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Osakidetza deberá pagar 144.047 euros a una trabajadora del servicio público de salud

Dom, 15/01/2017 - 12:19
ALFONSO RÍOS Y OLGA ROLDÁN
Acción sindical

El Juzgado de lo Social nº 3 de Gasteiz ha condenado a Osakidetza a pagar 144.046,91 euros a una trabajadora del propio servicio público de salud a la que se le ha reconocido una incapacidad permanente absoluta por accidente de trabajo. El reconocimiento de esta incapacidad permanente absoluta ya fue hecho público por CCOO el pasado mes de septiembre, y tiene su origen en el trastorno adaptativo como reacción aguda a una situación de estrés, consecuencia de un conflicto laboral vivido por esta trabajadora en su entorno laboral. Se trata de un proceso que ilustra, a la perfección, cómo la Administración pública hace dejación de su deber de proteger la salud de sus trabajadores y trabajadoras. CCOO se ha personado en repetidas ocasiones para evitar un fracaso de esta envergadura en la política preventiva de Osakidetza porque, no lo olvidemos, en este momento hay una persona que sufre un fuerte daño en su salud mental y hemos de hacer frente con dinero público a una indemnización que se podía haber evitado.

La trabajadora afectada estuvo prestando servicios para Osakidetza como enfermera desde 1981. Tras participar en un concurso de traslados pasó a desempeñar funciones de enfermera en una unidad de atención primaria en 1991. En 1998 se presenta a la convocatoria de jefe de unidad de atención primaria por concurso y se le asignan estas funciones, un puesto funcional que desempeña con muy buenos resultados hasta septiembre de 2012, momento en el que la trabajadora solicita un traslado tras padecer un problema musculoesquelético que aconseja periodos de descanso más prolongados y limitaciones en el uso del vehículo.

La Comisión de Traslados por Motivos de Salud de la comarca a la que pertenece el centro acepta dicha demanda y propone su adecuación dentro de la propia comarca a un punto de atención continuada (PAC) próximo al domicilio de la demandante. Dicha comisión, en marzo de 2013, entendiendo que no había una plaza de las características indicadas y que el estado de salud de la demandante había empeorado, da traslado de la situación a la Comisión Corporativa de Traslados por Motivos de Salud de la organización central de Osakidezta. Dicha comisión trata la situación de la trabajadora en tres reuniones, en la última, de marzo de 2015, se presenta un informe de la directora de personal de la Osi Barrualde Galdakao sobre la situación de la trabajadora, sin que esta tuviera conocimiento de este trámite ni del contenido del mismo. En esta reunión se acuerda que se volviera a remitir el caso a la organización de servicios Osi Barrualde Galdakao, proponiendo que se la reubicara, ya fuera en un puesto de PAC o no.

Mientras tanto, la trabajadora es sometida a una situación de acoso moral sin precedentes que supone un claro riesgo para su salud mental. El 6 de febrero de 2014 tiene lugar una reunión de los miembros de la unidad de atención primaria donde ella trabaja, en la cual se efectúa una votación secreta en respuesta a la pregunta: “¿Quieres que siga la actual JUAP en sus funciones?” Siendo el resultado de un voto a favor, veinticuatro en contra, seis personas que no se pronunciaron pero votaron y una persona que no participó. Una práctica tan poco habitual solo se explica, en opinión de este sindicato, por la existencia de una facultativa que estaba interesada en ocupar ese puesto de jefatura y que anima a la propia dirección a mantener todo el proceso de acoso a la trabajadora. Un proceso ante el cual la empresa no solo permanece impasible, sino que sanciona como adecuado al tomar la decisión de cesar a la trabajadora en su cargo sin atender las recomendaciones de traslado aprobadas por las distintas comisiones.

La sentencia relaciona de forma directa el estado de salud de la trabajadora, así como los daños morales y profesionales sufridos, con la ausencia de una evaluación de riesgos psicosociales, lo que constituye un incumplimiento por parte de Osakidetza de sus deberes de protección a la salud de las personas trabajadoras. La ausencia de esta evaluación y de las medidas preventivas que de ella tendrían que derivarse fue denunciada por CCOO en numerosas ocasiones. La sentencia da también por probado que diversos aspectos que están en el origen del actual estado de salud de la trabajadora y que se manifestaban en el puesto de trabajo, “no fueron controlados por la empresa puesto que no se evalúan los riesgos psicosociales” que afectaban a esta trabajadora, “ignorándose el problema y, con ello, coadyuvando a la producción del resultado causado”, esto es, la incapacidad permanente absoluta como consecuencia del conflicto laboral vivido.

CCOO de Euskadi recuerda que no solo ha denunciado en determinadas ocasiones que Osakidetza no haya llevado a cabo la evaluación de riesgos psicosociales, sino también la pretensión de Osakidetza en determinados momentos de llevarla a cabo sin la participación de los representantes de los trabajadores. En este sentido, CCOO exige a Osakidetza que trabaje de forma efectiva, respetando el contenido de la sentencia del Tribunal Supremo, para que las condiciones de trabajo no dañen la salud de las personas trabajadoras, cosa que hasta ahora Osakidetza no ha hecho.

*Alfonso Ríos es secretario de Salud Laboral de CCOO-Euskadi y Olga Roldán es delegada de prevención de CCOO en Osakidetza.