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El Tribunal Supremo ha dejado claro que con la participación de las personas trabajadoras no valen simulacros

Vie, 15/04/2016 - 12:19
BERTA CHULVI
Acción sindical

José Manuel Murcia es asesor voluntario de Salud Laboral de la Federación de Servicios de CCOO y doctor en Derecho. Desde esta Federación se interpuso una denuncia contra Caixabank S.A., ya que la financiera se había negado a evaluar los riesgos psicosociales de sus trabajadores y trabajadoras, obviando su obligación legal de utilizar un método validado y de contar con la participación de la representación legal de los trabajadores en la elección del mismo. El pasado mes de febrero, el Tribunal Supremo le ha dado definitivamente la razón a CCOO en una sentencia que tiene gran trascendencia para la acción sindical. En esta entrevista reflexionamos con él sobre lo que supone esta sentencia y la problemática de fondo que permite explicar episodios como el sucedido en Caixabank.

Todo este conflicto empieza en 2010, en plena crisis económica y de reestructuración de las entidades financieras, ¿qué situación estaba viviendo la plantilla de Caixabank en ese momento?
La situación general en ese momento en el sector financiero era de una gran presión sobre la plantilla. En plena crisis y tras la explosión de la burbuja inmobiliaria, el personal de las entidades financieras se enfrenta a una gran problemática social, con la gente que había comprado productos financieros de dudosa rentabilidad y transparencia o viviendas que no podían pagar. La gente veía a la plantilla de su oficina como la cara del banco, como si ellos fueran los ejecutivos que habían tomado las decisiones. Además, en ese momento los trabajadores y las trabajadoras del sector empiezan a ver que están abocados a un proceso de precarización de sus condiciones laborales, que luego ha culminado en los ERE de todos conocidos y en una reducción de personal importantísima. En definitiva, se está en una situación muy delicada y las exposiciones a riesgos piscosociales de la plantilla se han multiplicado exponencialmente. Precisamente por eso, la representación legal de los trabajadores exige en el comité único de seguridad y salud laboral de la empresa que se realice una evaluación de riesgos psicosociales con un método fiable.

¿Qué es lo que hace la empresa para evaluar los riesgos psicosociales?
La empresa en realidad lo que hace es marear la perdiz para no evaluar. Hace una identificación inicial y dice que no se observa ningún problema. En realidad no es una evaluación, es un muestreo en 336 centros de trabajo a 1.115 empleados a los que se les ha aplicado una parte del cuestionario FPSICO del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Caixabank suprime 34 preguntas de las 75 que contiene ese método de evaluación. En ese momento la empresa tiene más de 31.000 empleados en toda España y 5.700 oficinas, luego a nadie se le escapa que eso no es una evaluación de riesgos. Evidentemente, ante tamaño despropósito, la representación legal de los trabajadores en el comité único de seguridad y salud laboral de la empresa argumenta una y otra vez que eso no es una evaluación de riesgos, que una evaluación de riesgos se ha de realizar a toda la plantilla y que, además, la ley obliga a la empresa en primer lugar a aplicar un método validado y solo hay dos, el CopSoq-istas21 y el FPSICO, y a contar con la participación de los trabajadores en la elección del mismo. La empresa ignora una y otra vez estas demandas y crea una comisión de seguimiento de esa supuesta evaluación, pero en ningún momento da una participación real a los trabajadores, de tal manera que los sindicatos abandonan en bloque esa comisión.

