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Delegados de prevención, una actividad con riesgo de represión

Dom, 15/01/2017 - 12:19
ÓSCAR BAYONA
Acción sindical


CCOO impulsa desde 2013 la campaña "huelganoesdelito" para proteger el derecho de huelga y apoyar a centenares de sindicalistas encausados por participar en piquetes informativos legales. Lamentablemente, en los últimos tiempos se abre un nuevo frente de represión sindical, el de delegadas y delegados sancionados o despedidos por defender el derecho a la salud.

Los cambios en la legislación laboral operados en los últimos años han ido acotando de manera drástica la capacidad de negociación colectiva y de intervención de los sindicatos en la empresa, pero si existe un ámbito donde este proceso se ha vivido con mucha menor intensidad es el de la prevención de riesgos laborales. La salud laboral se ha convertido para la representación de los trabajadores en uno de los caballos de batalla clave en la disputa por la mejora de las condiciones de trabajo y, cada día más, en uno de los focos de conflictividad laboral en el seno de las empresas.

Sin embargo, acompañando a este proceso estamos viviendo una escalada en la represión hacia los sindicalistas encargados de defender el derecho a la seguridad y salud, en especial hacia las delegadas y delegados de prevención. Y lo que hasta ahora se limitaba a presiones de la dirección de las empresas o a falta de imparcialidad de los servicios de prevención, en los últimos meses se está concretando en forma de sanciones, de despidos disciplinarios o de intentos de recusación. Ahí van algunos ejemplos.

Damián García es buzo profesional y delegado de CCOO en la empresa Underwater Contractors Spain S.L. (UCS), que presta sus servicios en la monoboya en la que se amarran y descargan el crudo los petroleros que suministran a la refinería CEPSA-La Rábida en Huelva. Se trata de un trabajo complejo y peligroso que aúna los riesgos propios del buceo con los del trabajo en la mar e, incluso, con la exposición a sustancias químicas, algunas de ellas cancerígenas. La actividad del sindicato en materia de seguridad y salud ha sido intensa y no exenta de tensiones con la dirección, incluida la convocatoria de una huelga indefinida, pero el cénit se alcanzó el pasado verano cuando Damián exigió que la limpieza y descontaminación de la ropa de trabajo, a menudo contaminada con sustancias cancerígenas, se asumiera por la empresa y no se llevara a los domicilios de los trabajadores como venía sucediendo.

La situación terminó derivando en una denuncia ante Inspección de Trabajo, que dictó un requerimiento dando la razón a CCOO, exigiendo el cumplimiento de todas las medidas higiénicas previstas en el real decreto de agentes cancerígenos y fijando un plazo de 20 días para su puesta en marcha. Al superar dicho plazo sin subsanación, CCOO Huelva convocó una rueda de prensa para denunciar el retraso en la adopción de medidas preventivas en la que intervino Damián García. A juicio de la empresa, su participación en la rueda de prensa deterioraba la imagen pública de UCS y justificaba la apertura de un expediente que finalmente se le comunicó a primeros de octubre. Inmediatamente, los servicios jurídicos de CCOO reaccionaron interponiendo una demanda de nulidad del despido y apoyándose en la demanda por vulneración de la libertad sindical que ya se había interpuesto a finales del mes de julio, pero el 14 de octubre UCS comunica al delegado su despido por motivos disciplinarios.

El caso de Damián se encuentra a la espera de resolución en los tribunales, pero mientras tanto se está desplegando una batería de movilizaciones (concentraciones frente a la refinería de CEPSA-La Rábida o la patronal de la industria química onubense), contactos con grupos políticos e instituciones y una campaña en redes sociales para exigir la readmisión y el cese de la persecución sindical en UCS.

