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El ttip: un grave peligro para la salud laboral

Mié, 15/07/2015 - 12:20
SARA PÉREZ Y VICENTE LÓPEZ
Opinión

El 6 de mayo de 2014, el Congreso de los Diputados rechazaba, con los votos del PP, PSOE, UPyD, CiU y PNV, la propuesta de IU de someter a referéndum el Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, conocido por sus siglas en inglés como TTIP. Rechazada esta propuesta, todo se dirime en el ámbito europeo y la movilización social es la única herramienta democrática disponible. Una tarea extremadamente complicada para la ciudadanía porque las negociaciones de este tratado han sido declaradas "alto secreto".

No existen documentos oficiales, y ni siquiera los europarlamentarios conocen los pormenores de estas negociaciones que no son tan secretas para otros sectores de la población: responsables de las grandes corporaciones empresariales a ambos lados del Atlántico sí han participado en las negociaciones previas. Ni que decir tiene que los sindicatos europeos no han recibido el mismo trato. Todo un ejemplo de cómo la democracia pasa a un segundo plano cuando están en juego los intereses económicos de ciertos grupos empresariales.

Cabría señalar que el término “libre” no deja de ser un eufemismo cuando se habla de comercio internacional: las 500 empresas transnacionales más grandes controlan al menos el 70% del comercio internacional, y el 80% de las inversiones extranjeras. Se habla de “libre comercio” para poner el acento en la minimización, cuando no desaparición, de las barreras comerciales de cada una de estas áreas al tráfico de productos y servicios.

En nuestro caso, las barreras de tipo arancelario no son muy significativas cuantitativamente. Las negociaciones se centran esencialmente en otros dos tipos de barreras: se trata básicamente de “nivelar normativas” para que el acceso a estos dos mercados sea homogéneo. Pero nivelar, ¿hacia qué posición? Shaun Donelly, un lobbista que representa los intereses de grandes corporaciones estadounidenses, señalaba que se debía “acabar con el principio de precaución”. Markus Beyner, de uno de los lobbys industriales europeos más importantes, Business Europe, señalaba qué “diferencias regulatorias deben ser eliminadas…, no solo las ya existentes. Debemos evitar las nuevas que puedan surgir”. Al frente de estas demandas se encuentra la industria química, la agroalimentaria, farmacéutica, o incluso la industrial cultural o el acceso a la gestión privada de los servicios públicos básicos. Buscan el acceso en la UE a productos químicos aquí penalizados, o a alimentos hormonados, uso de pesticidas, etc. Por lo tanto, no solo estaremos más expuestos como consumidores a productos que tengan un impacto negativo en nuestra salud pública, sino que también estaremos, como trabajadores y trabajadoras, expuestos a procesos productivos con mayores niveles de exposición a ciertos riesgos por la inclusión en nuestros procesos productivos de sustancias químicas peligrosas.

Otro de los aspectos básicos de este tratado es el relacionado con lo que hemos denominado “seguridad jurídica”, y que también es un eufemismo de una pérdida de poder de los Estados democráticos frente a las grandes corporaciones económicas. Hablamos del llamado Acuerdo de Protección al Inversor (ISDS), que supone un sistema de arbitraje supranacional, fuera evidentemente de las instituciones democráticas de cada Estado, al que pueden recurrir las empresas transnacionales que vean sus intereses peligrar por decisiones tomadas por los gobiernos. Estas cláusulas las están padeciendo numerosos gobiernos firmantes de tratados de libre comercio, por ejemplo el gobierno de Québec que se enfrenta a la demanda de Lone Star por el tema fracking o el caso de demanda de Phillip Morris al gobierno australiano por el etiquetado de las cajetillas de tabaco. Con este tipo de cláusulas, los gobiernos legítimos y democráticos ven claramente limitadas sus posibilidades de gobierno, de regulación de la vida social y económica, por el simple interés económico de una empresa privada.

Las regulaciones para mejorar la salud de los trabajadores y las trabajadoras, y evitar los riesgos que tienen su origen en el trabajo, también están en peligro en este juego. ¿Quién puede asegurar hoy que una norma que afecta a la salud no pueda ser objeto de eliminación o de una denuncia por parte de una multinacional por el simple hecho de dañar sus intereses? Como a lo largo de la historia del movimiento obrero, solo podremos luchar contra esta imposición mediante la movilización. Nuestro Estado de derecho está claramente en peligro.