañeros corre peligro ya que las piedras eran de dimensiones considerables. Los hechos son constatados por dos agentes de la autoridad, que elaboran un informe al respecto, pues son testigos y víctimas de lo que allí está sucediendo.

No se trataba, únicamente, de agresiones al mobiliario urbano, sino a trabajadores de la Ciudad Autónoma, a los que se ordena realizar un trabajo que pone en peligro su integridad física. Los vigilantes plantean a la Jefatura que allí lo que existe es un problema de seguridad ciudadana que debía ser atajado por cuerpos de Seguridad del Estado. A pesar de ello, los responsables del servicio siguen enviando únicamente una pareja de vigilantes al lugar en cuestión.

Sobre las 22:00 horas del 15 de abril, mientras efectuaban el relevo, cuatro vigilantes sufrieron una agresión con piedras por parte de un grupo de individuos con pasamontañas. En el altercado resulta herido un vigilante y se producen varios impactos en el vehículo particular de otro. El jefe del turno ordena a otra pareja de vigilantes dirigirse al lugar. Estos se niegan alegando que no permanecerían en ese lugar mientras no se les dotara, al menos, de un vehículo para poder refugiarse en caso de agresión, sin tener que exponer los suyos particulares. Dicha petición es denegada ofreciéndoles, tan sólo, la posibilidad de que una patrulla de la policía local los acercara a la urbanización y volviera a recogerlos al finalizar su turno, que tiene una duración de siete horas y media.

Ante la negativa de los trabajadores a acudir al servicio, los vigilantes de los siguientes turnos realizan un plante que afecta a un total de diez trabajadores. Los responsables de la administración de Melilla comunican a los trabajadores que se les va abrir un expediente disciplinario. Ante ello, el delegado de prevención de CCOO con el apoyo y asesoramiento del gabinete de salud laboral, prepara un escrito dirigido a la Consejería de Seguridad Ciudadana de la Ciudad Autónoma, en la que se plantea que antes de continuar con el expediente disciplinario de los diez vigilantes expedientados, se tenga en cuenta el art. 21.b de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales así como el art. 14 donde se establece el deber de protección de las Administraciones Públicas respecto al personal a sus servicio.Igualmente se realizan gestiones con la Inspección de Trabajo para informarles de lo sucedido.

Tras estas gestiones, parece que la Administración se lo piensa y transcurridos diez días, aproximadamente, archiva el expediente y decide que no habrá ninguna responsabilidad ni sanción para los trabajadores que se negaron a obedecer las órdenes recibidas. Imagen eliminada.

Mª TERESA MOLINA. Asesora del Gabinete de Salud Laboral de CCOO Melilla.