Otro caso es el de A.V., una mujer que lleva trabajando desde 1988 en una empresa de servicios de transporte de mercancías de Madrid y es delegada de prevención de CCOO desde hace 12 años. La lucha para mejorar las condiciones de trabajo tampoco ha sido fácil y en muchas ocasiones ha tenido que articularse a golpe de denuncia en la Inspección de Trabajo. Entre otras cuestiones, pero de especial calado, ha sido la acción sindical para lograr que se realizara la preceptiva evaluación de riesgos psicosociales. Lo que en condiciones normales se debería haber logrado mediante una negociación en el comité de seguridad y salud, se ha tenido que ir peleando departamento por departamento.

En 2015, la delegada de prevención de CCOO presentó una denuncia en Inspección de Trabajo para que se realizara la evaluación en el departamento de atención al cliente, una dependencia de la empresa encargada de la atención telefónica con una alta intensidad en los ritmos y requerimientos de trabajo y, además, afectada por una reducción de plantilla. Inspección requirió a la empresa la realización de la evaluación, pidiendo la representante de CCOO que se realizara en diciembre, periodo de mayor acumulación de trabajo en dicho departamento. Sin embargo, la dirección fue retrasando la fecha de la evaluación a temporadas con menor carga de trabajo, primero a febrero y definitivamente a abril. El conflicto se avivó al no poder consensuarse en el comité de seguridad y salud ni el método de evaluación ni el modo de participación de los delegados ni las medidas preventivas a adoptar por los negativos resultados de la evaluación, extremos impuestos por la dirección con la inestimable colaboración del servicio de prevención.

Pero lo que terminó por desencadenar las represalias fue la negativa de la técnica del servicio de prevención a abordar determinadas condiciones ergonómicas del puesto de trabajo de la propia delegada, lo cual desencadenó un enfrentamiento verbal entre ambas que sirvió a la empresa para abrir un expediente por falta muy grave a A.V. por ofensas verbales. Tres días después A.V. sufre un accidente de trabajo que la mantiene en situación de incapacidad temporal, a pesar de lo cual recibe un burofax en el que se le comunica una sanción de 7 días de empleo y sueldo por falta grave, recurrida por el sindicato y que todavía está pendiente de resolución.

En otras ocasiones, las acciones de las empresas terminan teniendo consecuencias para la salud del propio delegado. Es el caso de Txaro Santofimia, exdelegada de prevención desde febrero de 2011 en la empresa Juguetes y Puericultura SEYMA S.L., franquiciada de la cadena Juguettos en diversas localidades de Euskadi. La actividad desplegada por CCOO para mejorar las condiciones más básicas de seguridad en una de sus tiendas de Portugalete se convirtió desde el primer momento en el caballo de batalla y la zona de fricción con la dirección de la empresa y los mandos intermedios, que desataron en contra de la delegada una campaña de desprestigio entre el conjunto de la plantilla, cuestionando la utilización de horas sindicales y que incluyó un intento de recusación en la asamblea que finalmente no prosperó.

Sin embargo, el mal ambiente laboral, la mala relación provocada con gran parte de la plantilla y las presiones a las que se vio sometida terminaron por desembocar en una incapacidad temporal de Txaro en diciembre de 2014 debida a un cuadro de ansiedad. Dos meses después, el INSS la cita a sus oficinas para hacer un seguimiento de su baja y cuando le informa que va a proponer el alta, Txaro sufre una crisis de ansiedad que precisa atención médica, razón por la que el INSS rectifica de su propósito inicial.

En ese momento Txaro entra en contacto con el Gabinete de Salud Laboral de CCOO Euskadi, que presenta una denuncia en Inspección de Trabajo por una actitud de la empresa susceptible de ser considerada acoso. Inspección de Trabajo, que no admitió presentar testimonios de testigos favorables a Txaro, a diferencia de lo que pudo hacer la representación de la empresa, no reconoce la situación de acoso. La trabajadora, ya sin atribuciones de delegada, se reincorpora a su nuevo puesto en junio de 2016 y unos días después sufre un accidente de trabajo, que motiva una nueva denuncia de CCOO por falta de adecuación del puesto de trabajo a sus condiciones de salud. Inspección recomienda el traslado de la trabajadora a otro centro, hecho efectivo recientemente y en el que la situación de desprestigio se mantiene.