Gobierno de españa - ministerio de trabajo migraciones y seguridad socail

Trasladar la salud laboral de las páginas de sucesos a las de política

Mar, 15/10/2002 - 12:20
FERNANDO RODRIGO

Trasladar la salud laboral de la páginas de sucesos a las de política. Entrevista con el Conseller de Treball del Govern de les Illes Balears

FERNANDO RODRIGO

Eberhard Grosske es el Consejero de Trabajo y Formación del Govern de les Illes Balears. Grosske, hasta hace unos meses coordinador general de Esquerra Unida en Baleares, es uno de los dos consejeros que tiene esta formación política dentro del que se ha denominado el Govern del Pacte de Progrés y del que forman parte el PSOE, EU, PSM y UM.

El descenso de la siniestralidad laboral en Baleares durante el primer semestre del año 2002 podría calificarse de espectacular, ¿se atrevería a decir que se trata de un verdadero cambio de tendencia?

Sí. Lo cierto es que la evolución de la siniestralidad laboral desde los últimos meses de 2001 invita al optimismo, aunque siempre con la necesaria cautela que requieren estos temas. Ya el año 2001 se cerró con un ligero descenso (alrededor de un 2.5%) y la evolución, en lo que va de año, confirma el cambio de tendencia. En los siete primeros meses de 2002 la siniestralidad laboral en Baleares se ha reducido un 12,34%. No obstante hay que seguir trabajando y dejarse de triunfalismos ya que la realidad que tenemos aún sigue siendo negativa.

¿Qué se ha hecho exactamente desde el Govern para conseguir estos éxitos?

Desde un principio la siniestralidad laboral ha sido nuestro caballo de batalla y una acción prioritaria en nuestras políticas. Hemos apostado por mejorar las condiciones de trabajo y la salud laboral, por inyectar más recursos. El presupuesto de este año en materia de salud laboral asciende a 3.005.060 euros cuando en 1999 fue de sólo 114.192 euros. Pero no sólo hemos aumentado el dinero. Hemos querido estudiar seriamente la situación en el Libro Blanco de la Salud Laboral en Baleares y hemos elaborado un Plan Estratégico con la participación de los agentes sociales y de las entidades técnicas. Somos la primera Comunidad Autónoma con un Plan de estas características que busca la implicación y movilización de todos los recursos existentes.

Pero mientras llegaba este Plan Estratégico, no nos hemos quedado quietos. Hemos puesto en marcha planes de choque con medidas concretas, algunas realmente pioneras, que nos han permitido romper la tendencia de continuo crecimiento de la siniestralidad laboral. Baleares hasta 2000 pasaba por ser la peor comunidad autónoma del Estado en esta materia. Hemos mediatizado el problema de la salud laboral sacándolo de las páginas de sucesos y comprometiéndonos políticamente en su solución, conscientes del riesgo político que ello entraña en caso de fracasar.

¿Cuáles son esas medidas que se han puesto en marcha?

Una de las líneas prioritarias ha sido intensificar la actuación administrativa, aumentando la plantilla de técnicos y su disponibilidad horaria. El acuerdo de coordinación con la Inspección de Trabajo ha permitido una mayor presencia en la calle de los inspectores, más actuaciones y más expedientes. Hemos impulsado instrumentos orgánicos y políticos como la creación del Instituto de Salud Laboral y el recién aprobado Plan Estratégico de Salud Laboral.

Además de establecer unos cauces de colaboración y comunicación con la Fiscalía en todos los casos de accidente muy grave y mortal y de peligro grave e inminente, nos hemos personado en la parte penal de los procedimientos judiciales.

Otra iniciativa ha sido la del acuerdo con el 112, un teléfono donde cualquier ciudadano puede advertir de una situación de riesgo laboral o denunciar un accidente durante las 24 horas del día.

