Dossier: Riesgos laborales globalizados
VICTORINA GARCÍA BELEZ. Fundació Pau i
Solidaritat
PERE CREUS MARTÍNEZ. Gabinet de Salut Laboral CC.OO. de Catalunya
El respeto y aplicación efectiva de los compromisos internacionales que asumen los Estados en el área de los derechos humanos, económicos, sociales y culturales es actualmente objeto de una creciente preocupación por parte de importantes sectores de la sociedad civil, incluidos los sindicatos. Esto se debe al efecto corrosivo que la transnacionalización del capital genera sobre los derechos de los trabajadores en los países del sur en los que se instalan, fenómeno que ahonda las desigualdades sociales e impide la vigencia efectiva de los derechos humanos en el campo laboral.
Compartiendo este sentimiento, durante 2001 y 2002, organizaciones no
gubernamentales y sindicales peruanas y catalanas se propusieron conocer el
grado en que empresas españolas instaladas en Perú cumplían con los estándares
internacionalmente aceptados en los ámbitos de las relaciones laborales,
sindicales y de salud laboral. También pretendíamos promover mecanismos de
coordinación entre los sindicalistas de dichas empresas.
Las organizaciones implicadas fueron, por parte del Perú, el Centro de Asesoría Laboral (CEDAL), la Asociación Frente al Asbesto (AFA) y las organizaciones sindicales CGTP y CUT, y por parte española, la Fundació Pau i Solidaritat y CC.OO. de Catalunya. Las empresas escogidas fueron BBVA, Repsol-IPF, Endesa y Telefónica.
Derechos humanos en el ámbito sindical y de salud laboral
En una primera fase se elaboró una Guía de Indicadores para la Vigilancia Social de los Derechos Humanos en el ámbito Sindical y de la Salud Laboral, como base para analizar la situación en el seno de las transnacionales españolas, tanto en las empresas matrices como en las filiales que operaban en el Perú. Dicha guía contemplaba los principios de la OIT relacionadas con la vigencia de los derechos humanos laborales y con las prácticas corporativas responsables.
La Guía de Indicadores fue presentada a las empresas multinacionales y a sus organizaciones sindicales como parte de un proyecto más amplio para estudiar el comportamiento corporativo respecto al cumplimiento de estándares normativos internacionales y del país de origen, en particular en materia de empleo, formación laboral, condiciones de trabajo, relaciones de trabajo, libertad sindical, no discriminación e igualdad de trato y oportunidades.
Para su aplicación se optó por entregar a las gerencias de relaciones laborales de las empresas y a los dirigentes sindicales un conjunto de preguntas sobre la incidencia de los cambios tecnológicos y de las inversiones en los niveles de empleo, en los programas de capacitación y formación laboral, en las condiciones de salud y seguridad en el trabajo, así como en el terreno de la libertad sindical. De entre las empresas, solamente Repsol-YPF contestó al cuestionario.
Contando, pues, básicamente con la información remitida por los sindicatos de las diferentes empresas, se realizaron varias reuniones y encuentros de sindicalistas de ambos países. Aprovechando estos encuentros, además de establecer vínculos sindicales, se promovieron reuniones con las direcciones empresariales españolas y peruanas, con el objeto de establecer mecanismos de participación y negociación y de promover buenas prácticas en la defensa de la salud de los trabajadores, estandarizando esas buenas prácticas en todas las sedes mundiales de dichas empresas.
Las visitas y reuniones, sirvieron también para mostrar la preocupación de los sindicatos españoles por la situación de los derechos laborales y las condiciones de trabajo en Perú. Una preocupación manifestada en una entrevista de la delegación sindical española con el Ministro de Trabajo en Lima, y denunciada ante la opinión pública a través de entrevistas y ruedas de prensa que tuvieron un fuerte impacto mediático, hasta el punto de suscitar la preocupación de la propia embajada española.
Una situación vergonzante para España
Se nos llegó a acusar de estar perjudicando la imagen de España, sin tener en cuenta que el verdadero perjuicio para la imagen de nuestro país lo generan las empresas que, violando todo tipo de derechos laborales básicos, se aprovechan de la debilidad (cuando no complicidad y corrupción) de los estados en los que se instalan para obtener el máximo de beneficios sin reparar en los medios que utilizan.
A grandes rasgos el informe elaborado tras la visita a Perú y todas las reuniones realizadas llegó a conclusiones demoledoras. En materia de salud de los trabajadores y vigilancia de medio ambiente laboral, tanto Telefónica como el BBVA, Endesa y Repsol para nada se acercan a los estándares que aplican en sus empresas instaladas en España. Las filiales de Perú no respetan la participación de los trabajadores, no cuentan con comités paritarios ni con delegados de prevención. Los servicios de prevención, cuando sobre el papel los tienen (caso de Telefónica), no realizan actividades similares a las que hacen en España y en materia de formación e información no hay prácticamente ninguna actividad, y menos, pactada con los sindicatos. Repsol es el único caso en que existe un programa de vigilancia de la salud a través de una empresa externa, Compañía Nova Salud, aunque no existe ningún mecanismo de participación de los trabajadores ni de sus representantes. No hay forma por tanto de poder hacer propuestas o seguimiento de las acciones preventivas.
El informe de vigilancia social también revela que, aunque existen sindicatos organizados a nivel de empresa en ambos países, la acción sindical suele encontrar todo tipo de trabas en las empresas filiales mientras que sus matrices correspondientes suelen respetar el ejercicio de estos derechos. El sindicato peruano de Repsol era el que menos impedimentos encontraba para actuar. Sin embargo, Telefónica favorece la sindicalización en España mientras que dificulta la acción del sindicato peruano. Idéntica situación se produce en el caso del BBVA -Banco Continental, donde además los trabajadores sindicalizados ven reducido su sueldo. Por su parte, tanto Endesa como Edelnor (su filial en Perú) dificultan todo lo que pueden el desarrollo de las funciones sindicales con medidas como no aplicar los beneficios del convenio colectivo a los nuevos afiliados, otorgando a los no sindicalizados un mayor aumento en las remuneraciones.
Es decir, aplicando políticas de doble rasero, las empresas españolas aprovechan al máximo la debilidad de lo que aquí conocemos por Estado, las leyes hechas a la medida de las empresas, la debilidad de unos sindicatos históricamente perseguidos y hasta exterminados, así como la connivencia -cuando no abierta corrupción- de los escasos mecanismos de control y vigilancia existentes.
Sólo tomando conciencia de que los derechos se defienden en el ámbito
internacional y que cada vez más la acción sindical debe tener una dimensión
global, es como cambiaremos las dinámicas actuales y favoreceremos la
globalización de los derechos democráticos de los trabajadores y la defensa de
unas condiciones de trabajo dignas para todos, también para nosotros.