Pero Caixabank insiste en que sí ha dado participación a los trabajadores porque les ha informado…
Exacto, esa es la concepción errónea de la participación que tienen la mayoría de las empresas y que esta sentencia del Supremo viene a condenar. De hecho, la sentencia dice expresamente: “Aunque el comité único de seguridad y salud laboral haya sido informado, no participó de forma efectiva en el proceso de identificación de los riesgos, y no participó en la elección de la metodología a aplicar ni en el calendario de actuación para la evaluación de los riesgos psicosociales en los centros de trabajo. Los cuestionarios de evaluación elaborados unilateralmente por la empresa, obviando a la representación legal de los trabajadores, se realizan a los trabajadores en sus centros de trabajo y en presencia de técnicos del servicio mancomunado de prevención del Grupo La Caixa, lo que vulnera la confidencialidad”. En definitiva, lo que la sentencia del Supremo viene a decir, ratificando lo que ya había dicho la Audiencia Nacional, es que en la participación de los trabajadores no valen simulacros. Es un golpe fuerte a esa idea, por cierto mayoritaria entre las empresas españolas, según la cual los trabajadores están ahí para ver, oír y callar. El Supremo, aplicando criterios europeístas, define cómo debe de ser la participación de los representantes de los trabajadores en salud laboral en las empresas, recogiendo los criterios de “participación equilibrada” del artículo 11 de la Directiva 89/391/CEE, que fue transpuesta a derecho interno con la actual Ley de Prevención de Riesgos Laborales, pero que sigue siendo de invocación directa ante los tribunales españoles según reiterada jurisprudencia europea. El desarrollo de la protección de la salud laboral mediante la negociación colectiva y sus limitaciones y condiciones han sido debidamente reflejados en el artículo 2.2 de la ley española. Como señala el artículo 2.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, por negociación colectiva se podrá mejorar la ley. Y al mismo tiempo define que el derecho a estar protegido en el trabajo es un derecho mínimo e irrenunciable. Es decir, lo que no se puede hacer, y eso es lo que hizo Caixabank, es inventarse un método para evaluar los riesgos psicosociales que beneficie a la empresa, ahorrándole dinero, y que perjudique la salud de los trabajadores.

Lo que es muy llamativo es que antes de llegar a los tribunales, CCOO denuncia el caso ante las Inspecciones de Trabajo de diferentes comunidades autónomas, y las distintas Inspecciones dan la razón al sindicato, ¿cómo puede ser que Caixabank se empeñe en su postura?
Efectivamente, esto llega hasta la Inspección de Trabajo y Seguridad Social del Ministerio de Empleo y les dicen: “lo estáis haciendo mal”, pero Caixabank sigue. También el INSHT dice que están aplicando mal su método y, sin embargo, Caixabank sigue. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque no evaluando los riesgos psicosociales, Caixabank gana dinero. Pleitear les cuesta menos, aunque pierdan, que prevenir de verdad los riesgos psicosociales a los que estaba expuesta la plantilla, que eran muchos. Te diré más, y esto no lo menciona la sentencia del Supremo, pero sí lo recogió la de la Audiencia Nacional. Cuando empieza todo este proceso, el laboratorio COMFIA, dirigido por una psicóloga, aplicó el método del Ministerio, el FPSICO, a una parte de la plantilla a modo indiciario y salieron unos valores tan elevados de exposición a riesgos psicosociales que ya no tuvimos que seguir. Nuestro trabajo sindical es poner en evidencia que hay riesgos, porque ni una sola de las personas tiene por qué estar expuesta a riesgos psicosociales en niveles nocivos para la salud. Al no evaluar los riesgos psicosociales, las empresas se ahorran poner en marcha medidas preventivas y las mutuas salen beneficiadas, pues todas las patologías psicosociales se derivan al sistema público de salud. Por eso, las grandes empresas no hacen caso ni a la Inspección, ni al INSHT, ni a nadie; porque no actuando correctamente ganan más dinero que cumpliendo la ley, aunque finalmente se les declare culpables. Nuestra preocupación en CCOO es que con esa dinámica no se protege la salud de los trabajadores y las trabajadoras, ni aún en los casos de personas especialmente sensibles como es el caso de las mujeres embarazadas.

¿Y qué se podría hacer para evitar este tipo de situaciones?
Hay que hacer muchas cosas, entre otras, dotar de mejores medios a la justicia social, a la Inspección de Trabajo y al INSHT. Para empezar, por ejemplo, la Inspección de Trabajo debería de ser capaz de, además de sancionar a las empresas, fijar indemnizaciones a los trabajadores y las trabajadoras por daños y perjuicios para que a las empresas no les salga a cuenta incumplir la ley. Una cosa está clara: mientras en España salga más barato incumplir que cumplir, las empresas no van a cambiar su actitud.