El 28 de abril es la fecha que eligió el movimiento sindical para recordar a las trabajadoras y trabajadores que perdieron la salud y la vida en accidentes de trabajo o por enfermedades de origen laboral resultado de las precarias condiciones de trabajo. Como cada año, UGT y CCOO hemos elaborado un manifiesto que en esta ocasión pone el énfasis en la necesidad de integrar plenamente la salud laboral en la salud pública y que la salud y seguridad se reconozca como un derecho fundamental, principal reivindicación de la Confederación Sindical Internacional este año. Y así se va a plantear en la próxima asamblea de la OIT.
Algo que puede parecer una obviedad en países desarrollados y con una legislación laboral avanzada se convierte en una demanda básica a escala global. Y los datos que ofrece la CSI no dejan lugar a dudas: cada día mueren 7.600 personas trabajadoras por accidentes y enfermedades laborales, cada semana 5.000 personas fallecen por enfermedades pulmonares o cáncer por exposición al amianto, cada año en el sur de Asia pierden la vida por derrumbes de edificios unos 4.500 trabajadores, cada minuto 730 personas resultan envenenadas por pesticidas y la COVID-19 se cobra la vida de una trabajadora o trabajador sanitario cade 30 minutos.
Pero si este año buscamos un ejemplo que muestre el desinterés por la vida de las personas trabajadoras lo encontraremos en las intolerables condiciones laborales en las obras de las instalaciones para la Copa del Mundo de Fútbol de 2022 en Catar, en las que según el diario británico The Guardian ya han fallecido al menos 6.500 trabajadores y trabajadoras. Una masacre que transcurre entre la condescendencia de los Gobiernos del resto de países y sin que se alcen voces que cuestionen la celebración de un acontecimiento deportivo de escala planetaria en semejante contexto.
Afortunadamente, en España los niveles de desprotección no llegan a semejantes extremos, sin embargo, en 2020 la pandemia de la COVID-19 ha puesto de manifiesto de manera dramática la contradicción entre la salud y la vida y las presiones para mantener la actividad económica mucho más allá de lo que aconsejaban los expertos en salud pública. Como CCOO y UGT hemos recogido en nuestro manifiesto “han sido las plantillas de los sectores esenciales quienes han sufrido los estragos del virus de manera más directa y en muchas ocasiones sin el debido reconocimiento por parte de las autoridades”. Recientemente se ha asimilado la COVID-19 a enfermedad profesional en el caso de las y los trabajadores sanitarios y sociosanitarios, en lugar de un accidente laboral, como se venía haciendo hasta el momento. Para UGT y CCOO esta medida es insuficiente, y exigimos que la COVID-19 se incluya en el listado español de enfermedades profesionales, extendiendo esta cobertura a un mayor número de profesiones expuestas al riesgo y sin limitación temporal.
Los dos sindicatos hemos querido también señalar en el manifiesto del 28 de abril que “2021 debe ser también el que marque el inicio del fin del problema del cáncer de origen laboral. La falta de reconocimiento de los cánceres de origen laboral está privando a las personas afectadas de las prestaciones derivadas de la contingencia profesional”. CCOO y UGT seguiremos presionando para que las modificaciones de la Directiva Europea sobre protección frente a la exposición a cancerígenos y mutágenos sean traspuestas en tiempo y garantizando la máxima protección de la salud de las personas trabajadoras.
La precariedad en las condiciones de trabajo que está detrás de los accidentes y las enfermedades laborales sólo se pueden enfrentar con políticas decididas en defensa de la salud y de la vida, de ahí que el manifiesto de UGT y CCOO plantea que 2021 debe ser también “el año de la derogación de la reforma laboral, porque la precariedad mata”. La precariedad laboral, la determinación unilateral de las condiciones de trabajo por parte de los empresarios y la mercantilización de la prevención hacen que la lacra de la mortalidad en el trabajo siga presente.
UGT y CCOO reclamamos la plena integración de la salud laboral en la salud pública, con mayor convencimiento desde la experiencia de la pandemia, lo que exige una mayor coordinación entre los departamentos de sanidad y de trabajo tanto en la Administración General del Estado, como en las CCAA. E insistimos en la necesidad de dotar de mayores recursos tanto a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social como al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y los institutos regionales.
Como reza nuestro manifiesto “el trabajo debe ser decente, digno y de calidad, libre de riesgo. Nadie debería tener que elegir entre trabajo y salud”. Cada 28 de abril, CCOO renovamos nuestro compromiso con la salud laboral y para acabar con la precariedad, la desigualdad y las injustas condiciones de trabajo que causan los accidentes y las enfermedades de origen laboral. Un compromiso para que ninguna persona tenga que verse obligada a elegir entre el trabajo y su vida y para que la salud y la seguridad en el trabajo sean un derecho fundamental e irrenunciable que no se quede en los textos legales.