Me gustaría destacar el Plan Específico de Actuación sobre las empresas de mayor siniestralidad. Las actuaciones en las empresas se han iniciado con convocatoria personalizada de sesión informativa en la sede de la Consejería a los empresarios, a las mutuas y a los servicios de prevención respectivos, con la colaboración de la Inspección de Trabajo. El Govern Balear aprobó una recomendación para que la administración autonómica no realice contratos menores con las empresas que no tengan modalidad preventiva establecida ni con las que en los dos años anteriores tengan una tasa de siniestralidad un 50% superior a la media del sector.

¿Qué acogida han tenido las propuestas políticas por parte de los agentes sociales?

Los sindicatos llevaban tiempo reclamando a la Administración medidas de actuación contra la siniestralidad laboral y, en este contexto, se las hemos puesto encima de la mesa y las hemos pactado con ellos. Por otro lado, es de agradecer el comportamiento de la patronal al colaborar con unas medidas que no compartía. Se han dado ayudas para la consolidación de los gabinetes técnicos de salud laboral de las organizaciones empresariales y sindicales. El fomento de la salud laboral en la negociación colectiva, el apoyo a la extensión territorial y sectorial de los delegados de prevención son otras de las actuaciones pioneras que estamos llevando a cabo.

Para que todo esto no sea flor de un día, hace falta continuar y consolidar lo que se ha comenzado. ¿Qué previsiones existen en el medio plazo?

Las acciones llevadas a cabo continúan y se implementarán con nuevas medidas que de una vez por todas den a la salud laboral la importancia que merece. Ahora tenemos una base con la que trabajar: el Plan Estratégico de Salud Laboral que, fruto de un exhaustivo estudio sobre los problemas de la salud laboral en las Islas Baleares, dibuja el camino a seguir. Un plan estratégico con un presupuesto para el periodo 2002-2005 de 33.243.912 euros; con más de veinte objetivos y una treintena de acciones concretas, que se suman a las que ya se vienen haciendo. Además, existe un plan especial para dos sectores básicos en Baleares como la hostelería y la construcción.

¿Cree que lo que se ha hecho en Baleares es exportable a otros territorios del Estado?

Por supuesto. Creo que hemos abierto un camino y una línea de actuación y de compromiso político contra la siniestralidad laboral totalmente exportable. Poco a poco hemos conseguido que se hable de la salud laboral en el ámbito que le corresponde: el social y el político. Cada Administración debe comprometerse desde sus competencias y responsabilidades a actuar para evitar la carga de sufrimiento humano y coste social que la falta de prevención en el trabajo provoca actualmente en nuestro país.

¿Qué echa de menos en las políticas del Gobierno central en esta materia?

Son necesarias nuevas políticas a nivel de Estado. No hay que olvidar que es el Gobierno central el que tiene la mayoría de las competencias normativas en salud laboral. Podría legislar, por ejemplo, en materias como limitar la contratación para empresas sancionadas por infracciones graves, concretar normativamente la responsabilidad de la coordinación empresarial, limitar la subcontratación, establecer requisitos formativos en prevención para darse de alta como empresario de la construcción, redefinir la figura del coordinador de obra como un agente independiente del promotor y con requisitos mínimos de formación específica, ampliar las competencias de los técnicos de prevención en salud laboral de las administraciones autonómicas...

Además, se echa en falta una actuación más incisiva y eficaz en muchos temas, tales como: la publicación periódica del listado de empresas de mayor siniestralidad, el control de las actividades preventivas de las mutuas, establecimiento de sistemas de bonus-malus o definir contenidos mínimos en formación para empresarios y trabajadores, concretando la formación mínima en prevención de riesgos para el puesto de trabajo por categoría de actividad y ocupación.

En nuestra opinión las cosas que quedan por hacer son muchas y variadas. La colaboración interinstitucional es imprescindible y el aumento de los recursos con los que cuenta la Inspección de Trabajo es una condición necesaria para hacer creíble cualquier política de control y vigilancia sobre el cumplimiento de la normativa.